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Ciudadanizar la seguridad

Por: Luis Jaime Estrada



Desde 2013 se ha implementado en México el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), cuyo objetivo es atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia. El PNPSVD se constituye como la política pública nacional que busca coordinar las estratégicas y acciones en materia de prevención social desde la perspectiva del modelo de la seguridad ciudadana, el cual privilegia la participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros, además de entender la seguridad como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que, a su vez, debe ser coproducido por todos los actores sociales.

Para el PNPSVD, uno de los indicadores de resultado central, es la disminución de la percepción de inseguridad a nivel nacional. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, estima a nivel nacional que el 61.1% de la población de 18 años y más considera a la inseguridad y la delincuencia como la principal preocupación que le aqueja, por encima incluso del Desempleo con el 36.3%. Asimismo, el porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguridad en su entidad federativa aumentó, en comparación con la ENVIPE 2016, de 72.4% a 74.3% en 2017, la cifra más alta desde 2011, año en que comenzó a realizarse el estudio. Esto puede deberse a diversos factores como la elaboración de los diagnósticos de prevención social a nivel local, la implementación de los proyectos, los indicadores de evaluación o la coordinación entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal para las gestiones administrativas, operativas o y políticas.

Foto: e-veracruz.mx
Foto: e-veracruz.mx

Sin embargo, la hipótesis que se pone a discusión es que una de las causas del problema es de tipo teórico-metodológico. Por un lado, se buscó replicar el modelo de seguridad ciudadana característico de países de Sudamérica como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia; sin embargo, no se hizo un trabajo de diagnóstico lo suficientemente sólido de las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que permitieran una correcta re-aplicación con las adaptaciones metodológicas necesarias que respondieran a los contextos de cada localidad. Esto ha traído como consecuencia que no se haya logrado un equilibrio entre el modelo de seguridad pública y el de seguridad ciudadana, generando la securitización de la ciudadanía en lugar de la ciudadanización de la seguridad.

Por otro lado, el concepto de violencia en el que se basa el Programa, se desprende de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual a su vez retoma a la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien la define como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Sin embargo, a esta definición se le oponen dos críticas: la primera, en relación a la violencia y el poder, en donde la política juega un papel fundamental para poder diferenciarlos y aclarar que la violencia no es ejercicio de poder, sino que, por el contrario estos conceptos se contraponen; la segunda, respecto a que el concepto de la OMS entiende la violencia solamente como conducta o acto manifiesto, lo que podría generar procesos de estigmatización o segregación a partir del argumento de la desviación social llevada los extremos y, por otro lado, olvida otras formas de violencia como la estructural o simbólica, así como los procesos y contextos generadores de violencia estructural, normalizada y simbólica que suelen ser las condiciones o antecedentes que generan y aumentan los factores de riesgo de que ocurran hechos de violencia y delincuencia.

El replanteamiento de estos fundamentos teórico-conceptuales, son fundamentales para fortalecer la implementación de una política en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Sin duda, es un tema que tendrá que estar presente en la agenda de seguridad de todos los candidatos a la presidencia en 2018.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Luis Jaime Estrada

Estudió la Licenciatura en Comunicación con orientación en comunicación política, la Maestría en Estudios Políticos y Sociales y es doctorando en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con estudios de investigación doctoral en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Comunicación y Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México; asimismo, es Director de Investigación Social en el Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática S.C.

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