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De la Ley de Seguridad Interior y otros buenos deseos

Por: Ángela Frías


 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó el Decreto que expide la Ley de Seguridad Interior y esto ocurrió en medio de una gran polémica, en la que organismos internacionales protectores de derechos humanos, asociaciones civiles, investigadores y académicos manifestaron su descontento ante una llamada: “Legalización de la militarización del país”, veamos de qué se trata.

Esta ley contiene 34 artículos, y en su artículo segundo define lo que se entiende por Seguridad Interior, así tenemos que:

“Es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones… comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional..”

Foto: periodicocorreo.com.mx
Foto: periodicocorreo.com.mx

Es importante aclarar que existe una confusión entre los conceptos que se emplean en esta ley, ya que son hipótesis distintas la seguridad pública, seguridad nacional, y lo que ahora llaman seguridad interior. Esta norma es corta en su extensión, y el contenido de la misma parece insuficiente, ya que deja abierta a la interpretación del lector las hipótesis bajo las cuales se puede emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, así como su vigencia, que para tal efecto emite el ejecutivo.

Es un hecho que, en distintas partes del territorio nacional, el ejército mexicano y la marina armada de México, incorrectamente, pero de forma necesaria, han suplido las funciones y deficiencias de las policías estatales, y han permanecido desplegadas en los distintos municipios de nuestro país, aquellos controlados en sus distintos niveles de gobierno por cárteles del narcotráfico, quedando así la población en medio de una guerra de balas entre cárteles de droga y militares, siendo una imperiosa necesidad que exista un marco normativo que dé certeza a su actuar.

Con esta ley se pretende justificar a través de preceptos normativos la decisión que tome el ejecutivo (como hasta ahora lo ha hecho, como comandante supremo de las Fuerzas Armas), de enviar a la marina o al ejército a determinada área del territorio nacional, con la finalidad de restablecer el orden y el Estado de Derecho, lo se logrará permanentemente, hasta que se combata la corrupción y se capacite y dignifique a nuestras policías municipales y estatales. Hasta entonces, la Delincuencia Organizada dejará de penetrar las estructuras en distintos niveles jerárquicos, superando en capacitación, armas y adiestramiento a los agentes de la prevención de delitos y orden civil.

Foto: contrapuntonews.com
Foto: contrapuntonews.com

De acuerdo con el estudio: “Hacia un México más fuerte e influyente. Avances y desafíos de las reformas”, publicado en diciembre de 2017 por la OCDE, México tiene la tasa de homicidios más alta de la OCDE, y solo 46% de las personas se sienten seguras al caminar solas por la noche, lo que de forma breve refleja el sentir de la sociedad mexicana. Sin lugar a dudas, el gobierno debe ocuparse de los factores que propician las actividades delictivas e invertir más recursos para lograr su efectiva investigación y combate, respetando los derechos humanos de los mexicanos; lo que anhelo pueda ser una realidad y no solo una carta con buenos deseos, motivada por el cambio de año y sexenio.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Ángela Frías

Licenciada en Derecho. Egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en Derecho Penal por la UNAM. Ha tomado distintos cursos y diplomados en México y el extranjero sobre Sistema Acusatorio y Técnicas de Litigación. Actualmente es Oficial Secretario del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México.

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