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¿Erradicar la corrupción?

Por Gabriela Nava


Durante la campaña que lo llevó finalmente a ganar las elecciones del pasado 1o de julio, Andrés Manuel López Obrador hizo de la corrupción uno de los temas centrales de su discurso al atribuirle la responsabilidad de prácticamente todos los problemas del país. AMLO se comprometió, no a combatir la corrupción de manera más eficaz, sino a erradicarla de la función pública. La promesa encontró un gran escepticismo – no injustificado – en parte por la enorme complejidad del problema y las limitaciones propias de los tiempos políticos, pero también porque no se ofrecían acciones concretas que en su conjunto formaran una política anti-corrupción. 

A poco más de un mes de haber ganado la contienda electoral, el presidente electo y su equipo siguen sin aportar suficientes elementos que permitan a la ciudadanía entender cómo se va a enfrentar ese gran problema. Se ha insistido en la austeridad republicana, la aplicación cabal de la ley, y la honestidad como forma de vida, pero para un grupo importante de ciudadanos, eso no sustituye a los mecanismos concretos, los instrumentos de política, o las instituciones.  La resistencia a realizar reformas adicionales al Artículo 102 de la Constitución para permitir la selección de fiscalías independientes en los términos propuestos por colectivos de la sociedad civil ha resultado muy preocupante para muchos ciudadanos, observadores y expertos que ven en ello una inclinación a mantener el control político sobre las investigaciones federales en general, así como sobre aquéllas vinculadas a hechos de corrupción en lo particular. 

Fuente: Twitter @lopezobrador_
Fuente: Twitter @lopezobrador_

Parte de la explicación podría encontrarse en que AMLO y su grupo más cercano entienden la corrupción desde ángulos diferentes a los de quienes han manejado la agenda anti-corrupción en el país hasta ahora y, por tanto, derivan prioridades de política pública también distintas. De ahí que entender la perspectiva del próximo nuevo gobierno sea indispensable para arrojar alguna luz sobre la manera en que se enfrentará – o no – este grave problema en el próximo sexenio.

En palabras de Irma Eréndira Sandoval, próxima titular de Función Pública y pieza clave de la estrategia lopezobradorista, la corrupción en México no es un problema cultural o de economía del comportamiento, es, por el contrario, un problema estructural derivado de una combinación de abuso de poder, impunidad y exclusión social. El abuso no resulta de la concentración del poder y la discresionalidad (como se sustenta en otras propuestas) sino de un proceso de “dominación social” por parte de grupos de interés que han capturado al Estado para su beneficio y perpetúan su enriquecimiento a través de un complejo entramado institucional que abarca los ámbitos político, burocráctico, económico y judicial. En este esquema de gobernanza, la élite en el poder (funcionarios de gobierno, políticos, jueces y agentes del sector privado) opera con impunidad a costa del interés público. Lo anterior se refleja en un acceso muy limitado (o inexistente) de la mayoría al poder político, los medios económicos y la impartición de justicia. 

Uno puede estar o no de acuerdo con la perspectiva estructural de la corrupción pero hay que reconocer que ésta resalta elementos hasta ahora poco considerados en el debate sobre políticas de combate a la corrupción. Me refiero aquí especialmente a la idea de la “captura del Estado” pues ésta tiene dos implicaciones fundamentales. Primero, retira el énfasis en la corrupción como un fenómeno que se observa predominantemente en el sector público para asignar un papel protagónico a los que considera “grupos económicos privilegiados”: actores que han visto incrementar su participación en lo público de manera vertiginosa a través de figuras diversas, entre las que destacan las alianzas público-privadas. Segundo, sugiere un aparato estatal incompetente y débil, poblado por funcionarios incapaces de resistir la oportunidad de enriquecimiento ilícito que supone la interacción con poderosos intereses económico-financieros, o que simplemente actúan como operadores de los mismos.

De lo anterior se desprende que la prioridad para AMLO no está necesariamente en identificar y castigar delitos de corrupción individual sino en desmantelar el entramado público-privado que alienta y solapa dichos actos en primer lugar. La prioridad no está en independizar del Ejecutivo a las instancias encargadas de investigar y perseguir delitos, sino en fortalecer las capacidades de ese Ejecutivo para fiscalizar y regular el uso de los recursos públicos. Más que proponer una política de integridad para el servicio público, se insiste en que será gobernar con ejemplo de austeridad y honestidad lo que detonará el cambio en el gobierno.

Dejar la conducción de la economía y las finanzas nacionales en manos de reconocidos expertos académicos sin vínculos aparentes con grupos de interés, buscar la revisión de contratos millonarios en sectores estratégicos, querer desarticular (y legislar) conflictos de interés, y centralizar las compras y los contratos públicos son todas propuestas que ilustran los puntos anteriores. Se han anunciado algunos otros proyectos que podrían complementar la estrategia anticorrupción lopezobradorista. Uno de ellos busca utilizar nuevas tecnologías de información para facilitar el monitoreo ciudadano de la actividad gubernamental, otro se enfoca en el servicio civil de carrera (lo que en principio podría abonar a la fortaleza y autonomía del Estado), y uno más se dirige a legislar sobre protección a informantes y denunciantes (whistleblowers). 

Falta conocer el detalle de todas las medidas anunciadas para entender mejor sus implicaciones y, por supuesto, todavía podrían definirse acciones y políticas adicionales. Sin embargo, frente a la complejidad y magnitud de una problemática que difícilmente se resolverá en seis años, la oferta lopezobradorista parece quedarse corta por varias razones (entre ellas los aspectos problemáticos de una visión estructural de la corrupción). Iré abordando todas éstas en próximas columnas pero por ahora me concentro en dos.

Por una parte, la propuesta de AMLO subestima la importancia de encarecer los costos de la corrupción, lo cual implica por lo menos aumentar las probabilidades de ser descubierto sin importar de quién se trate. Como se ha dicho repetidamente, esto se logra reforzando la capacidad de las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar los delitos de corrupción para hacer su trabajo de manera efectiva e independiente. Bajo el enfoque de la corrupción estructural estas instituciones en la actualidad podrían resultar poco confiables por estar “capturadas”. Esa no es razón suficiente para no tratar de reformarlas o, en su caso, diseñar otras nuevas.

Por otra, pensar que gobernar con ejemplo de austeridad y honestidad (objetivo sin duda loable) a nivel federal es suficiente para alterar viejas prácticas resulta ingenuo. En este sentido, resulta alentador que el próximo gobierno quiera profundizar en la profesionalización de los funcionarios públicos como parte de su estrategia anti-corrupción. Si bien aún no se conocen los detalles de esta iniciativa, vale la pena insistir en que para garantizar estándares mínimos de honradez y probidad en el servicio público hacen falta sistemas de incentivos, sanciones y reconocimientos, así como códigos de conducta claramente definidos y políticas organizacionales para gestionar riesgos y denunciar violaciones de manera segura y confidencial.

En suma, no es posible combatir (mucho menos erradicar) la corrupción sin contar con un andamiaje institucional adecuado, efectivo y transparente. Una última observación tiene que ver con el papel de la ciudadanía. La integridad pública también pasa por garantizar que la ciudadanía pueda, además de monitorear la actividad del gobierno, exigir cuentas sobre la misma y participar del desarrollo e implementación de políticas, temas en los que el gobierno mexicano ha quedado mucho a deber.

Veremos si la próxima administración se decide a invertir también en instituciones y en apertura.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Gabriela Nava Campos

Internacionalista, politóloga y especialista en políticas públicas egresada de El Colegio de México y las Universidades de Harvard y Northwestern. Ha sido funcionaria pública, profesora universitaria, editora, promotora de los derechos de las víctimas, y consultora en México, Brasil y Estados Unidos - donde radicó de 1998 al 2014. Actualmente se desempeña como consultora de negocios y políticas públicas en temas de gobierno abierto, impacto y gestión social, y análisis de riesgos socio-políticos.

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