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La impunidad y sus consecuencias en México

Por: Mario Fernández Márquez en colaboración con Abraham Martínez Hernández


Aquella persona que queda sin castigo. Esa es la definición de impunidad. Los ciudadanos de la república romana sostenían que la “impunidad siempre invita a empeorar las cosas” (Impunitas semper ad deteriora invitat, en latín clásico). Y en efecto, las cosas siempre empeoran cuando existe la impunidad, debido a que los delincuentes actúan a sus anchas, sin temer castigo por parte del Estado, mientras los ciudadanos honrados temen por su vida, su patrimonio y su familia.

Fuente: tabascohoy.com
Fuente: tabascohoy.com

En México, la impunidad ha sido un lastre histórico para los gobiernos de todos los partidos. La primera exigencia ética de cualquier Estado, sea que se asuma una postura autoritaria o liberal sobre el tema, es la de garantizar la seguridad e impartir justicia para todos sus ciudadanos. Es evidente que el hartazgo social frente a la actividad política en nuestro país surge esencialmente como una respuesta frente a las omisiones del Estado en castigar a los delincuentes.

Este flagelo no se originó en administraciones recientes, y si bien los gobiernos del siglo XX contribuyeron a atizar este fenómeno, uno tiene que voltear a ver los primeros momentos de nuestra historia para poder entender que este es un problema con raíces más profundas: a diferencia de países como Estados Unidos, también con un pasado colonial, en nuestro país, por razones de muy diversa índole, nunca hemos logrado consolidar un imperio de la ley que indiscutiblemente cobije y rija a todos los mexicanos.

En la época del régimen de partido hegemónico, existió hasta muy avanzado el deterioro institucional por las políticas populistas implementadas por las administraciones de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, un silencio ciudadano frente a la impunidad de los delincuentes y la corrupción imperante en los gobiernos en turno.

Ahora no: son los propios ciudadanos que exigen parar el coto de impunidad que existe en las instituciones de este país.

Simplemente recordemos que todavía existen diversas regiones de nuestro país, destacando con los mayores índices de impunidad los estados de México, Tamaulipas y Baja California (Índice Global de Impunidad México 2018, UDLA), en donde imperan verdaderos Estados fallidos y gobiernan a sus anchas las bandas de la delincuencia organizada, en muchos casos, en colusión con las autoridades.

En el orden internacional las cosas no son muy alentadoras. México tiene el primer lugar en impunidad en América Latina y el cuarto a nivel mundial (Índice Global de Impunidad México 2017, UDLA). Para solucionar este lastre, en las actuales campañas presidenciales se han presentado diversas propuestas, desde las propuestas más disfuncionales e incongruentes que pretenden darle amnistía (perdón e impunidad) a los delincuentes, hasta las más serias que sugieren darle muerte civil (prohibición de contratación laboral en el Gobierno) a los funcionarios públicos que cometan un delito.

Construir instituciones sólidas no es una tarea que se vaya a conseguir en un día, en un sexenio –o como se puede ver en nuestro país– ni siquiera en poco más de dos siglos. Sin embargo, hay que darle a las cosas su justa dimensión: si bien, claramente, la situación es por demás complicada, también hay que reconocer los avances que se han hecho en esta materia. Anteriormente, la clase política era esencialmente intocable, por lo que podían tener certeza de que sus acciones podrían permanecer al margen del escrutinio institucional y de la población. Hoy, por ejemplo, hay más de 15 gobernadores que ya sea, están en la cárcel o sujetos a proceso.

No hay alternativa mejor que la de seguir construyendo sobre lo que ya se tiene: sólo fortaleciendo nuestras instituciones, dándoles mayor autonomía, y estableciendo criterios más claros y universales en materia de impartición de justica, es que podremos consolidar un sistema en donde absolutamente todos los mexicanos sean medidos con la misma vara. Por muy bien intencionadas que sean, las improvisaciones u ocurrencias voluntaristas nos harían retroceder y echar por la borda los modestos pero importantes avances que hemos conseguido.

La consolidación de un estado de derecho efectivo, no sólo contribuiría a tener un país con menos crímenes. El imperio de la ley es, incluso, la base fundamental para poder lograr que millones de mexicanos salgan definitivamente de la pobreza y se integren al sistema económico. Soluciones como los programas asistencialistas únicamente palian la situación. Lo que hay que procurar es que exista un terreno donde las condiciones de juego sean iguales para todos; donde exista la certeza de que actuando dentro de la ley, no se está en desventaja frente a los que se mueven al margen de ella. Cuando las reglas del juego están claras y son respetadas, el esfuerzo personal es más redituable que esperar las dádivas del gobierno: un sistema legal consolidado contribuye a que más personas participen de los beneficios de una economía en crecimiento como la nuestra.

Hoy, en la época de un sistema multipartidista con elecciones cada vez más competidas, se hace cada vez más necesaria la existencia de instituciones sólidas e imparciales que garanticen a los ciudadanos que aquella persona que comete un delito sea castigada por su conducta. En otras palabras, garantizar que “el que la hace, la pague”. Es una exigencia de justicia elemental: una exigencia que de cumplirse, tendría ramificaciones positivas en todas las áreas de oportunidad que tenemos como país.

Abraham Martínez Hernández es profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Mario Fernández Márquez

Abogado, Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especializado en el Sistema de Justicia Penal de los Estados Unidos y en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos de opinión en la revista Nexos en Línea, la revista Pandecta de la Escuela Libre de Derecho y el Periódico Reforma

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