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El empresario y la corrupción

Por: Oscar Ríos


Existe una idea muy errónea en México sobre la corrupción. Si le preguntamos a los primeros 10 ciudadanos que se nos crucen caminando, apuesto sin temor, que los 10 dirían que el gobierno es el principal promotor de la corrupción en el país. Lo cierto es que la corrupción no es culpa única y exclusivamente del sector público. La iniciativa privada tiene las manos muy sucias en esto. Los empresarios tienen también gran culpa de esta situación que lleva presentándose por años.

Es irónico saber que tanto el político como el empresario suelen ser igual de corruptos. Es cosa de ambos. Oferta y demanda. Si uno no quiere, la intención del segundo no debería cumplirse.

La corrupción entre empresa y gobierno se ve reflejada desde el acto o trámite burocrático más insignificante, como dar mordida al policía de tránsito para evitar multas; dar dinero por una licencia de uso de suelo que no debería ser otorgada de conformidad con la normativa correspondiente.

Foto: elpoderdelapalabra.com.mx
Foto: elpoderdelapalabra.com.mx

Dichos actos de corrupción tienen consecuencias atroces. Suena incluso tonto, pero es complemente real y alarmante: la corrupción mata. El pasado temblor del 19 de septiembre es el ejemplo perfecto de que la corrupción es un gran asesino. Existen inmuebles en la Ciudad de México que no cumplen con la normativa y reglamentación obligatoria para estar de pie y las consecuencias ya las vimos. El enriquecimiento ha llegado al punto de que al ser humano pierda su conciencia y le tenga sin cuidado alguno el bienestar de su vecino.

Para todo esto, el pasado mes de julio de 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, está conformado por distintos órganos de gobierno que trabajan conjunta y coordinadamente para investigar, detectar y sancionar hechos de corrupción. Muchos pensarán que es un sistema dirigido específicamente para funcionarios públicos. Pues no, no del todo. El Sistema Nacional Anticorrupción también perseguirá a sujetos pertenecientes a la iniciativa privada.

Si considera, lector, que la empresa no tiene relación alguna con la corrupción, permítame decirle que la Encuesta sobre Fraude en México (2010) establece que el delito de

“fraude en el sector interno tiene una incidencia de 75% (casi 8 de cada 10 empresas que operan en México han padecido cuando menos un fraude en los últimos doce meses)”[1] por mencionar un caso, nada más.

Me gustaría dedicar este artículo a todos y cada uno de los empresarios en México y a las Cámaras Empresariales. El nuevo marco jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción da nacimiento a una nueva serie de obligaciones que el empresario debe cumplir para evitar responsabilidades administrativas e incluso penales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 109, fracción IV, establece que las personas morales serán sancionadas por faltas administrativas graves cometidas por personas físicas que actúen en su nombre o representación; es decir, socios, accionistas y representantes legales. Esto obliga al empresario a acatar una serie de acciones denominadas “políticas de integridad” para que su empresa cumpla con los estándares de detección, investigación y combate a la corrupción, y así evitar sanciones y responsabilidades. Dichas políticas de integridad pueden verse en el Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cuales consisten en crear un manual de organización y procedimientos; códigos de conducta; sistemas de control, vigilancia y auditoría; sistemas de denuncia interna así como denuncias a autoridades competentes; entrenamiento y capacitación; políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generan un riesgo a la integridad de la corporación y; mecanismos de transparencia y publicidad de sus intereses.

La dimensión de esta responsabilidad para empresarios es abismal. Todos tienen la obligación, pero sobre todo, el deber de implementar estas acciones para contribuir al combate a la corrupción y para evitar también, sanciones a su empresa e incluso, la cárcel.

[1] México: Anatomía de la Corrupción, María Amparo Casar, pág. 27. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/2015_Libro_completo_Anatomia_corrupcion.pdf

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Oscar Ríos

Licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Estudiante de maestría en defensa fiscal y administrativa. Oscar es un joven abogado que se ha desempeñado tanto en el ámbito público como en el privado. En el ámbito público trabajó en la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente se desempeña como abogado postulante en materia administrativa, familiar, penal, propiedad intelectual y migración. Es también asesor externo de distintas empresas a lo largo y ancho del país y miembro de diversas Asociaciones Civiles. Es columnista en el Diario de Yucatán, La Jornada Maya y colaborador del CIDE en el apartado denominado “Derecho en Acción”.

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