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Aprueban medidas para combatir a las pandillas salvadoreñas

San Salvador, 16 Ago (AP) — La Asamblea Legislativa acordó el jueves que sean permanentes las medidas extraordinarias que afectan el sistema penitenciario para combatir la alarmante delincuencia que azota a El Salvador, uno de los países más violentos del mundo.

Luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció a la opinión pública en marzo de 2016, y que las autoridades atribuyeron a las pandillas, el gobierno puso en marcha estas medidas, que arrancaron al decretar estado de emergencia en siete cárceles. Días después, la Asamblea dio luz verde a las autoridades para someter a los criminales a aislamientos severos, y le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales. Según el decreto legislativo, estas disposiciones eran transitorias y debían de ser prorrogadas cada año.

Las autoridades sostienen que las órdenes para cometer homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones en las que se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.

Con los votos de 71 de los 84 diputados, y con el apoyo de todos los partidos políticos, el Congreso unicameral aprobó que sean permanentes las reformas penitenciarias que el gobierno implementó desde abril de 2016 en un esfuerzo por golpear y desarticular las estructuras criminales, a las que las autoridades responsabilizan de la creciente violencia que azota al país.

“Hemos rescatado todo aquello que fue exitoso en el combate contra la delincuencia mediante la aplicación de las medidas extraordinarias y otras, como las audiencias virtuales que ya existían en el Código Penal”, dijo el coronel Antonio Almendáriz del conservador Partido Concertación Nacional, que preside la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

FOTO: Especial
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Las reformas a la Ley Penitenciaria se lograron con el aporte de los jueces especializados, la Fiscalía General de la República y las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Por su parte, el diputado Javier Valdez, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, destacó que el acordar que las medidas sean permanentes “implica contribuir al combate a la delincuencia y garantizar la seguridad del país” porque se regula la visita, corte y tráfico de las telecomunicaciones.

Las autoridades de Seguridad Publica dispondrán de todas las medidas necesarias e indispensables para asegurar el corte del tráfico de las telecomunicaciones desde y hacia las cárceles, granjas penitenciarias, centros intermedios y de detención menor, y centros temporales de reclusión, y podrán organizar y clasificar las cárceles.

Además se aprobó crear los “Centros de Máxima Seguridad”, en los que estarán los reos altamente peligrosos o que presenten una actitud hostil, en los que permanecerán aislados y no tendrán derecho a visitas familiares ni íntimas.

Según las autoridades de Seguridad Pública, las pandillas que tienen presencia en barrios y comunidades populares están integradas por más de 70.000 jóvenes y adultos. La mayoría de sus cabecillas están encarcelados en la prisión de máxima seguridad conocida como “Zacatraz”.

Las maras están involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero además extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar.

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