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El país improductivo

Por Carlos Guerrero


Hace algunos días el Mexico Institute del Wilson Center en Washington, D.C. presentó el libro Esfuerzos mal recompensados. La elusiva búsqueda de la prosperidad en México, cuya autoría corre a cargo de un gurú de las políticas públicas sociales y económicas, Santiago Levy Algazi.

En el libro, el exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social y actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo cuestiona las razones por las cuales en un periodo de tiempo definido (1996-2015) México no ha tenido un crecimiento significativo, no obstante que en ese transitar los mexicanos han logrado mejores niveles educativos, el capital humano ha sido mucho mayor, la macroeconomía ha sido lidiada de manera efectiva y se han llevado a cabo reformas estructurales para mejorar la eficiencia.

Fuente: Brookings Institution
Fuente: Brookings Institution

El quid de esta problemática, aplicable en buena medida a la mayoría de los países de Latinoamérica, es que no existen condiciones que permitan la productividad. El autor representa esa deficiencia a través de la fórmula “L, T, M” que por sus siglas en inglés hace referencia a las relaciones empresario-trabajadores (o Labor Conditions), a la dimensión de los impuestos (o Taxes) y al mundo de las condiciones de trabajo (o Market Conditions).

En esos términos, el también exsubsecretario de la Secretaría Hacienda y Crédito Público de México explica que el marco normativo fomenta que las empresas contraten menos trabajadores –el 92 por ciento de las empresas tienen sólo de uno a cinco trabajadores– y que esa contratación se haga de manera informal –a efecto de evitar el pago de cuotas en materia de vivienda o de seguridad social, y de facilitar el despido de trabajadores–.

Por su parte, el vicioso conglomerado de leyes incentiva que las empresas que acumulen menos ganancia paguen impuestos con base en un menor porcentaje, que aquellas que acumulan más ganancia. El efecto natural de ello es que se genere desinterés por parte de los empresarios para crecer y producir “más de la cuenta”.

Además, en tanto que se ha normalizado la ilegalidad de este tipo de empresas, es naturalmente rentable para cualquiera invertir en ellas –en lugar de hacerlo en una empresa que cumple con las obligaciones laborales y paga más impuestos– aunque no sean tan productivas.

El resultado es que “empresas improductivas permanecen en el mercado mientras que empresas productivas salen o no consiguen crecer”, según afirmó Santiago Levy en su exposición.

Esta denominada “mala asignación de recursos” tiene cuatro soluciones: (1) desvincular la seguridad social del estatus “asalariado” o “no asalariado” de los trabajadores –puede encontrarse en Nexos la propuesta icónica de Levy sobre la creación de una contribución única para la “seguridad social universal” con la misma mecánica que el IVA–; (2) reemplazar las indemnizaciones por despido, por un seguro de desempleo moderno; (3) eliminar todas las exenciones al IVA y; (4) aumentar la autonomía de las instituciones jurídicas encargadas de asegurar el cumplimiento de los contratos.

En otras palabras, las reformas necesarias para aumentar el crecimiento y la productividad se relacionan con impuestos más eficientes, un mejor sistema de seguridad social y protección laboral y mejores instituciones jurídicas.

Valdría la pena cuestionar cómo es que la reciente reforma en materia de combate a la corrupción podría abonar a esta propuesta, y con qué ojos es vista la tesis de Levy por parte de Andrés Manuel López Obrador de cara a la llegada de la Cuarta Transformación. No hay lugar a duda que estamos en el mejor momento para que propuestas de todos los sectores se tomen en cuenta para el próximo ejercicio de gobierno.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos Guerrero

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en gobierno y administración pública por la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha ejercido profesionalmente desde firmas de abogados y desde la organización no gubernamental que cofundó, en temas relacionados con consultoría y litigio estratégico para la mejora del desarrollo gubernamental. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho.

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