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Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: el examen al Estado mexicano

Por: Diego Posadas



Al realizar la búsqueda en internet ‘derechos de papel’ (como originalmente se pensó titular el presente texto), se despliegan una serie de entradas con artículos que denuncian la existencia de una disociación entre la ley escrita y su aplicación en la vida cotidiana, es decir, la deficiencia en la realización de los derechos humanos que son reconocidos por ordenamientos legales. Con un vistazo a los artículos queda claro que tal distancia entre el papel y los hechos no solo se observa en México, dicha falla se comparte con otras tantas sociedades.

La distancia entre la ley y los hechos se torna en un serio problema si es que no es reconocida, ya que ello deriva en omisión de acción o la adopción de medidas poco eficaces para cerrar la brecha, con lo cual se perpetúa la violación a derechos. Estos resultados perniciosos de la falta de reconocimiento son señalados por el Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017.[1]

Fuente: Twitter.com /@ONUDHmexico
Fuente: Twitter.com /@ONUDHmexico

El documento mencionado, producto del trabajo de colectivos, organizaciones y redes de la sociedad civil, se presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la Organización de Naciones Unidas, como un Informe Alternativo a aquellos documentos que el Estado mexicano elaboró y entregó como parte de su examen en torno al cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México en 1981; examen que también consistió en la comparecencia de una delegación de funcionarios mexicanos ante el Comité DESC en Ginebra, el pasado 12 y 13 de marzo.

De acuerdo con el Informe Alternativo, cuyo objetivo fue señalar lo omitido por el Estado en sus informes, lo reportado por el gobierno mexicano:

no permite dar cuenta del grado en que verdaderamente son disfrutados y ejercidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, (…), ni las causas estructurales que los vulneran y obstaculizan.”[2]

Fuente: Twitter.com /@OPSDH
Fuente: Twitter.com /@OPSDH

El tipo de información proporcionado por la delegación del Estado mexicano en su comparecencia en Ginebra, [3] al igual que la presente en sus informes, siguió la línea de la estrategia de comunicación que nos es familiar en el territorio nacional: lo bueno cuenta y queremos que siga contando, hagamos bien las cuentas, lo bueno casi no se cuenta…etc.

La recepción de las respuestas dadas por la delegación mexicana tuvo recibimiento diverso entre los miembros del Comité DESC. Al término de la comparecencia, el Relator para México del Comité, Mikel Mancisidor, felicitó a la delegación mexicana por la calidad de sus respuestas, pues consideró que la mayoría de ellas fueron directas y con intención de revelar, más que esconder, la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el país. Por otro lado, a lo largo de la comparecencia integrantes del Comité hicieron algunas preguntas que dejaron ver la preocupación por la efectividad de la aplicación de la legislación, protocolos, mecanismos y políticas públicas, de las que tan ampliamente informó el Estado mexicano; y por el carácter parcial, al dar cuenta de solo una parte de la realidad mexicana, de lo informado.

El sentido de las preguntas fue: ya se ha dicho que se ha hecho, qué datos se tiene de lo aún pendiente; qué falta por hacer; qué medias adicionales a las ya tomadas se están implementando; ¿existe ausencia de voluntad para la aplicación de la ley?

El reconocimiento de la falla de la aplicación de la ley es necesario, pero debe de ser acompañado de la acción oportuna. La declaración del “rechazo contundente” a los ataques a periodistas o defensores de derechos humanos (como se mencionó en la comparecencia más de una vez), resulta vacía si no se sigue de una modificación del mecanismo existente para una protección efectiva.

Y bien, ¿qué se debe hacer para superar las deficiencias en el ejercicio de derechos? El Informe Alternativo, a partir datos, cifras y casos que retratan el incumplimiento de normas nacionales e internacionales suscritas por el país, estableció recomendaciones en cada uno de los apartados de que se conforma (cada apartado un derecho u obligación marcado en el PIDESC), para que fueran consideradas por el Comité DESC en sus observaciones finales al Estado mexicano, a presentarse en el mes de abril.

Una medida principal sería la ratificación del Protocolo Facultativo del PIDESC, el cual permitiría a las víctimas de violación de los derechos establecidos en el Pacto, a acceder a instancias internacionales para su defensa. Al respecto, en la comparecencia el Relator reconoció la existencia de la intención del Estado mexicano de sumarse al Protocolo, sin embargo señaló la necesidad de que se tomen pasos concretos para su ratificación.

[1] Se puede descargar el informe completo en: http://observatoriopoliticasocial.org/informe-conjunto-de-sociedad-civil-sobre-los-desca-en-mexico/ o consultar el resumen ejecutivo en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/MEX/INT_CESCR_CSS_MEX_28753_S.pdf

[2] Areli Sandoval Terán, Sephanie Erin Brewer y Angieszka Raczynska [comp.], Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017, Informe alternativo a los informes V y VI Periódicos combinados del Estado mexicano ante el Comité DESC de la ONU, México, 2017, p. 245.

[3] Los videos de la comparecencia del Estado mexicano y de miembros de organizaciones civiles están disponibles en: http://webtv.un.org/search?lan=english. También están disponibles los comunicados de prensa expedidos por la Oficina del ACNUDH sobre las reuniones, con algunos de los puntos comentados en ellas: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/newssearch.aspx?NTID=PRS; búsquese los videos y comunicados del 12 y 13 de marzo.

Diego Posadas realizó estudios en la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participa como investigador en el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. Temas de interés: política social, desigualdad y pobreza.

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Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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