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De los bloqueos viales a los bloqueos en redes sociales

Por: Rodrigo Orenday



El uso corporativo de redes sociales sigue presentando retos para instituciones públicas y privadas. Aunque Facebook, Twitter y demás derivan multimillonarios ingresos de la venta a esos clientes corporativos de publicidad teledirigida, sus términos generales de uso se enfocan más a los usuarios individuales particulares, y aspectos como a favor de quién ceden activos intangibles como los seguidores derivados por la gestión de las cuentas creadas en esas redes sociales sigue requiriendo de la asesoría de quienes somos especialistas en la aplicación del marco normativo vigente a las nuevas tecnologías.

Otra cuestión que incluso el marco normativo existente deja en vilo es la naturaleza de las cuentas en dichas redes sociales ante su uso por instituciones gubernamentales y los titulares de las mismas, quienes se encuentran sujetos a un régimen particular respecto de los recursos de que hagan uso durante su gestión. Twitter se ha convertido en un tema destacado en la política estadounidense e internacional desde que Donald J. Trump tomó posesión como su 45º Presidente, por la particular predilección que tiene por emitir mensajes a través de esa red social que lo mismo ofenden susceptibilidades, mueven mercados o generan tensiones internacionales, al grado que a principios de año se llegó a pensar que la mejor cobertura que el Banco de México podría operar para el Peso era comprar Twitter y cerrarlo (El Financiero 12/01/2017).

Foto: NYMag.com
Foto: NYMag.com

Más recientemente su uso tanto por el Presidente yanqui como por un Presidente Municipal Mexicano han planteado cuestiones constitucionales en torno a su potestad para bloquear a usuarios que los cuestionan, molestan…incluso “trolean”, etc. Dicho de otra forma la pregunta es si es que un usuario que ocupa un cargo público, sea o no de elección popular, puede manejar su cuenta de Twitter como cualquiera de nosotros y, por lo tanto, elegir libremente bloquear a otros usuarios. No debe perderse de vista el hecho que Trump rara vez usa la cuenta oficial de la Presidencia @POTUS (President of the United States) sino su cuenta personal @realDonaldTrump.

En los EE.UU. un grupo de usuarios bloqueados por Donald Trump lo ha demandado ante el Juzgado Primero de Distrito para el Distrito del Sur de Nueva York bajo el auspicio del Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia, argumentando que Twitter es un foro público a través del cual su mandatario y funcionarios interactúan con su electorado, y que al bloquearlos les ha impuesto una restricción inconstitucional a su libertad de expresión, impidiéndoles acceder a la información que despacha por ese canal e involucrarse en las discusiones que se llevan a cabo a través del mismo. El caso se encuentra sub iudice en dicha corte.

Foto: Rodrigo Orenday
Foto: Rodrigo Orenday

Recientemente en sesión de la Comisión de Derecho Electoral de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (@BMA_Abogados) Alonso Robles Cuétara, Juez Quinto de Distrito en Sonora, expuso la sentencia mediante la cual concedió el amparo de la justicia federal a Luis Óscar Ruiz Benítez (@raczoblue) contra actos del Presidente Municipal de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (@temogalindo), consistentes esencialmente en haberlo bloqueado de Twitter. Dicha autoridad responsable alegó en su informe justificado que la cuenta de la cual bloqueó al quejoso no era oficial, sino particular y previa a su toma de posesión en el cargo, y la existencia de medios oficiales para que aquél pudiera acceder a la información pública de esa Presidencia Municipal.

El citado juzgador concluyó que la autoridad responsable violaba el derecho del quejoso a recibir información pública, tutelado por el Artículo 6 constitucional. Entre sus argumentos destaca que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora prevé que los sujetos obligados por ella deberán procurar establecer canales de comunicación con la ciudadanía a través de plataformas digitales o redes sociales, no obstante lo cual Cuauhtémoc Galindo optó por a usar su cuenta personal de para Twitter difundir la información de su gestión pública, sobre lo cual el Juez sentenció:

“…si la autoridad responsable decidió comunicarse con la ciudadanía a través de este medio electrónico al compartir en su cuenta personal información inherente al desempeño de su encargo, es evidente que voluntariamente asumió las consecuencias normativas correspondientes… por tanto, si un funcionario decide utilizar su cuenta privada (que no pertenece a la oficina que desempeña), en una red social para comunicarse con los gobernados a través de la publicación de información inherente a las acciones tomadas en ejercicio de su cargo público, es evidente que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a ella a cualquier persona… contrario a lo alegado por el edil responsable, la cuenta no es utilizada, únicamente, para emitir opiniones de índole personal, sino *** que a través de ella hace publicaciones de actividades relacionadas a su desempeño de la Presidencia Municipal de Nogales, Sonora; luego, aun cuando la cuenta haya sido abierta antes de su acceso a ese cargo público…lo cierto es que la utiliza para difundir información de interés público, asumiendo con ello la obligación de publicidad a que se refieren… la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y… la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la misma entidad federativa.”

Por sus términos y consecuencias esta sentencia de Amparo Indirecto 216/2017-VI (http://tinyurl.com/yb7tkdbc) es no sólo consulta obligada para las Consejerías Jurídicas y áreas de comunicación social de las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como para agencias de publicidad digital y publirrelacionistas con clientes en el sector público, sino además referente y puntero en la procuración del ejercicio de los derechos humanos en Internet, mientras los tribunales de los Estados Unidos de América hacen lo propio en orden a la libertad de expresión y la gestión pública en redes sociales.

Foto: Nacion321.com
Foto: Nacion321.com

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Rodrigo Orenday

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Maestro en Derecho Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford. Su práctica profesional se centra en cumplimiento normativo, regulación financiera, propiedad intelectual, tecnologías de la información y comunicación, y protección de datos personales. Sus opiniones son estrictamente personales y no reflejan las de ninguna otra persona u organización.

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