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#JusticiaSinPretextos Fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia, ganamos tod@s

Por: Alejandra Gasca y Lizeth Lugo


Sistema de Justicia Tradicional Inquisitivo versus Nuevo Sistema Acusatorio y Oral

En el anterior sistema no existían o era imposible verificar si se aplicaban o no principios rectores; hoy día, son una bondad en el nuevo sistema de justicia penal. A continuación, algunos puntos a destacar, a partir del trabajo que realiza México Unido Contra la Delincuencia A.C., en materia de evaluación de la implementación del nuevo sistema.

  • Debido proceso y certeza jurídica (publicidad)

En el Sistema Inquisitivo anterior, el debido proceso y la certeza jurídica se basaban en formalidades legales y en el cumplimiento de las actuaciones dentro de los plazos, sin verificar la calidad de las mismas. Además, en el sistema anterior, existían fallas en el actuar de los sujetos procesales, pero éstas no eran visibles para la sociedad, todo quedaba entre los involucrados.

Hoy, gracias al principio de publicidad, el nuevo sistema de justicia penal da la oportunidad a la sociedad de observar, detectar y evidenciar la parcialidad en el actuar de las autoridades.

Actualmente, en cuanto al debido proceso y a la certeza jurídica, podemos detectar actuaciones con poca o nula calidad que evidencian la falta de capacidad de los operadores del sistema: juez, ministerio público, defensores, asesores jurídicos y policías.

Fuente: MUCD https://goo.gl/usHN7r
Fuente: MUCD https://goo.gl/usHN7r

Las deficiencias en el procedimiento penal se manifiestan fundamentalmente en la incapacidad de los sujetos procesales[1] para:

Ministerio Público

  • Realizar una adecuada investigación y así allegarse de los datos de prueba suficientes e idóneos.
  • Incorporar pruebas documentales a través de testigos.
  • Acreditar la participación del imputado en la comisión del delito.
  • Justificar la detención de los imputados.
  • Realizar contrainterrogatorios a testigos con la finalidad de evidenciar contradicciones y desestimarlos.

Defensor público

  • Contra-argumentar los datos de prueba, las medidas cautelares impuestas y los supuestos de flagrancia.
  • Elaborar una teoría del caso y así garantizar una adecuada defensa.

Asesor jurídico público

  • Representar los intereses de la víctima.
  • Ofrecer elementos de prueba.
  • Intervenir adecuadamente en las etapas del procedimiento.
  • Impugnar omisiones y negligencias del Ministerio Público.
  • Identificar la afectación y solicitar la restitución de los derechos, así como la reparación del daño a la víctima.
Fuente: MUCD https://goo.gl/usHN7r
Fuente: MUCD https://goo.gl/usHN7r
  • Principio de contradicción

 El Sistema Inquisitivo permitía -teóricamente- controvertir o confrontar los medios de prueba, sin embargo en la práctica, las actuaciones del Ministerio Público y Policía Ministerial estaban envestidas de fe pública, es decir, se valoraban como “prueba plena” y no se podían controvertir. Hoy día, el nuevo sistema permite una real confrontación de pruebas durante un juicio con miras a lograr certeza jurídica para las partes.

En este sentido, la contrarreforma planteada desde distintas voces, incluso pretende un retroceso mayor, pues se propone que la aportación de información indirecta que presenten policías en general como primeros respondientes, sin respaldo alguno o de un testigo, tenga valor probatorio con el simple registro de la actuación y a discreción del Juez. La contrarreforma además, pretende eliminar la posibilidad de apelar, lo que implica que si las partes pierden la oportunidad de apelación respecto a las resoluciones del Juez sobre: control de la detención, vinculación a proceso y las que excluyan algún medio de prueba, no habrá certeza jurídica.

En este sentido, se corre el riesgo de facilitar violaciones a los derechos humanos y reproducir malas prácticas que derivan en corrupción, en tanto, no contemos con operadores profesionales y bien capacitados.

  • Principio de presunción de inocencia

En el Sistema Inquisitivo (anterior), la prisión preventiva era aplicada a una gran cantidad de delitos, de ello derivaba la saturación del sistema penitenciario y por consecuencia, la imposible reinserción, pues las personas que llevaban un proceso sin haber sido sentenciadas, eran catalogadas como culpables por la sociedad y llevaban su defensa desde las cárceles. De hecho, esta medida no garantizaba que las personas que verdaderamente hubieran cometido un delito se responsabilizaran de su actuar y no había reparación del daño hacia la víctima.

El nuevo sistema de justicia, privilegia la presunción de inocencia como uno de sus principios, toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal en cualquier etapa del procedimiento, bajo la supervisión de medidas cautelares que garanticen la presencia del imputado en el proceso.

Cabe enfatizar en que: si estas medidas cautelares se aplicaran de la manera correcta, no sería necesaria una modificación del catálogo de delitos que ameritan la imposición de la prisión preventiva de manera oficiosa, como lo propone la contrarreforma.

Para detener la llamada “puerta giratoria”, no es necesario modificar el catálogo de delitos que ameritan la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Es fundamental crear un Sistema Nacional de Control y Seguimiento de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. A través de éste, los operadores podrán dar seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares y a las condiciones de las suspensiones condicionales del proceso impuestas.

No es necesario ampliar el catálogo de delitos para la imposición de la prisión preventiva oficiosa, pues existe la prisión preventiva justificada, al parecer desconocida por algunas voces que apoyan la contrarreforma. Ésta permite, en caso de ser necesario, que se lleve un proceso en prisión, pero para que esto ocurra, el Ministerio Público debe contar necesariamente con los datos de prueba para justificar la imposición de esta medida, en otras palabras, esta solicitud exige una mayor competencia en investigación y profesionalización de los operadores del sistema, es decir, “implica más trabajo y de calidad”.

No más ajustes a la ley, necesitamos profesionalizar el quehacer de policías, ministerios públicos, defensores, asesores jurídicos, jueces y todo tipo de servidor público relacionado con la operación del sistema de justicia, para acabar con la impunidad y hacer justicia a las víctimas. Urge una #JusticiaSinPretextos[2]

Alejandra Gasca es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha colaborado como asesora externa en diversas instituciones. Actualmente es Coordinadora de Atención a Víctimas en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Correo: a.gasca@mucd.org.mx. Lizeth Lugo es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ha colaborado en el área jurídica de distintas procuradurías estatales y federal. Actualmente, es Asesora Jurídica en el área penal en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Correo: l.lugo@mucd.org.mx

Fuentes sugeridas:

https://business.facebook.com/MUCD1/videos/1585862904770659/

https://twitter.com/MUCD/status/881196301572026368

[1] México Unido Contra la Delincuencia A.C. Evaluación 2016-2017, en Audiencias Públicas en Salas de Oralidad Penal https://goo.gl/usHN7r

[2] Conoce los planteamientos del Colectivo Ciudadano #JusticiaSinPretextos en: https://goo.gl/rcRcwW

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de México Unido Contra la Delincuencia

Asociación Civil no lucrativa, laica y ajena a los partidos políticos; con 20 años de experiencia en causas y acciones relacionadas con la seguridad, la justicia y la legalidad. Es una organización LÍDER en: ANÁLISIS de políticas de seguridad, legalidad y justicia. IMPLEMENTACIÓN de proyectos de Prevención Social de la Violencia, de Cultura de la Legalidad y de Empoderamiento Comunitario. INCIDENCIA en procesos relacionados con políticas de Seguridad Ciudadana, Atención a Víctimas del Delito, Cultura de la Legalidad y Política de Drogas en México.

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