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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas

Por: Carlos López Kramsky



En los últimos años se ha dado un crecimiento importante de registros nacionales derivados de leyes específicas. Su intención es acumular la información generada en todo el país sobre una problemática concreta y, con ello, formular políticas públicas que coadyuven en su solución. Los registros han existido desde hace muchos años, ejemplo de ello son el Registro Federal de Contribuyentes que nos permite pagar impuestos, o el Registro Nacional de Población, que emite la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Foto: heraldodemexico.com.mx
Foto: heraldodemexico.com.mx

Pero desde 2013, los registros han ido transformándose desde esos planos generales de operación hacia esquemas focalizados que tratan de atender a un sector de la población, creando sistemas registrales que cubren todos los ámbitos de competencia. El primer gran sistema fue el Registro Nacional de Víctimas, a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se alimenta con la información que le proporciona el Registro Federal de Víctimas y los Registros Locales de Víctimas de las entidades federativas. Si bien aún hay muchos Estados que no cuentan con un Registro Estatal, la infraestructura legal para la conformación de un gran sistema registral en materia de atención a víctimas ya está dada.

Pero hay un nuevo sistema que está llamado a destacar por su complejidad, por la diversidad de la información que concentrará y por la altísima operación que tendrá en el futuro mediato: el sistema registral que es creado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante la Ley General)

El capítulo séptimo de la Ley General establece las bases para la creación de un gran sistema registral que se conforma por: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que estará a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda y que tendrá como objeto proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas; el Registro Nacional de Personas Fallecidas, No Identificadas y No Reclamadas, y el Banco Nacional de Datos Forenses, ambos a cargo de la Procuraduría General de la República, que contendrán información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

Foto: sipse.com
Foto: sipse.com

Tal y como está planteado en la Ley General, el sistema registral en materia de desaparición es un salto evolutivo por varias razones: i) evitará el problema insalvable del fuero y de la creación de registros en las entidades federativas; un solo sistema registral nacional concentrará la información de todo el país sin importar fuero del delito o lugar de los hechos; ii) este sistema registral se volverá faro y piedra angular de toda la operación de búsqueda de personas desaparecidas en toda la nación; y iii) implicará la interoperabilidad electrónica entre los dos registros nacionales y el Banco Nacional, así como con las autoridades ministeriales, el Registro Nacional de Víctimas, los registros estatales de víctimas y demás autoridades que se requieran para la atención de las personas afectadas por el delito.

No es difícil apreciar la importancia de estos registros; por ello, el 16 de noviembre pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto mencionó, en el acto de promulgación de la Ley General, que a más tardar en 60 días se iniciaría la implementación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas; este plazo fenece en enero de 2018 y el sentido de urgencia en este tema no podría ser mayor.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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