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El factor ‘corrupción’ en Norteamérica

Por Carlos Guerrero


El nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos presenta un novedoso marco normativo y de política pública en materia de combate a la corrupción. Para el caso mexicano, el reto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es asumir la trascendencia de su contenido y, en tanto tratado internacional, adaptar o incorporar a la ley mexicana los parámetros fijados en ese acuerdo trilateral, y robustecer al recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción.

Hace un par de semanas los gobiernos de los tres países de América del Norte anunciaron “con bombo y platillo” el acuerdo logrado entre sus equipos negociadores para establecer las nuevas reglas comerciales en la región. Se trata de la modernización de los estándares previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés), y representa el esfuerzo conjunto por profundizar la integración productiva en ese hemisferio.

Fuente: Forbes México
Fuente: Forbes México

El U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA), pendiente de ratificación por los Congresos de cada uno de esos países, prevé cuestiones relacionadas con las industrias automotriz y de la leche, con la difusión de la cultura, con el medio ambiente, el comercio digital, así como con los mecanismos de resolución de disputas, entre otras disposiciones. En particular, el capítulo 27 del USMCA prevé una novedosa regulación en materia de combate a la corrupción.

La importancia de ese capítulo no solamente es que innova (el TLCAN de 1994 no contemplaba una regulación para combatir la corrupción en el comercio regional), sino también que fija nuevas obligaciones a los tres Estados en materia de prevención y sanción de actos de corrupción. Ello implica que los tres gobiernos deberán incorporar las nuevas medidas a sus sistemas jurídicos y hacerlas aplicables a sus ciudadanos y empresas.

Para México, algunas de estas medidas podrían no ser un desafío pues, por ejemplo, en sus leyes ya se prevé como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros o la malversación de fondos, y ya también se prevén sanciones ante su comisión (tanto en materia penal, como administrativa).

Sin embargo, otras importantes medidas contenidas en el tratado internacional aún no forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano. Por ello, para cumplir con los nuevos estándares el gobierno mexicano deberá promover la aprobación de una extensa regulación en materia de protección de denunciantes (pendiente internacional que recientemente relaté en la Revista Nexos) y deberá legislar para que la Administración Pública fomente la integridad de los miembros del Poder Judicial.

Además, para prevenir la corrupción, el gobierno de AMLO deberá promover la participación activa del sector privado (ONG’s, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias) para que éste asesore a compañías en el desarrollo de controles internos para la detección de sobornos y actos de corrupción en materia de comercio; para que fomenten que empresas revelen sus programas de ética y cumplimiento de normas y para que diseminen información relativa a la corrupción; para que lleven a cabo programas de educación y actividades informativas, entre otras cuestiones.

Lo anterior pone de manifiesto el interés de la región de contar con más herramientas para prevenir y controlar actos de corrupción, con un mejor esquema de cooperación, coordinación e intercambio de información entre las agencias anticorrupción, y con la necesaria labor conjunta entre los gobiernos y sus ciudadanos.

El papel de México frente al nuevo USMCA es de la mayor trascendencia, pues su cumplimiento no solamente confirmará su compromiso internacional en materia de comercio y de control de la corrupción, sino que pondrá de manifiesto el eminente papel de la sociedad civil en la lucha contra ese fenómeno.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos Guerrero

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en gobierno y administración pública por la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha ejercido profesionalmente desde firmas de abogados y desde la organización no gubernamental que cofundó, en temas relacionados con consultoría y litigio estratégico para la mejora del desarrollo gubernamental. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho.

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