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Igualdad jurídica

Por: Carlos López Kramsky



Cuando los abogados hablamos sobre derecho tenemos la tendencia a encriptar el lenguaje hasta un punto en el que nuestra jerga es incomprensible para los demás. Hablar de derecho se convierte entonces en una tarea apta solo para iniciados. Ésa es una de las razones por las que en el imaginario colectivo existe una gran distancia entre la ley y la realidad de la gente.

Creo firmemente que el derecho es un instrumento de cambio social. Hay corrientes teóricas que han estudiado este fenómeno desde hace décadas y sus resultados son palpables. Es irrefutable que el derecho, a través de las leyes, crea cambios en la sociedad.

Foto: scjn.gob.mx
Foto: scjn.gob.mx

Esta semana tuvimos una agenda mediática repleta de cuestiones legales; la más importante fue sin duda la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior que ha desatado elogios y críticas por igual. Pero también hubo otro importante acontecimiento jurídico que ha pasado casi desapercibido y que, en el tiempo, tendrá mucho mayor impacto que aquella ley; estoy hablando de la aprobación por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres tesis de jurisprudencia sobre la igualdad jurídica.

En este momento es válido preguntar, ¿por qué estas tres tesis sobre igualdad jurídica tendrán, a la larga, un mayor impacto que la estigmatizada Ley de Seguridad Interior? y la respuesta no es sencilla, pero trataré de hacerla digerible. La igualdad jurídica es un concepto que ha permanecido en el derecho durante mucho tiempo. Ha estado latente en nuestra Constitución y en muchas leyes, pero su impacto social ha sido limitado. Eso está a punto de cambiar.

La Primera Sala desglosa lo que ya todos los abogados sabíamos, la igualdad jurídica tiene una dimensión formal o de derecho, que se integra por dos componentes: i) la igualdad ante la ley y ii) la igualdad en la ley. Resumiendo, la igualdad ante la ley es lo que obliga a la autoridad a resolver de la misma manera los casos similares, lo que evita arbitrariedad o trato desigual. La igualdad en la ley obliga al legislador a que cuando apruebe leyes, éstas sean consistentes y proporcionales.

Pero la Primera Sala destaca la existencia de una segunda dimensión que prácticamente era ignorada por los abogados, la igualdad sustantiva o de hecho. A través de ésta se reconoce que nuestra Constitución no es ciega ante las desigualdades sociales, por lo que protege con medidas específicas a grupos en situación de vulnerabilidad. Esta dimensión busca remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.

El derecho a la igualdad sustantiva o de hecho puede violarse por acción cuando una autoridad obstaculiza el desarrollo de una persona o grupo o, por omisión, cuando la autoridad no realiza las acciones a las que está obligada para eliminar o revertir una discriminación estructural. Ambas violaciones permiten a la víctima demandar por la vía jurisdiccional a la autoridad violadora del derecho.

Foto: publimetro.pe
Foto: publimetro.pe

Bajo esta concepción podemos prever que en el futuro, la igualdad sustantiva o de hecho se convertirá en uno de los argumentos centrales para que grupos en situación de vulnerabilidad como pueblos indígenas, población LGBTTI, sujetos agrarios, población en condición de pobreza, etcétera, demanden acciones que eliminen esquemas discriminatorios estructurales que inhiben su desarrollo y eso, a la larga, puede tener un impacto enorme en la mejora de las condiciones sociales del país. El derecho tiene el potencial de convertirse, gracias a esta interpretación de la Corte, en el instrumento de cambio social más efectivo, que permita disminuir la pobreza, la desigualdad y la discriminación.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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