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Adicciones: tratamiento o castigo

Por Christopher Pastrana


No en pocas ocasiones las personas que tienen el hábito de consumir drogas son indebidamente, anticipada y posteriormente criminalizadas, no sólo por autoridades sino por la sociedad, cuando de origen se trata de un problema de salud y no de Derecho Penal. Cierto es que bajo el influjo de las drogas las personas presentan efectos que pueden redundar en la comisión de delitos (lesiones, violencia familiar, allanamiento, robo, daño a la propiedad y hasta homicidio) pero ni por ello su etiología es penal, al Derecho penal le toca atender las consecuencias, no las causas.

La OMS define adicción como

el consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, hasta el punto de que el consumidor (denominado adicto) se intoxica periódicamente o de forma continua, muestra un deseo compulsivo de consumir la sustancia (o las sustancias) preferida, tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

La ENCODAT también menciona que las drogas de mayor consumo en nuestro país son la marihuana y cocaína y es que, aunque en nuestro país el consumo de drogas no está tipificado como delito, exceder la cantidad que se posee o no contar con autorización para adquirirlas sí lo es (delitos contra la salud).

 Fuente: cronicadesociales.org
Fuente: cronicadesociales.org

En 2017 la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI reportó que un 12.9 por ciento de esta población con antecedentes penales fue sentenciada por posesión ilegal de drogas, es decir, son reincidentes. Aunque no todas las personas que poseen alguna droga son consumidoras, sí representa un verdadero reto para el sistema penitenciario, brindar a quienes sí lo son un tratamiento diferenciado durante su reclusión, pues la lógica de su internamiento es distinta. Quien sufre un padecimiento no lo hace por elección. ¡Lo padece! De ahí que devenga, por usar un eufemismo, un absurdo castigar a alguien por un padecimiento.

Nuestro marco normativo reconoce sólo algunos preceptos sobre el tratamiento para personas imputadas que padezcan alguna adicción. En el CNPP, en lo tocante a la suspensión condicional del proceso, por ejemplo, se contempla la participación en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones como una de las condiciones por cumplir durante el periodo de la suspensión.

La Ley Nacional de Ejecución Penal (2016), ordena que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario debe dictar protocolos para el tratamiento de adicciones en los Centros Penitenciarios, sin embargo, a la fecha ello no ha ocurrido y por esa razón, con toda justificación, la organización civil “Mexicanos Unidos contra la Delincuencia” presentó un amparo contra la Segob por su omisión en la emisión de los protocolos.

Por su parte, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, establece la participación de responsables de los adolescentes durante el cumplimiento de medidas impuestas, para que les brinden apoyo y procuren para ellos programas de orientación y tratamiento del alcoholismo o drogadicción.

Ahora que la discusión en torno a la “despenalización” de las drogas ha retomado fuerza, es imperativo voltear la mirada a quienes ya cruzaron ese camino. Tenemos mecanismos en materia de salud sobre la prevención de adicciones (Conadic y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones-Cd.Mx, sólo por citar algunos), pero ellos no son suficientes ni transversales a la materia penal, de tal suerte que la procuración y administración de justicia para personas adictas privadas de su libertad en realidad no existe. Con esas premisas, nuevamente advertimos que la ausencia de tratamiento adecuado para cumplir el mandato constitucional de reinserción social es, al menos en el futuro próximo inalcanzable.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Christopher Pastrana

Licenciado en Derecho y Especialista en Derecho Penal con Mención Honorífica por la UNAM. Cuenta con estudios de Maestría en Derecho, por la UNAM. Socio del Colegio Mexicano de Abogados A.C.; Miembro de número, adscrito a la Comisión de Derecho Penal, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y de la Academia Mexicana Ciencias Políticas. Es Director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Profesor Definitivo de la Facultad de Derecho de la UNAM.

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