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Breve genealogía de la sociedad civil en México

Por: David Ordaz Bulos


 

En América Latina el concepto de sociedad civil está asociado con la transición democrática, la cual según Ochman (2007), se parece a un pantano, con una consolidación que no acaba y es incapaz de salir de las viejas estructuras de clientelismo y paternalismo que se enfrentan a la necesidad de expandir las prácticas democráticas y fortalecer la cultura política ciudadana.

Alejandra Leal (2016), explica cómo la noción de sociedad civil surgió en México, como una nueva forma de nombrar a la relación entre el Estado y la sociedad en los años ochenta, sustituyendo al concepto de pueblo, propio de los movimientos sociales del Siglo XX. Uno de sus principales detonantes fue el terremoto de 1985 en la Ciudad de México que demostró a un gobierno rebasado por la catástrofe y dejó ver un trasfondo de corrupción inmobiliaria, explotación laboral y un estallido de solidaridad temporal que nuevamente volvió a emerger sacudiendo y movilizando el país entero, 32 años después en la misma fecha, con el terremoto del 19 de septiembre del 2017.

Foto: avadhimag.online
Foto: avadhimag.online

Por otra parte, la noción de sociedad civil en México corrió a la par del proceso neoliberalizador que marcó el fin del régimen autoritario posrevolucionario (con la salida del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, hoy nuevamente en el poder desde el 2012) y la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, paralela al levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las montañas del estado de Chiapas al sur del país.

De acuerdo con los datos del Registro Federal de OSC del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), consultado a la fecha (noviembre de 2017), en México hay 37,623 organizaciones registradas, de las cuales hay 23,024 activas y 14,599 inactivas. Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), la dimensión en el Producto Interno Bruto (PIB) de las instituciones no lucrativas (públicas y privadas) representa el 3.1%. Sin embargo, hay que considerar que dentro de esta rama se encuentran universidades, hospitales, juntas de asistencias privada y el Banco de México (Banxico).

Por otra parte, luego de una largo proceso de lucha y deliberación de varias organizaciones durante los años noventa, en el 2004 ocurrió uno de los hechos más importantes en la historia de la sociedad civil mexicana: la aprobación a nivel federal de la Ley de Fomento a las OSC (LFFAROSC), que otorga un marco de legalidad a las organizaciones a través del Instituto de Desarrollo Social (Indesol) con el Registro Federal para Organizaciones de la Sociedad Civil que deriva en la Clave Única de Registro (Cluni) y da derecho de acceder a apoyos y estímulos públicos y a recibir asesoría y capacitación de la administración pública federal.

Además, de la LFFAROSC surge una Comisión de Fomento que integra a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de ella emana el Consejo Técnico Ciudadano, compuesto por representantes de las organizaciones, el sector académico y el poder legislativo, que ha estado ausente en el proceso y es una de las señales de las obstrucciones del contexto mexicano.

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (2017), a pesar de haber sido una ley innovadora en su momento, la LFFAROSC dejó muchos pendientes por atender

…y sólo ha tenido reformas mínimas en 2011 y 2012. Y, a pesar de que el objetivo desde un principio fue ser un referente para los 32 Estados de la República, apenas 15 de ellos cuentan con una Ley de Fomento a las OSC a nivel local, lo cual es un reflejo de las distintas realidades sociales y políticas dentro del país.

Por otro lado, el tema fiscal es complicado y difícilmente puede resolverse en este ensayo dada la diversidad de opiniones que existen después de la Iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública 2017 (http://bit.ly/2dcnwrR) que tiene que ver con ¿cómo encontrar una estructura fiscal que esté empatada con una política de fomento a las organizaciones efectiva?

Uno de los factores de la iniciativa fue llenar el vacío fiscal que permitió el caso de la organización Mary Street Jenkins que en medio de un pleito familiar de herencia, llevó sus fondos a Panamá y a las Islas Barbados. A partir de ahí, la presión fiscal para garantizar la transparencia ha subido en el sector como por ejemplo, con la obligación de liquidación forzosa de patrimonio en caso de pérdida de la autorización de la figura de donataria autorizada. O bien, la propuesta de certificación a las organizaciones por parte de organismos privados que puede tener efectos contraproducentes como el aumento de la desigualdad en el sector por las diferencias de tamaño y manejo de recursos de las de organizaciones. Ante ello, los esquemas de autorregulación desde las organizaciones aparecen como una alternativa posible.

Al momento existe un proceso de deliberación entre varias organizaciones civiles para enmarcar argumentos sólidos que sirvan para negociar con un régimen de poca voluntad política y escasos ánimos para fomentar la participación social que rayan en la violación a principios internacionales y el derecho a la libre asociación.

En ese sentido, las conclusiones de la investigación Entorno Regulatorio de las OSC en México efectuado en 2015 por el Cemefi y CIVICUS, dan algunas coordenadas generales respecto al contexto mexicano de la sociedad civil:

  • México es un país con una gran diversidad de organizaciones en cuanto al ámbito de acción como en el nivel de desarrollo institucional.
  • Existen Estados de la República en los que su número de organizaciones es muy reducido y se dedican al quehacer del día a día sin tener una preparación o interés inmediato de participar en una agenda para mejorar el marco regulatorio del sector o de incidir en políticas públicas.
  • No existe una percepción única o común del marco regulatorio de las OSC, sin embargo, el entorno se vislumbra propicio o parcialmente propicio en términos generales para el desarrollo de las organizaciones al identificar retos que en el futuro constituyen áreas de oportunidad posibles de alcanzar.

¿Qué significa un entorno de claroscuros, parcialmente propicio para las organizaciones de la sociedad civil? A mi juicio tiene que ver con lo que Arellano (2017), describe como una democracia disfuncional, pues:

“no tenemos una cultura que socialmente dé soporte y apoye a una vida democrática, ni tampoco un sistema de instituciones que le den viabilidad y permanencia, amén del acelerado desgaste y la pérdida de credibilidad frente a la ciudadanía”.

En este contexto, los apoyos federales a las OSC contrastan con los altos índices de corrupción y despilfarro que afectan directamente al desarrollo económico aumentando las brechas de desigualdad. Para el 2018, el Instituto Nacional Electoral repartirá 11.9 millones de pesos para las campañas de los partidos políticos, el presupuesto más alto en la historia del país.

David Ordaz Bulos es Maestro en Sociología por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, psicólogo social por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Actualmente es Coordinador del programa de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que tiene como objetivo generar aprendizajes colectivos entre organizaciones orientados hacia la incidencia en política pública.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Instituto Mora

El Instituto Mora, es un Centro de Investigación Conacyt reconocido en el mundo académico nacional e internacional por la excelencia en la investigación en historia y ciencias sociales y por la calidad de las maestrías que imparte. Asimismo, por la riqueza de su biblioteca y por la diversidad e intereses de sus publicaciones.

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