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¿Importa quién defiende los derechos humanos?

Por: Carlos López Kramsky



La última parte de esta serie de textos sobre los derechos humanos inicia con una pregunta inquietante: ¿en realidad importa quiénes son los titulares de las instituciones que los defienden? Respondo categóricamente, ¡claro que importa! y, más aún, afirmo que es uno de los temas fundamentales que deben discutirse de manera urgente.

En el contexto en el que se encuentran los derechos humanos que hemos revisado en las tres semanas anteriores, es claro que estructuralmente aún tienen mucho espacio para mejorar, pero no habíamos tocado aún el factor humano, que es el que puede ocasionar que, incluso con la mejor plataforma normativa y procedimental, aquellos no tengan el impacto deseado en la realidad humana.

Foto: educacionyculturaaz.com
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Durante muchos años, la lucha por construir un sistema de defensa de derechos humanos eficaz ha tenido al menos tres pistas simultáneas: i) la normativa y procedimental, que incluye las reformas constitucionales y legales que hemos analizado antes; ii) la institucional, que implica la consolidación de instituciones autónomas frente a los poderes ejecutivos y iii) la humana, que conlleva la forma de elegir a las personas que deben dirigir esas instituciones y encarnar la citada autonomía.

El modelo en el plano nacional ha sido el de elegir a personas con alto perfil, experiencia probada en la defensa de derechos humanos y que –al menos en el papel- aseguren que su actuar será acorde con la autonomía del ombudsman nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha cumplido, no sin complicaciones, con estos estándares básicos. No obstante, en las entidades federativas este modelo no ha funcionado del todo bien y ello parece ser consecuencia del procedimiento de elección.

El Artículo 102, apartado B, de nuestra Constitución y la Ley de la CNDH establecen que la elección del titular del ombudsman nacional corresponde al Senado de la República, el cual, en teoría, debe analizar la trayectoria y perfil de los aspirantes y escoger al mejor calificado para realizar esta labor. Un procedimiento similar se utiliza en los Estados, con la diferencia de que en estos, son los Congresos locales los que eligen al titular de las comisiones estatales de derechos humanos.

Foto: diariopuntual.com
Foto: diariopuntual.com

Pero lo que ha sucedido en realidad es que al dejar esta decisión a los poderes legislativos se crearon dinámicas que perjudican el objetivo original; hay que recordar que los senadores y los diputados locales normalmente obedecen a determinaciones e intereses de sus partidos políticos, lo que ha desembocado en que la elección de los ombudsman se politice. Así, este procedimiento que debería ser absolutamente técnico se convierte en una disputa entre partidos políticos, que deben alcanzar un consenso para votar al nuevo titular.

En los Estados la situación es aún más compleja, pues la fuerza que todavía tienen los gobernadores determina en muchas ocasiones la voluntad del poder legislativo, eligiendo a personas “cómodas” para el Ejecutivo Estatal. Este es el peor escenario que puede darse, pues las comisiones de defensa pueden convertirse en apéndices del gobierno que deberían controlar.

Nuestra propuesta para solucionar este problema es que, a través de una reforma constitucional, se elimine la facultad de los poderes legislativos para elegir a los titulares de estas comisiones y se nombren a través de elecciones abiertas, con voto directo, de la población. Sin duda esta opción también tiene riesgos, pero si consideramos que nuestra sociedad es madura como para elegir a un Presidente de la República cada seis años, ¿por qué no tendría la madurez para elegir al defensor de nuestros derechos?

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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#Opinóloga

Investigador cultural, gestor cultural y generador de cultura

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