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La consulta y los pueblos indígenas

Por Carlos López Kramsky


Aún no se ha publicado el programa de infraestructura que desarrollarán los próximos gobiernos federal y estatales, pero ya hay información que permite prever que la construcción de grandes obras será una constante. Concluir el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco o construir dos pistas en Santa Lucía; el tren Maya; concluir el tren México-Toluca; construir dos refinerías, o levantar obras de carácter social en las 15 ciudades con mayor rezago social, entre otras, son muestras de que tendremos seis años con un alto grado de inversión en infraestructura en todo el territorio nacional.

Fuente: tercerainformacion.es
Fuente: tercerainformacion.es

Muchos de esos proyectos afectarán de manera inexorable a los territorios de los pueblos indígenas, modificando profundamente su convivencia con el medio ambiente y transformando de fondo las relaciones internas y externas de dichos pueblos y comunidades. Aquí es importante hacer un alto y recordar que los pueblos y comunidades indígenas cuentan con el derecho de ser consultados, de manera previa, libre, informada y de buena fe, sobre todos los proyectos que puedan afectar sus costumbres, territorio, cosmovisión, o que de alguna forma pudieran modificar alguno de los derechos que tienen reconocido a nivel normativo internacional, nacional o local.

En el plano internacional existen dos normas fundamentales que regulan el derecho a la consulta libre, previa e informada: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, mejor conocido como “Convenio 169” y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ambos contemplan que es obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas todas las acciones administrativas o legislativas que puedan afectarlos.

Infortunadamente, estas disposiciones normativas internacionales no son recogidas claramente en el Artículo 2 de nuestra Constitución y tampoco en la mayoría de las leyes federales y locales que están vigentes en nuestro país. El Artículo 2 constitucional solo prevé la realización de la consulta a pueblos y comunidades indígenas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, pero no se contempla como una obligación expresa la consulta por proyecto o acción de política pública.

Esto no es obstáculo para que los pueblos y comunidades indígenas acudan al juicio de amparo o a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vía queja, para reclamar la violación de este derecho y de ello se da cuenta con el gran número de juicios de amparo otorgados a los pueblos indígenas y con las recomendaciones que ha emitido el ombusdman nacional al respecto.

Pero hay una contradicción muy grande cuando el Estado permite o incluso fomenta que los particulares, en este caso los pueblos y comunidades indígenas, tengan que defenderse por vía jurisdiccional por la violación a derechos humanos que son vigentes y obligatorios. Un Estado que se precie de serlo debería velar por los derechos de su población y realizar todas las acciones que estén a su alcance para garantizarlos. En el caso del derecho a la consulta libre, previa e informada sucede todo lo contrario, pues normalmente los proyectos se inician y se concluyen sin llevar a cabo la consulta y una vez que se interpone el juicio de amparo, las dependencias y entidades gubernamentales agotan todos los recursos legales para evitarla. Esto trae costos altísimos para los pueblos indígenas, para las entidades gubernamentales y para toda la población, pues al otorgarse el amparo y protección de la justicia federal se ordena la suspensión de las obras, con lo que todos perdemos.

Urge en México reformar el Artículo 2 constitucional en esta materia y expedir una ley que obligue a las instituciones de todos los órdenes de gobierno a llevar a cabo la consulta cuando se pretenda implementar una política pública o una obra que pudiera afectar a algún pueblo o comunidad indígena.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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