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El nuevo debate que lograría alejarnos de la lucha anticorrupción

Por: Ana Gómez


El próximo 4 de febrero llega a la Ciudad de México la “Caravana por la Dignidad”, marcha convocada por el gobernador chihuahuense, Javier Corral, después de haber denunciado a principios de enero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estaba proveyendo a Chihuahua el presupuesto público correspondiente. El gobernador afirma que las mismas autoridades hacendarias afirmaron que no asignarían los recursos hasta tener más información acerca de la investigación que vincula a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI, con la desviación de recursos durante la administración de César Duarte. Lo anterior llevó a Corral a denunciar que la SHCP decidió no proveer al estado de Chihuahua como “un castigo” ante la detención de una figura clave del partido político del Estado.

Foto: expansion.mx
Foto: expansion.mx

Ante estas declaraciones, el presidente Enrique Peña Nieto replicó que las acusaciones de Corral son sólo una estrategia para los procesos electorales del presente año. Ante esto, el debate ha dado un giro hacia la pregunta, ¿el gobernador Corral lidera una lucha legítima en contra de la corrupción o aprovecha las investigaciones del caso César Duarte para fines políticos? A mi parecer, es difícil conocer las intenciones del gobernador. Sin embargo, Corral pudo haber evitado este nuevo debate de haber dejado la lucha en manos de la sociedad civil.

Aunque la denuncia a la SHCP por parte de Corral fue clave para enfatizar la gravedad del escándalo de corrupción en el estado, habría sido favorable que el mandatario no se autoproclamara líder del caso y dejara el mando a organizaciones de la sociedad civil. Dado que éstas están conformadas por ciudadanos que no ocupan cargos políticos y declaran ser independientes de instancias de gobierno, difícilmente podría percibirse al movimiento como un mecanismo relacionado al proceso electoral. Esto no sólo evitaría que el caso perdiera legitimidad, sino que habría evitado el cese de apoyo por parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Foto: Proceso
Foto: Proceso

En una entrevista, Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, explicó que el CPC acordó apoyar al gobernador debido a que es parte de “sus facultades” dentro de la lucha anticorrupción. Este primer apoyo del SNA al caso Chihuahua debemos verlo como un triunfo para la sociedad civil debido a que representó la institucionalización de la participación ciudadana en la rendición de cuentas. Sin embargo, la presidenta afirmó que posteriormente decidieron retirar el apoyo debido a que el movimiento había tomado un carácter político y, dado el carácter independiente del comité, su trabajo debe estar enfocado en apoyar las demandas de la sociedad civil y no a aquellas causas que favorecen a cierto grupo político. El cese del apoyo de una institución como el SNA tiene dos graves consecuencias. Primero, aleja en cierta medida la participación ciudadana de la exigencia de rendición de cuentas ante un grave caso de corrupción. Segundo, confirma cierta ilegitimidad en el movimiento encabezado por el gobernador Corral.

Foto: noticiaschihuahua.mx
Foto: noticiaschihuahua.mx

En suma, es complicado afirmar el carácter de las intenciones de Javier Corral; sin embargo, era posible evitar un debate como el que ha surgido de haber permitido que la sociedad civil tomara el liderazgo del caso. Las implicaciones de esta nueva discusión son peligrosas, sobre todo para los miles de chihuahuenses cuyas vidas han sido afectadas por el desvío de millones de pesos originalmente destinados para el desarrollo de este estado. Al enfocar el debate en la legitimidad de Corral, existe el riesgo de dejar pasar un caso más de corrupción de este sexenio.

Ana Gómez. Miembro de Participando por México. Estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Interesada por temas de movimientos sociales, sistemas electorales, desigualdad social y equidad de género.

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