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Deténganlo y luego averiguamos…

Por: Carlos López Kramsky


Hasta hace poco tiempo, en México nacíamos, crecíamos y moríamos bajo el estigma de la culpabilidad sin juicio previo. Al nacer ya éramos culpables de un pecado original que no cometimos, mientras que las instituciones como la escuela, los hospitales, la iglesia, etcétera, “normalizaban” –parafraseando a Michel Foucault– nuestro comportamiento en esa dirección. En la práctica, el sistema penal se basaba en la misma idea; el detenido –casi- siempre debía sufrir la prisión preventiva mientras se resolvía si era inocente: el paradigma del “deténganlo y luego averiguamos”.

Foto: thoughtco.com
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Este paradigma está en transformación, pues el nuevo sistema de justicia penal privilegia el principio de presunción de inocencia; hoy, el imputado tiene un estatus de inocencia que solo puede destruirse cuando el Ministerio Público presenta pruebas que demuestran que, efectivamente, cometió un delito. Para contrarrestar esas pruebas, el imputado puede presentar otras que las desvirtúen y generen una duda razonable. Siempre que exista una duda razonable, el juez está obligado a confirmar la inocencia.

Este proceso debe llevarse a cabo -como regla general- con el imputado en libertad y no en prisión como en antaño, salvo que existan elementos objetivos que demuestren que la víctima del delito puede correr peligro o que existe un riesgo para la sociedad o para el procedimiento penal.

Foto: srilankamirror.com
Foto: srilankamirror.com

Infortunadamente, toda la información pública disponible arroja un resultado aterrador: si bien la ley cambió, las instituciones, los servidores públicos y la cultura de estos no se ha modificado, ya que muchos policías y ministerios públicos siguen operando bajo los parámetros del sistema anterior, presentando casos a los jueces en los que la investigación es deficiente o en los que ha habido violación de derechos o insistiendo en la prisión preventiva como única medida cautelar. El resultado está a la vista: se ha incrementado el número de personas liberadas y ello ha esparcido la falsa idea de que el nuevo sistema penal no funciona y que es la causa del incremento de la inseguridad. Miguel Ángel Mancera, como Presidente de la CONAGO, defiende esta tesis para impulsar una contrarreforma penal.

El paradigma anterior se derrumba pero el nuevo aún no acaba de consolidarse. Ante ello, debemos reconocer que el nuevo sistema penal no se va a implementar de un día para otro y tampoco va a funcionar al cien por ciento gracias a la mera reforma legal. Muchos son los cambios que deben suceder para que el sistema funcione. Esto conlleva una evolución cultural de enormes proporciones.

Sin embargo, una contrarreforma que nos devuelva al pasado no es la opción adecuada. México tomó la decisión de avanzar en la construcción de un sistema penal respetuoso de los derechos humanos, que evite la corrupción, así como la arbitrariedad de las instituciones de procuración de justicia y que impida que una persona pase años en una prisión sin haber sido declarada culpable. Ése es un sistema penal moderno, democrático, responsable, y debemos defender su consolidación.

Entre las acciones que se debe adoptar para lograr tal fin están: i) capacitar a policías y ministerios públicos; ii) invertir en infraestructura; iii) crear las instituciones que son necesarias para su adecuado funcionamiento, v. gr. unidades de seguimiento de medidas cautelares; iv) crear una red nacional de información, entre otras.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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