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El derecho a morir dignamente

Por: Pavel Nava


Coloquialmente, el término eutanasia hace referencia a cualquier conducta mediante la cual una persona ayuda o facilita a otra a terminar con su vida. Sin embargo, resulta más preciso aludir a dicha práctica como “muerte asistida”, siendo conveniente explicar cada una de las formas en que puede llevarse a cabo.

Debemos distinguir primeramente entre tres formas de procurar la muerte digna: la eutanasia activa, el suicidio asistido y la eutanasia pasiva. Éstas difieren respecto de la clase de intervención desplegada por el agente (normalmente un médico) que ayuda al “buen morir” y, aunque no poca razón le asiste a James Rachels cuando afirma que, “en sentido estricto no existe una diferencia moralmente relevante entre matar y dejar morir”[1], lo cierto es que dicha divergencia constituye el punto medular de discusión para la ética médica y su regulación normativa.

FOTO: iglesiaactualidad.wordpress.com
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La eutanasia activa o directa tiene lugar cuando una tercera persona realiza una acción deliberada sobre otra para terminar con su vida, por petición expresa de esta última. Podemos ejemplificar con el caso de alguna persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad crónica degenerativa y opta por evadir el nivel de vida indigna que le ocasionará su padecimiento incurable, por lo cual, le solicita a su médico tratante que le suministre una inyección letal.

El suicidio asistido consiste, en cambio, en proporcionar a una persona, como respuesta a su solicitud, los medios necesarios para suicidarse, para que ella misma sea quien realice la acción que ponga fin a su vida[2]. Tal sería el caso de un paciente que, sabedor de su estado de salud incurable, decide plenamente consciente que le es preferible evitar los sufrimientos físicos y emocionales que traerá consigo el deterioro normal de su cuerpo, por lo cual solicita a su médico que le prescriba -por ejemplo- una dosis letal de barbitúricos y los ingiere por propia cuenta.

Por otra parte, la eutanasia pasiva o indirecta, también llamada muerte por omisión, implica suspender a un paciente en estado terminal: la hidratación, alimentación, suministro de medicamentos o cualquier tratamiento que pudiera prolongarle la vida. Dentro de la literatura médica, esta práctica es conocida como “limitación del esfuerzo terapéutico” y se justifica cuando no tiene caso seguir interviniendo un cuerpo que no se puede curar y hacerlo solo prolongaría un sufrimiento inútil[3].

Tanto la eutanasia activa como la pasiva presentan las variaciones inherentes a la voluntariedad y la involuntariedad en su solicitud. Se entiende por eutanasia voluntaria a los casos en que la misma persona enferma o desahuciada acepta que se le suspendan los tratamientos terapéuticos que la mantienen viva o solicita que se le suministren medicamentos que le adelanten la muerte. En cambio, la eutanasia involuntaria es aquella que ocurre cuando el sujeto pasivo del procedimiento no presta su consentimiento para su muerte, por virtud del estado de inconsciencia (como un estado vegetativo permanente) en que se encuentra o por su incapacidad jurídica (por minoría de edad o interdicción), y son sus familiares o representantes legales quienes otorgan dicha autorización.

La regulación jurídica de la eutanasia.

El marco normativo mexicano ha mantenido un carácter prohibitivo ante –la mayoría de las formas de- la muerte asistida. Al efecto, el artículo 312 del Código Penal Federal tipifica como homicidio atenuado tanto la realización del suicidio asistido como de la eutanasia activa voluntaria, sancionando con prisión de hasta cinco años a quien asista a otro para suicidarse, mientras que para el responsable de la eutanasia voluntaria directa establece castigos hasta por doce años de cárcel. Por otro lado, la eutanasia activa involuntaria actualiza alguna forma de homicidio calificado, con consecuencias que ameritan hasta sesenta años de prisión.

Sin embargo, desde la década pasada, la progresividad de los derechos humanos ha llevado al legislador nacional por la senda de la permisión del “dulce morir”. En enero de dos mil ocho fue promulgada la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, con la cual se estableció en favor de toda persona (con capacidad de ejercicio) la facultad de otorgar su voluntad libre y consciente relativa a no someterse en el futuro a medios, tratamientos y procedimientos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, cuando por razones médicas sea imposible mantenerle vivo de manera natural.

Con esta ley se pretendió proteger la dignidad de las personas que han sido diagnosticadas con una enfermedad en etapa terminal, concediéndoles el derecho de rechazar tratamientos terapéuticos inútiles y recibir en su lugar únicamente los cuidados paliativos, la atención mínima necesaria o la sedación controlada que les permita morir más cómodamente. Dicha decisión debe ser plasmada en un Documento de Voluntad Anticipada, otorgado ante un notario público o ante el personal médico y dos testigos, ya sea por el mismo enfermo o por sus familiares y representantes, en caso de que aquel esté impedido para manifestar por sí mismo su voluntad.

Es claro entonces que este ordenamiento permite y regula las formas de eutanasia pasiva voluntaria y de eutanasia pasiva involuntaria, englobadas y calificadas por la misma ley bajo el concepto de ortotanasia (muerte correcta). No obstante, el propio artículo segundo de dicha ley, señala que “su cumplimiento no faculta la realización de conductas tendientes al acortamiento intencional de la vida, con lo cual se mantiene hasta la fecha la postura prohibicionista respecto de las otras formas de muerte asistida en nuestro país.

La nueva Constitución capitalina: ¿la llave para la eutanasia activa?

Pese a lo anterior, esta normatividad prohibitiva podría tener sus días contados. Y es que el pasado cinco de febrero del año en curso, fue promulgada y publicada la primera Constitución Política de la Ciudad de México, la cual trajo consigo la concesión expresa de diversos derechos humanos para sus gobernados. En el artículo undécimo de dicha norma fundamental, la Asamblea Constituyente decidió establecer el derecho de los capitalinos a la autodeterminación personal, concediendo la posibilidad de optar por una muerte asistida o muerte digna, como una extensión del derecho fundamental a una vida digna.

El numeral en comento menciona expresamente que: “Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”.

Dicho texto legal otorga a toda persona el derecho subjetivo de vivir una vida digna, entendida como aquella basada en la autodeterminación de todos los aspectos propios de la misma, incluyendo el evento de su muerte. Con ello, se abre la puerta para que en la legislación secundaria sean permitidos y regulados los procedimientos de eutanasia activa y el suicidio asistido, como formas del derecho de los gobernados a una muerte digna.

El reto para el legislativo capitalino no es menor. En caso de instaurar estas formas de muerte asistida, deberá armonizar la legislación prohibitiva incompatible, establecer a detalle los supuestos de procedencia y los lineamientos que eviten desvirtuar o desmesurar su aplicación, establecer los mecanismos para vigilar la adecuada praxis del gremio médico que se verá inmiscuido, legislar los supuestos propios de la objeción de conciencia por parte de los facultativos y promover las políticas de salud necesarias para que los servicios médicos se administren sobre bases de ideologías plurales que permitan el acceso real de los gobernados a su autodeterminación.

Sin lugar a dudas, para cumplir la encomienda, legisladores, médicos y demás actores sociales deberemos abandonar los tabúes tradicionales y dialogar, a la luz de concebir a la eutanasia como una práctica humanitaria, donde la muerte sea considerada como parte integrante de la vida e incluso el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México debe tener presentes estas modificaciones legislativas y culturales.

[1] “Active and Passive Euthanasia”, The New England Journal of Medicine, vol. 292, No. 2, 1975, pp. 78-80.

[2] T. Quill, Death and Dignity. Making Choices and Taking Charge. New York/London, Norton & Company, 1994, p.158.

[3] J. Sábada, “Eutanasia y ética”, en L. Montiel y M. García. Pensar al final: la eutanasia. Éticas en conflicto. Madrid, Editorial Complutense, 2007, p.32.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de México Unido Contra la Delincuencia

Asociación Civil no lucrativa, no religiosa y ajena a los partidos políticos. Nace el 11 de noviembre de 1997, como resultado de la convocatoria de la Sra. Josefina Ricaño. El objetivo de la convocatoria era buscar la forma de organizar esfuerzos para hacer algo y no permanecer pasivos ante la creciente inseguridad de México. Su misión es unir a la sociedad y ser un vínculo de ésta con las autoridades para sumar esfuerzos en favor de la seguridad, la legalidad y la justicia.

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