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Desafuero de la impunidad

Por: Sergio Jesús Martínez Martínez



En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de servidores públicos pertenecientes de todos los poderes, niveles y partidos políticos, señalados de hacer uso indebido de sus cargos para fines personales ajenos al deber público. Ejemplo de esto son los casos de corrupción protagonizados por los ex gobernadores Cesar Duarte, Javier Duarte y Guillermo Padres; o el de la legisladora Eva Cadena evidenciada al recibir dinero de procedencia ilícita; y, del diputado suplente, Enrique Tarín García, acusado del desvío de recursos públicos durante la administración del ex gobernador de Chihuahua, quien se vio en la necesidad de resguardarse adentro de la Cámara de diputados de San Lázaro para no ser detenido. Todas estas situaciones han puesto nuevamente en la agenda pública la discusión sobre la pertinencia del fuero constitucional y la posibilidad de eliminarlo (desafuero) o bien, acotarlo.

Foto: mientrastantoenmexico.mx/
Foto: mientrastantoenmexico.mx/

Si bien el fuero nació y fue constituido como una prerrogativa que les permitiera a los servidores públicos expresar libremente sus opiniones y desempeñar debidamente sus funciones sin ser señalados o inculpados por motivos políticos[1]; como lo muestran los ejemplos antes mencionados, este derecho sólo ha servido para encubrir la impunidad de quienes, bajo el cobijo y los privilegios que les otorgan sus cargos, aprovechan para violar la ley sin tener castigo alguno.

La constitución mexicana tiene contemplados dos mecanismos para aquellos servidores públicos que comentan violaciones graves a las disposiciones constitucionales y a las leyes emanadas de éstas: el juicio político y el desafuero. Sin embargo, existe una importante distinción entre estos dos. Por un lado, el juicio político sólo implica, como última instancia, la destitución de los inculpados o su inhabilitación para ocupar otros cargos públicos[2]; es decir, únicamente tiene consecuencias políticas. Mientras que el desafuero conlleva la eliminación de la protección institucional para que se pueda llevar a cabo un proceso penal[3]; o al menos eso es lo que en teoría debería de pasar, ya que, en los 8 casos de desafuero que se han presentado en México durante más de un siglo, pocos han derivado en consecuencias penales para los imputados.

Foto: Slideshare.net/IvanBart/el-fuero-constitucional-47039022
Foto: Slideshare.net/IvanBart/el-fuero-constitucional-47039022

Por otro lado, es de llamar la atención que a nivel estatal ya son 14 entidades federativas que han aprobado la eliminación del fuero constitucional de todos o de la mayoría de los servidores públicos de los tres poderes, entre los que se han incluido a gobernadores, diputados, alcaldes, magistrados y jueces. Estos estados son: Jalisco, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, San Luis Potosí e Hidalgo.

Aunque es saludable el hecho de que se empiece a debatir y a tomar acciones sobre la pertinencia de mantener el fuero como se ha hecho en los estados; el desafuero también conlleva dos implicaciones que hay que tener presentes, la primera es que, como lo demuestra la historia, su eliminación de ninguna manera es garantía de que se termine castigando verdaderamente a los culpables; y, la segunda, consiste en que se corre el peligro de que este recurso sea utilizado para revanchas políticas, poniendo el riesgo la pluralidad y el funcionamiento de las instituciones. Tomando en cuenta lo anterior, la mejor opción es regular el fuero, acotándolo a determinados cargos que verdaderamente lo requieran, pero, sobre todo, desligarlo de las personas y vincularlo únicamente a los cargos, situación que sí está contemplada en la ley pero de facto es muy diferente, y así proteger el correcto ejercicio del deber público. No obstante, esto sólo se sería posible de lograr con una mayor involucramiento y participación de la ciudadanía, en el cual las organizaciones de la sociedad civil tienen una tarea pendiente, no sólo para denunciar sino también para diseñar y presentar iniciativas que coadyuven a mejorar el actuar de nuestros funcionarios.

Sergio Jesús Martínez Martínez, estudió la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde el 2016 participa como investigador en Incide social. Democracia, elecciones, participación ciudadana y rendición de cuentas.

[1] Artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

[2] Artículo 110 CPEUM.

[3] Artículo 111 CPEUM.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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