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El fomento o contención de malas prácticas electorales

Por: Diego Posadas



Tan sólo se tiene que voltear a ver al pasado reciente para tener una idea de lo que se podrá observar el próximo año. Las elecciones locales de este 2017, particularmente las del Estado de México y de Coahuila, dieron muestra de prácticas que de ningún modo se podrían considerar deseables para el desarrollo del proceso de elección de autoridades: la actuación parcial de instituciones estatales a favor de un candidato, la proyección de la política social como ocurrencia de un gobernante o un partido y la presión sobre el elector para dar su voto a cambio de dádivas presentes o futuras.

Foto: zocalo.com.mx
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Hay que reconocer que producto de semejantes experiencias, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en septiembre una resolución en la que se establecieron criterios para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos y la equidad en la contienda, en la cual entre otras cosas, se plantea como ilícito la entrega de tarjetas u otro instrumento a través del cual se ofrezca un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en el futuro, condicionado a un cierto resultado electoral.[1]

Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó los criterios del INE en sentencia del pasado octubre, tras ser impugnados por el PRI y el PVEM. Uno de los argumentos de la revocación fue que la regulación del INE resultaba innecesaria al existir ya disposiciones legales que establecen limitaciones y restricciones para que la equidad de la contienda electoral no se vea afectada.[2]

La postura del TEPJF se asemeja a lo que Irma Méndez de Hoyos califica como manipulación de las leyes electorales (idea que es aplicada en el marco de diseño de las leyes), en la cual la disminución de costos aplicados a malas prácticas electorales, mediante prohibiciones y castigos laxos, dota de rentabilidad a dichas prácticas.[3]

Foto: planoinformativo.com
Foto: planoinformativo.com

Con tal idea, la consideración de ‘innecesarios’ que hizo el Tribunal respecto de los criterios del INE no parece adecuado; más aún cuando la existencia de la reglamentación que señala el TEPJF a todas luces no ha sido suficiente para garantizar la equidad en las contiendas. Definitivamente los criterios del INE no tendrían el efecto de eliminar de tajo las malas prácticas que buscaban restringir, pero bien podían ser vistos como un paso en el camino a desincentivar su uso. Por el contrario, la decisión de revocación del Tribunal da pie a que dichas prácticas se sigan utilizando; cuestión que se repitió con la sentencia con la que el TEPJF revocó la sanción que el Tribunal Electoral de Estado de Coahuila dictó a la coalición encabezada por el PRI por la mecánica de repartición de tarjetas “Mi Monedero Rosa” en la campaña.[4]

La existencia de castigos y prohibiciones en la ley no es suficiente. Méndez advierte que en un contexto de fragilidad institucional y de débil estado de derecho, los costos que impriman las leyes pueden evitarse.[5]

¿En qué condiciones el país habrá de enfrentar las elecciones del próximo año? Me parece que Ricardo Raphael, con pocas palabras lo indicó al referir la coincidencia perniciosa de dos variables: 1) baja reputación de los políticos y 2) costos infinitos de la derrota electoral.[6] Es decir, con la perspectiva de ser perseguido por el adversario vencedor, el político estará dispuesto a todo ya que no tiene que preocuparse por su reputación que está en los suelos. Elementos potenciados por el contexto de violencia, fragilidad institucional y de estado de derecho.

Así entonces, los elementos que se colocan como trasfondo de la etapa de campañas apuntan a un proceso con serias limitaciones en términos democráticos. ¿Es inevitable que eso suceda?

No se podrán eliminar de una vez y para siempre las malas prácticas electorales, pero la contención y eventual supresión de estas se puede lograr, con la creación y aplicación de normas que las desincentiven, mediante la sanción efectiva a responsables intelectuales y materiales, y fundamentalmente, por una participación ciudadana activa.

Lo pienso fundamentalmente para el caso de las prácticas de instituciones estatales y funcionarios públicos: El poder que pueda tener la norma para disuadir el recurso a malas prácticas institucionales, bien puede ser potenciado con una ciudadanía que tenga los mecanismos adecuados para la participación, de tal manera que efectivamente incida como vigilante y regulador de la operación de las instituciones en el uso de sus recursos y en favor de un actuar imparcial durante los procesos electorales.

[1] Véase la resolución INE/CG398/2017, p. 76-79.

[2] Véase una síntesis del resto de los argumentos del TEPJF en la sentencia SUP-RAP-0607-2017, aprobada con seis votos a favor y uno en contra, p. 47.

[3] Irma Méndez de Hoyos, “La manipulación del marco legal de las elecciones en América Latina entre 2000 y 2012: una aproximación metodológica”, en Foro Internacional, vol. LVII, núm. 3, julio-septiembre, 2017, p. 642.

[4] La argumentación de TEPJF puede consultarse en la sentencia del 24 de noviembre SUP-JRC-0388-2017, aprobada con seis votos a favor y uno en contra, p. 35-38.

[5] Irma Méndez de Hoyos, op. cit., p. 657.

[6] Reflexión hecha en programa de televisión. Véase “Observatorio semanal. Los medios de comunicación en México con Pedro Salazar” https://www.youtube.com/watch?v=qb61RXW_B1s.

Diego Posadas realizó estudios en la licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participa como investigador en el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C. Temas de interés: política social, desigualdad y pobreza.

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Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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