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La atención a víctimas como dimensión de la seguridad ciudadana

Por: Carlos López Kramsky



La semana pasada hice un resumen sobre el IV Congreso Internacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que se llevó a cabo en Guanajuato, Guanajuato, el 21 y 22 de noviembre. Hay que destacar que de todas las ponencias que se presentaron, solamente una –la de éste que escribe- tuvo como centro la atención a las víctimas del delito como dimensión de la seguridad ciudadana, lo que permite inferir que incluso en foros especializados, las víctimas están aún en desventaja.

La seguridad como concepto ha tenido una evolución importante desde los años 90. Antes de esa década había dos grandes tendencias: la seguridad nacional, que tenía naturaleza eminentemente militar y estaba concentrada en la defensa exterior, y la seguridad pública que se abocaba a eliminar las amenazas creadas por la delincuencia. En esa década se inició la conformación de un concepto distinto, el de seguridad humana.

Foto: eldiariodevictoria.com
Foto: eldiariodevictoria.com

La seguridad humana es muy amplia, pues no solo comprende la seguridad entendida de manera tradicional, sino también la protección de los derechos humanos, así como la mejora de los factores de desarrollo humano como el combate a la pobreza, la garantía del acceso a la salud y a la educación, así como otros de carácter social que permiten una vida digna. Esta concepción ha sido muy difícil de cumplir por obvias razones.

Posteriormente se acuñó un concepto que se encuentra a medio camino entre la seguridad policíaca y la humana: la seguridad ciudadana. Ésta privilegia el respeto de los derechos humanos, el acceso a la justicia, la prevención social de la violencia y la delincuencia, la mejora de los factores estructurales del delito, sin caer en las exigencias de tipo social.

En este contexto, la atención a víctimas del delito debe considerarse como un eje central en la construcción de la seguridad ciudadana, pues ello conforma una tercera gran dimensión, a saber, la prevención, la punición y la atención de las víctimas. Centrar los esfuerzos solamente en prevenir la delincuencia olvida que existen personas que se dedican cotidianamente a cometer ilícitos y que esta parte de la población tiene incentivos más poderosos para delinquir que para no hacerlo. Enfilar las baterías solamente a la dimensión punitiva pasa por alto que también se debe prevenir que otras personas decidan delinquir. Planear políticas públicas que solo prevengan y castiguen deja a un lado a esa tercera dimensión llamada víctimas, a quienes se debe atender con propiedad y prioridad.

La atención a las víctimas debe ser integral, tal y como lo mandata la Ley General de Víctimas, proporcionándoles asesoría y representación jurídica, atención psicológica, médica y de trabajo social, así como destinar recursos presupuestales para asegurar la reparación integral del daño. Esto tiene efectos claros: por un lado, la asesoría y representación legal permite que el nuevo sistema de justicia penal funcione de manera correcta, pues las víctimas son parte en él. Esto también propicia el equilibrio de la balanza procesal y con ello también se da un impulso al combate a la impunidad, que es considerado, por propios y extraños, como uno de los factores más determinantes en el crecimiento de la delincuencia.

Por otro lado la reparación integral y la prestación de servicios psicológicos, médicos y de trabajo social coadyuvan a que la persona abandone la condición de víctima, retomando su proyecto de vida y, con ello, se avanza en la reconstrucción del tejido social.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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