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Con la corrupción hasta el cuello

Por: José Manuel Delgadillo



La corrupción es un problema que afecta a gran parte de los países del mundo. Anualmente, diversos organismos internacionales presentan cifras que muestran focos rojos y áreas de oportunidad respecto a este mal que aqueja en mayor o menor medida a todas las naciones.

La Organización de la Naciones Unidas estima que la corrupción representa para los países más del 5% del PIB mundial. Muchos recursos se pierden a raíz de este problema, por ello diversos países han implementado medidas cada vez más duras para combatirlo; por ejemplo, el cese de operaciones de empresas, multas millonarias, la inhabilitación de por vida y la cárcel. Sin embargo, en México el panorama es diferente, puesto que escasas veces existen consecuencias para quienes incurren en corrupción, la justicia resulta ser muy laxa, generando con ello impunidad, por lo que no es novedad que, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 98% de los casos de corrupción queden impunes.

Foto: imhq.center
Foto: imhq.center

Ejemplo de esto, es el caso de la empresa Odebrecht, la cual se vio involucrada en uno de los más grandes escándalos de corrupción que ha azotado a la región de América Latina, cimbrando a los gobiernos de Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Brasil y México, por la enorme red de sobornos que salieron a la luz.

En Brasil, Perú y Colombia, el caso se ha seguido de cerca por la justicia. En Colombia, la empresa no podrá volver a ejercer; en Perú, el ex presidente Ollanta Humala y su esposa se encuentran en prisión preventiva por el supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña; y en México, no hay funcionarios detenidos o procesados por este caso e incluso se destituyó al fiscal de delitos electorales que investigaba si la campaña de Enrique Peña Nieto había recibido financiamiento de dicha empresa brasileña.

Las irregularidades en los contratos celebrados entre PEMEX y Odebrecht; así como la red de pago de sobornos está ampliamente documentada por autoridades brasileñas, periodistas y organizaciones, pero esto no fue suficiente para el ex procurador, Raúl Cervantes, quien en octubre del año pasado, daba por concluida la investigación, de lo que llamó “uno de los mayores esquemas de corrupción en América Latina y México”. Cinco meses han transcurrido y las conclusiones de la supuesta investigación no se han dado a conocer, actualmente hay una carpeta abierta de Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, por cohecho y enriquecimiento ilícito. Mientras que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por cuatro años a la empresa brasileña para participar en contratos públicos.

Al respecto, la organización Transparency International, cuestionó la independencia de la Procuraduría General de la República en este caso, señalando que se deben impulsar las investigaciones en el caso y no utilizar tecnicismos legales para desestimar casos y favorecer la impunidad.

Una investigación de la plataforma Mexicanos contra la corrupción, pone el dedo en la llaga al apuntar que una filial de Odebrecht intervino en la campaña presidencial de 2012, y señala como prueba, tres transferencias a favor de una empresa vinculada a Lozoya.

Hace unos días el PRI, PVEM y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados se unieron para impedir que la Auditoría Superior de la Federación sancione los contratos de Pemex con Odebrecht, con lo cual se podrían fincar responsabilidades contra los funcionarios involucrados en el caso de corrupción. Sin lugar a dudas, esto exhibe a quienes están en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, aquellos que con aplausos y gritos de festejo celebraron su logro: impedir que se llegue al fondo de este caso; es evidente que su objetivo es cubrir a los verdaderos responsables, tratando de meter el polvo debajo del tapete.

Y el hecho es que quienes deberían ocuparse de investigar y proceder contra los responsables, parecen estar más preocupados en ser el war room de los Pinos, en tratar de descarrilar a un candidato a la presidencia de la República,  en filtrar videos que vulneran los derechos humanos y en retrasar investigaciones de temas tan sensibles e importantes para la sociedad mexicana. Y pareciera no interesarles que tres dependencias que deberían encargarse de combatir la corrupción se encuentren acéfalas: la Procuraduría General de la República, la Fiscalía contra Delitos Electorales y la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras tanto, de acuerdo a cifras de Transparencia Internacional, la corrupción nos cuesta a los mexicanos 347,000 millones de pesos al año, dicha cantidad podría destinarse a rubros que requieren atención urgente como la educación, la salud y la investigación. La realidad es que el problema debe atacarse con leyes más severas, que verdaderamente se apliquen sin distingo, con las que no exista cabida para la impunidad, pues hoy por hoy la corrupción se ha convertido en un gran obstáculo para la democracia y el estado de derecho en México.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de José Manuel Delgadillo

Actualmente es diputado por la delegación Benito Juárez en la VII Legislatura, manteniendo una visión de servicio hacia la ciudadanía, es presidente de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales, vicepresidente de la Comisión de Administración Pública Local, e integrante en otras 3 comisiones. Es licenciado en Derecho, ha ejercido su carrera tanto en el ámbito público como en el privado. Cuenta con una amplia experiencia parlamentaria, que le ha permitido colaborar durante 11 años en Cámara de Senadores, de Diputados y en la Asamblea Legislativa.

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