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El derecho humano a la propiedad privada

Por: Mario Fernández


“El primer y principal propósito de todo sistema de gobierno es mantener la justicia: para evitar que los miembros de la sociedad abusen de la propiedad ajena o se apoderen de lo que no es suyo. Aquí el propósito es dar a cada uno la posesión segura y pacífica de su propia propiedad”[1]

– Adam Smith

La felicidad de la vida humana reside esencialmente en ejecutar cada uno de nuestros actos con la más absoluta libertad individual y la consecuente responsabilidad personal que conlleva.

La soberanía de la persona sobre sus propias acciones se refleja en todos y cada uno de los actos minuto a minuto. Junto con Sartre, podemos afirmar que

“Estamos condenados a ser libres”.

Ahora bien, cualquier intromisión en la libertad de la persona debe estimarse como ilegítima, salvo que los derechos de terceros entren en juego.

Foto: portal.andina.com.pe
Foto: portal.andina.com.pe

Bajo esa premisa, por ejemplo, las instituciones del Estado únicamente están legitimados en restringir la libertad individual de la persona en caso de que su ejercicio afecte a terceros, en esencia, sólo para garantizar la seguridad pública y la justicia.

Por tal motivo, debemos celebrar que hoy en día en México, partiendo de sólidas ideas libertarias, se ha ido gestando una verdadera revolución jurídica y política en torno a una idea fundamental: el Estado no tiene ningún derecho a restringir la libertad sobre el patrimonio de las personas.

Bajo esta tesitura, podemos definir la libertad patrimonial como aquella que tiene el individuo para disponer libre y voluntariamente de su propio patrimonio en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

Esa libertad incluye la potestad de usar, gozar y disponer de los bienes de su propiedad, los típicos derechos reales enunciados por el derecho romano, recogido por nuestras legislaciones civiles por la vía del Código Napoleónico.

Partiendo de esa definición, un paradigma clásico del gran legado jurídico de parte de nuestros antepasados romanos, ahora de manera contraria, el Estado moderno se ha erigido como un típico destructor de la libertad patrimonial del individuo, a través de cualquiera de sus actos, bajo la noción de extorsión institucionalizada.

El Estado moderno ha pretendido justificar el despojo de los bienes de los individuos, bajo un halo de legalidad creando instituciones tales como la expropiación, el dominio eminente, el decomiso, la extinción de dominio, el embargo, y, de manera primordial, el cobro de contribuciones.

Por tal motivo, hay que decirlo fuerte y claro, la propiedad es un derecho humano que le corresponde originariamente al individuo y no al Estado. Así lo han conceptualizado diversos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 21 reconoce expresamente este derecho.

Incluso cabría cuestionar el derecho que le reconocen la mayoría de las Constituciones a sus respectivos Estados nacionales para expropiar por causa de “utilidad pública”.

¿Qué es la utilidad pública? ¿Quién la define? ¿Cómo evitar el uso paternalista de este tipo de medidas que sólo propician autoritarismo, corrupción y despilfarro?

En mi opinión, deberíamos derogar de nuestro léxico jurídico todos los mecanismos de apropiación ilegítima a favor del Estado y retornar al modelo del Estado mínimo, puesto en práctica durante gran parte del siglo XIX en todo el mundo y retomado teóricamente por Robert Nozick.

Dicho Estado caracterizado esencialmente por una interferencia mínima del gobierno en turno sobre la vida de los individuos, sólo estaba dedicado a garantizar la seguridad y el orden público a través de las policías y los tribunales.

El Estado es el peor administrador de dinero, partiendo del monopolio que mantiene sobre la emisión de moneda de curso legal. La extorsión institucionalizada del Estado sólo beneficia a sus propias élites de burócratas, que viven del dinero ajeno.

Es hora de impulsar todo tipo de iniciativas legislativas y políticas en México, que permitan al individuo disponer libremente de su propia propiedad, sin interferencias ilegítimas del Estado.

Reconocer el derecho humano a la propiedad privada en nuestro Artículo 27 constitucional, como lo ha propuesto el Senador Francisco Búrquez, sería la estocada final al régimen paternalista, clientelar y corporativista que se impuso durante el siglo XX por medio de la Constitución de 1917.

De igual modo, eliminar la institución del ejido, una institución propia de una economía feudal de corte mercantilista, sería otro gran avance a favor de la propia libertad patrimonial de miles de campesinos, agricultores y ganaderos, que viven directamente de los frutos de la tierra.

Debemos avanzar de una economía de monopolios y señores latifundistas a una economía de libre competencia y orgullosos pequeños propietarios. La sociedad lo demanda, el sentido común lo exige. Los derechos de la propiedad privada son claves para la prosperidad económica de cualquier país.

[1] Adam Smith, Lectures on Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1978), pág. 5.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Mario Fernández Márquez

Abogado, Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especializado en el Sistema de Justicia Penal de los Estados Unidos y en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos de opinión en la revista Nexos en Línea, la revista Pandecta de la Escuela Libre de Derecho y el Periódico Reforma

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