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El reto de la seguridad privada en América Latina

Por: Aram Barra



América Latina es la región más violenta del planeta. De las 20 ciudades más violentas del mundo, 17 están en nuestra región, así como cuatro de los cinco países más violentos, según las estadísticas más recientes. La violencia es tan virulenta que muchos países de la región han optado por responder con el uso de las fuerzas armadas. Sin embargo, ninguno de los países más violentos de América Latina se considera en estado de conflicto armado.

Foto: diariolostuxtlas.com
Foto: diariolostuxtlas.com

Esta violencia e inseguridad, impulsadas por la corrupción gubernamental, el crimen organizado, los traficantes ilícitos, las pandillas callejeras y, en ocasiones, los grupos paramilitares vinculados a las fuerzas gubernamentales, ha provocado un enorme crecimiento de la industria de la seguridad privada en toda la región. Un reciente estudio del Inter-American Dialogue resume en su título el reto regional: la seguridad [está] a la venta.

En América Latina y el Caribe hay más de 16,000 empresas militares y de seguridad privadas que emplean a aproximadamente 2,4 millones de personas. Si bien en todo el mundo los guardias de seguridad privados superan en número a los policías, la brecha es mucho mayor en América Latina. En Brasil, la relación es de cuatro a uno, en Guatemala, de cinco a uno, y en Honduras hay casi siete guardias privados por cada policía.
Algunas de estas empresas militares y de seguridad privadas son contratadas por gobiernos para proporcionar capacitación, equipo y servicios a las fuerzas de seguridad pública. Varios gobiernos extranjeros, especialmente los Estados Unidos, contratan este tipo de empresas privadas para que brinden asistencia a las fuerzas de seguridad pública y combatan a criminales y terroristas en varios países de América Latina.

Pero el trabajo de las empresas militares y de seguridad privadas se concentra en su trabajo para el sector privado, no para gobiernos locales o extranjeros. Los guardias de seguridad de casi todos los centros comerciales, bancos y oficinas en América Latina son la presencia visible de este negocio multimillonario. Un ejercito privado al servicio de las élites económicas y empresariales.

Estos guardias privados son los que manejan la protección ejecutiva de empresarios locales y de líderes extranjeros que viajan por la región. De manera menos visible, también se encargan de la seguridad de transporte de carga, los campos petrolíferos y sus tuberías, así como proyectos de la industria extractiva y agroindustrial.

En México en el 2017 había 3 mil 977 agencias de seguridad privada que, según un estimado de la organización Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), valían como sector cerca de $1.5 billones de dólares. Ese número es 180% más alto que en el 2012 y crece cada año incluso excluyendo al sector informal.

Si bien todos los países de América Latina cuentan con reglas para la concesión de licencias y registro de empresas de seguridad privada, la existencia y el crecimiento de empresas y personal sin licencia es un desafío importante. Debido a las pocas consecuencias de no registrarse y el alto costo financiero de hacerlo, hay exiguos incentivos para que las compañías se registren, haciendo casi imposible estimar su tamaño real o monitorear sus actividades.

En México, por ejemplo, se cree que cerca de 8 mil compañías brindan servicios de seguridad privada sin haberse registrado con el gobierno. Esto es aproximadamente el doble del número de compañías legalmente registradas. Varios cientos de miles de personas proporcionan servicios de seguridad o guardia sin estar registrados. Según CNSP, al menos el 80% de las empresas de seguridad privada operan fuera del marco legal.

El rápido crecimiento global de esta industria ha recibido poca atención por parte de legisladores que en ocasiones han visto en estas empresas parte de la solución ante la inseguridad y violencia. Sin embargo, los débiles marcos legales y su falta de supervisión y aplicación ha llevado a casos en los que la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza no han sido controlados.

La industria de la seguridad privada también genera una desigualdad de seguridad. Las empresas e individuos adinerados gastan en su seguridad individual a la vez que pagan poco en impuestos que financiarían la seguridad colectiva que beneficiaría a la sociedad en general. Mientras tanto, la industria de seguridad privada quita personal calificado a las fuerzas de seguridad del gobierno, dejándoles poco personal y forzados a contratar y entrenar a personal menos experimentado.

Como bien concluye el Inter-American Dialogue, a diferencia de la financiación de mejores servicios de seguridad pública, la seguridad privada no aborda la impunidad, una de las causas principales de la epidemia de violencia en América Latina. Al permitir a las élites comprar escapes a la inseguridad de sus países (o al menos darles la impresión de que pueden hacerlo), la proliferación de empresas de seguridad privada puede reducir los incentivos políticos y los recursos gubernamentales necesarios para fortalecer las fuerzas de seguridad pública y las instituciones judiciales que tanta falta nos hacen.

La seguridad privada es un parche que, en menos de lo que nos damos cuenta, se volverá un importante reto para la seguridad pública. Otra conversación que no hemos empezado incluso a vislumbrar pero que se pone en la mesa cada vez de manera más urgente.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Aram Barra

Internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

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