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Dogmas y políticas públicas


Como continuación a la entrega anterior[1], quisiera exponer algunos riesgos que, a mi juicio, pueden presentarse de sobre-simplificar la idea de “implementar políticas públicas de seguridad basadas en evidencia”. Para ello, trataré desde un enfoque crítico la recomendación que han hecho diversos actores de la sociedad civil, en particular sobre la necesidad de adoptar experiencias internacionales probadas para revertir la inseguridad y violencia en México. Consciente de la posibilidad de estar cayendo en el terreno de un exclusivismo trasnochado en el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad pública, este artículo, más que otra cosa, plantea la necesidad de ser más rigurosas al estimar la utilidad y aplicabilidad de buenas prácticas internacionales en el contexto mexicano.

Fuente: LiveInternet
Fuente: LiveInternet

Una de las exigencias más recurrentes que se le ha hecho a la actual política de seguridad en nuestro país –especialmente en lo que concierne a la reducción de la violencia homicida-, es la adopción de “políticas públicas basadas en evidencia, que hayan probado eficacia para reducir los homicidios”.[2] Si bien el que suscribe se une a esta exigencia, muchas veces perdemos de vista que lo que estamos clasificando como “basado en evidencia”, se trata de evidencia causal de políticas públicas implementadas en otros países. Es decir, aquella evidencia que documenta la relación existente de una actividad, intervención, o tratamiento gubernamental, con los resultados obtenidos así como el grado de cambio producido.[3] Por lo tanto, más que una marca exportable o un decreto metafísico, la “buena política pública” frecuentemente está respaldada por evidencia causal que, a su vez, es resultado de un proceso sistemático de monitoreo y evaluación de las acciones, proyectos y/o programas implementados en un contexto específico.

Relacionado con lo anterior, si las “buenas políticas públicas” resultan ser buenas, es porque funcionan como parte de un todo. Como lo sostienen Sampson, Winship, y Knight (2013), para proveer políticas públicas efectivas, los efectos causales de éstas tienen que entenderse como resultado de las estructuras organizacionales, políticas y sociales.[4] Tomada de manera aislada, una política pública exitosa puede resultar impracticable o, en el peor de lo casos, un fiasco en otro contexto. Dicho esto, la idea de “la política pública basada en evidencia” limita y daña el pensamiento estratégico del Estado mexicano, desde el momento en que se adoptan buenas prácticas sin considerar cuestiones sistémicas (e.g. características de la burocracia, legislación nacional, aspectos culturales e históricos, dinámicas de la violencia, tendencias delincuenciales, o características del submundo criminal). Lo que es más, esta insistencia de adoptar políticas públicas basadas en evidencia podría degradar la prioridad de elaborar diagnósticos de carácter local en el país.

Por otra parte, depositarle demasiada fe a las buenas prácticas internacionales inhibe nuestra capacidad para pensar en términos estratégicos, lo que incluye, por ejemplo, resolver cómo crear y/o fortalecer instituciones (e.g. policías municipales, estatales y federal). Aquellos gobiernos con una visión de corto plazo y/o preocupados más por el siguiente ciclo electoral, serán proclives a adoptar buenas prácticas que bien pueden gozar de popularidad en sectores de la academia y de la sociedad civil, mas no atienden las causas estructurales de la inseguridad y la violencia en México. Más aún, se corre el riesgo de caer en una suerte de asistencialismo de poco impacto en el rubro de seguridad.[5] Un conjunto de tácticas (i.e. proyectos o programas) no da como resultado una estrategia y, mucho menos, una política de seguridad.

Ejemplos

Se ha dicho que un esquema de disuasión focalizada[6], en el que el Estado se concentre en los grupos delictivos más violentos y sanguinarios, podrá ser útil para reducir la violencia homicida en México. No obstante, es importante señalar que las mediciones de efectividad de estas intervenciones se han hecho primordialmente en Estados Unidos.[7] Esto no significa que un esquema de este tipo no pueda emplearse en México, pero requieren de un estudio más profundo, a fin de mostrar las posibles externalidades, o bien tenerlas en cuenta para poder mitigarlas en su momento.[8]

En sentido inverso, es un error descartar políticas públicas por falta de evidencia que demuestren su éxito. Por el contrario, se requiere identificar los mecanismos causales que hicieron que una buena idea se convirtiera en una terrible práctica. Identificar esos factores de falla podría contribuir a que se obtengan mejores resultados en un próximo intento. El caso de la tregua entre pandillas en El Salvador aporta luz al respecto: no sólo la falta de compromiso de las pandillas salvadoreñas contribuyó a la ruptura de esta tregua, sino también el incumplimiento del gobierno, el rol de agentes provocadores en contra de la tregua (algo parecido a lo que se ve en Colombia actualmente), así como la falta de apoyo popular, principalmente de la clase media-alta que no fue necesariamente la más afectada por la violencia.[9]

En conclusión, sin duda, el uso efectivo de la evidencia disponible incrementará la exactitud, objetividad, legitimidad, y transparencia de las políticas públicas en seguridad que se implementen en México. No obstante, en palabras de Robinson y Abt (2016), “las políticas públicas no pueden basarse exclusivamente en ciencia. La evidencia y los datos tendrían que ser usados para mejorar la política, no para reemplazarla completamente.”[10] En este sentido, no podemos olvidar que la política pública también es una manifestación de lo que Isaiah Berlin consideraba como “buen juicio político”.[11]

Quisiera poner a consideración dos propuestas: a) la creación de una especie de CONEVAL, cuya misión sea monitorear y evaluar la política de seguridad en su conjunto, a fin de generar evidencia causal propia. Y no menos importante, b) la sustitución de la expresión “política basada en evidencia” por “política informada en evidencia”, para señalar implícitamente los límites y alcances de las buenas prácticas internacionales en un contexto que no sea el suyo.

Más allá de una crítica a una idea o una expresión, lo que realmente importa es un mejor -y mayor- monitoreo y evaluación de las políticas públicas en seguridad, y que esto nos permita corregir y adaptarnos a los retos tan dinámicos y variados que presentan la inseguridad y la violencia en el país.

Al final del día, como dicen que dijo Winston Churchill:

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.”

P.D. Amable lector, queda pendiente lo concerniente a datos y estándares técnicos internacionales. Reciba un disculpa.

 

[1] http://themexicantimes.mx/sobre-dogmas-y-politicas-publicas/.

[2] Ver documento: México Sin Homicidios. Pág. 2.

[3] Para una definición de evidencia causal, ver: https://www.crimesolutions.gov/GlossaryDetails.aspx?ID=7

[4] Sampson, R. J., Winship, C., & Knight, C. (2013). Translating causal claims. Criminology & Public Policy, 12(4), 587-616.

[5] Un fenómeno parecido se da con la política social en México, la cual se compone de aproximadamente 6,500 programas sociales, mostrando resultados mixtos. Al respecto, ver desde el minuto 19:26: https://noticieros.televisa.com/videos/los-alebrijes-entrevistan-gonzalo-hernandez-licona/ .

[6] Kleiman, M. (2009). “When Brute Force Fails”. Nueva Jersey: Princeton University Press.

[7]Para evidencia sobre los resultados de la disuasión focalizada, ver: Braga, A. A., & Weisburd, D. L. (2014). Must we settle for less rigorous evaluations in large area-based crime prevention programs? Lessons from a Campbell review of focused deterrence. Journal of Experimental Criminology, 10(4), 573-597.

[8] Para un listado sobre los efectos residuales e incentivos perversos de la disuasión focalizada, ver: https://redaccion.nexos.com.mx/?p=3994

[9] Sobre las razones del fracaso de la tregua entre pandillas en El Salvador, ver: González Bustelo, M. (Mayo, 2015). El Salvador’s gang truce: a lost opportunity?, Open Security conflict and peace building. Enlace:https://www.opendemocracy.net/opensecurity/mabel-gonzález-bustelo/el-salvador’s-gang-truce-lost-opportunity

[10] Ver: Robinson, L. & Abt, T. (2016). Opportunities and Obstacles for Evidence-Informed Criminal Justice Policy. En: Blomberg, T., Brancale, J.M., Beaver, K., & Bales, W. (eds.). Advancing Criminology and Criminal Justice Policy. Londres: Routledge.

[11] http://www.nybooks.com/articles/1996/10/03/on-political-judgment/

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Fausto Carbajal

Internacionalista por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Estudios de Guerra por el King's College London, Gran Bretaña. Es miembro de la Federación Mundial de Estudios del Futuro, Paris, Francia. Se ha desempeñado en el servicio público, particularmente en las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación.

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