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Caso Santiago Nieto: la violación al derecho de acceso a la información pública

Por: Emiliano Oaxaca



El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución que forma parte, junto con la libertad de expresión, en términos de mi maestro Gustavo Cárdenas, de la “piedra angular de todas las democracias”, son pues derechos que soportan y dan forma a un Estado que reconoce en sus ciudadanos el centro de toda decisión de orden público.

Han sido el principal motor de todo cambio social y revolución en el mundo. Por ejemplo, en nuestro país, la libertad de expresión adquirió especial trascendencia, entre tantos otros momentos históricos, para la formación de la Revolución de 1910 a través del Periódico Regeneración de Enrique y Ricardo Flores Magón en donde se difundieron las atrocidades sociales del gobierno de Porfirio Díaz.

En este sentido, para poder ejercer una verdadera libertad de expresión se hacen ineludibles dos premisas: la del derecho de información, y la del derecho de acceso a la información publica. Aquel se refiere a la posibilidad de ser emisor o receptor en cualquier canal de difusión de información privada o pública, en cambio, éste, se refiere al derecho que tiene todo ciudadano de conocer y acceder a la información de orden público, siendo el Estado el obligado a proporcionarla (transparencia).

Foto: amanecechihuahua.gob.mx
Foto: amanecechihuahua.gob.mx

Sin ello, repito, no puede existir democracia en tanto hay ausencia de conocimiento. ¿Cómo decidir sobre lo público sin siquiera conocerlo?

La destitución de Santiago Nieto como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una situación dramática, lo es porque se dio a solo unos cuantos meses de celebrarse las elecciones de 2018, las que prometen dejar una huella histórica en la vida política de nuestro país, así como porque se dio justo después de la reforma constitucional en materia de anticorrupción que hizo de la FEPADE, una fiscalía “autónoma”.

Pero más allá del entramado histórico e institucional, considero que se trató de un letal atentado en contra del derecho de acceso a la información pública, y, consecuentemente, en contra de nuestra tan peculiar democracia.

¿Por qué la Procuraduría General de la República no dio a conocer a los ciudadanos la causa exacta de dicha destitución? ¿Qué parte del código de ética infringió Nieto? ¿Acaso no tenemos un derecho constitucional que permita conocer las razones que motivaron su destitución?

Parece ser que remover a Nieto fue maquilado con tiempo, y se evidenció desde el tema de la designación de un Fiscal General “autónomo”, tan es así que sorprendentemente justo antes de efectuarse su remoción, el entonces Procurador Raúl Cervantes decide separarse del cargo “a efecto de no detener más las urgentes leyes que México necesita”. Entonces, lo removió el encargado de despacho, quien no representa posición política alguna.

Es probable que Nieto haya sido un Fiscal incómodo, pues investigó una red de Priistas encabezados por César Duarte que supuestamente desviaron 79 millones de pesos del erario de Chihuahua para depositarlo en las arcas del PRI estatal, también ordenó el inspeccionar una bodega en donde, el Gobierno de Moreira en Coahuila, había resguardado recursos solicitados al FONDEN, para después repartirlos en la campaña de Riquelme Solís.

Pero también pudo ser incómodo por su pasado como asesor jurídico del PRD, y que por lo mismo, su criterio de investigación estaba sesgado, tal y como se presumió con la consignación de Arturo Escobar que después un Juez revocó. Todo ello es presunción política, nada más.

La historia que más certeza nos brinda, o que más conviene a la PGR, fueron las famosas declaraciones de Nieto en el periódico Reforma referentes a una carta que Emilio Lozoya, ex director de Pemex, le dirigió y en donde le solicitó hacer un pronunciamiento público sobre su inocencia “e inclusive para que le ofreciera una disculpa”. Cuestión que el propio Lozoya rebatió mediante la publicación de la supuesta carta en su cuenta de twitter y “demostró” que nunca lo había presionado.

Esa versión me parece construida, falsa e hipócrita, pues si divulgó información perteneciente a un proceso de investigación negando el debido sigilo jurisdiccional y por eso vulneró de alguna manera al debido proceso, ¿por qué no se le imputan las responsabilidades administrativas y penales que correspondan? ¿Ya estaba o está siendo investigado por la Función Pública al respecto?

 ¿No fue precisamente a Nieto a quien se le violó su garantía de audiencia? No sabemos cual es fue la realidad, si el contexto político, si la carta a la que hizo mención Nieto o la publicada por Lozoya. Y eso hay agradecérselo a la PGR, a nadie más. Nuestra ignorancia, en este caso, si es por culpa de la autoridad.

Nos encontramos ante algo más parecido a un buen chisme nacional, que a verdadera información que sustente la trasgresión de Nieto al código de ética de la Procuraduría General.

Partimos pues de premisas que seguramente son falsas, pero lo único que si podemos decir con plena certeza son tres cosas:

  1. Que vivimos en un democracia frágil, y que el Poder Ejecutivo, a pesar del novedoso entramado jurídico nacional, sigue teniendo facultades meta constitucionales.
  2. Que la PGR trasgredió al puro estilo despótico medieval nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública.
  3. Que nunca sabremos si Nieto fue incómodo, políticamente imparcial o verdaderamente trasgredió al código de ética.

La designación y remoción del titular de la FEPADE es, a todas luces, un asunto de interés público que nos atañe a todos, tan es así que el Senado lo elige y participa en su destitución por mandato constitucional.

El problema es que para nuestras autoridades el orden público es suficiente para expropiar nuestras propiedades, pero no lo es para esclarecer la verdad sobre la destitución del titular de la FEPADE.

La democracia no se reduce a votar, la democracia es expresar, conocer, investigar, participar, es una obligación ciudadana, no solo una forma de estado o de gobierno. Y cuestiones como ésta, nos deben de conducir a repensarnos como ciudadanía y entender que ante tales arbitrariedades existen medios y derechos que hacer valer.

No se trata de hacer personal la situación, de velar por el interés de Nieto, (puesto que no sabremos si fue justa o injusta su destitución), se trata de que todos los ciudadanos hemos sido víctimas directas. Que el estado constitucional del Derecho es de papel y que nuestros derechos fundamentales han sido ultrajados.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Emiliano Oaxaca

Estudiante de Derecho en la Universidad La Salle, he laborado en el área de derecho energético, notarial y constitucional. Mexicano por parte de mi padre, italiano por parte de mi madre; miembro vitalicio del grupo de los que dudan de todo, sabinero de corazón, crítico en esencia y competitivo en lo accidental. “Güey” en potencia.

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