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La seguridad en el sexenio de Peña Nieto

Por: ICGD



En materia de seguridad, Felipe Calderón será recordado por las consecuencias sociales de su estrategia de combate al crimen organizado que implicó la militarización de ciertas zonas del país con el argumento de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los mexicanos. Asimismo, Enrique Peña Nieto será recodado, no solamente por su poca efectividad en la materia llegando a índices de violencia, delitos y homicidios por encima de los que dejó el expresidente panista, sino por el radical cambio de estrategia del final de su sexenio en relación con los primeros años.

La administración de Peña Nieto comenzó impulsando el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia el cual se sustentaba en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y cuyo espíritu se orienta a la conformación de un modelo de seguridad mucho más democrático, participativo y antropocéntrico: el modelo de la seguridad ciudadana.

Foto: novedadesdetabasco.com.mx/
Foto: novedadesdetabasco.com.mx/

La seguridad ciudadana, a su vez, está posibilitada por la implementación de estrategias de prevención social orientadas a disminuir los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una persona o grupo de ellas sean víctimas, no solamente del delito, sino de la inseguridad y la violencia en todos los ámbitos: individual, familiar, escolar, comunitario y sociocultural, de tal forma que se atendieran todos aquellos riesgos que amenazan la libertad, el desarrollo y la calidad de vida de las personas.

Producto de múltiples factores entre los que destacan los presupuestales y de capacidades institucionales, el Programa Nacional fracasó y no se lograron los objetivos planteados. Esto llevó a una considerable reducción presupuestal y dejó de mantenerse en el centro de la estrategia de seguridad esta nueva perspectiva. Esto llevó, no solamente al aumento exponencial de la violencia y el delito, sino que llevó a la situación actual, en la que se aprueba la Ley de Seguridad Interior, la cual faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en materia de Seguridad Pública y Jurídica.

En otras palabras, lo que en el sexenio de Calderón se criticó como extralegal, dado que en los hechos las Fuerzas Armadas intervenían en estas tareas propias de los cuerpos policiales, hoy está a punto de concretarse en materia legal. El asunto de la ilegalidad de este tipo de tareas que las Fuerzas Armadas realizaban no era el de cambiar las leyes para legalizarlas, sino precisamente impedir que operaran de esa forma, dejando las tareas de Seguridad Pública exclusivamente a las policías Federal, Estatales y Municipales, lo cual, sin duda, requeriría una capacitación profunda para estas corporaciones, pero de ninguna manera sobrefacultar a las Fuerzas Armadas para intervenir en áreas para las que no fueron concebidas, ni aprobar una Ley que no genera controles de verificación de respeto a los derechos humanos ni precisión conceptual respecto a lo que se comprende por Seguridad Interior, dejando a discreción de las fuerzas castrenses la aplicación de este concepto a distintos fenómenos delictivos pero también sociales y políticos.

Con la Ley de Seguridad Interior, Enrique Peña Nieto asume el rotundo fracaso de su administración en materia de seguridad y serán, una vez más, los ciudadanos quienes tendrán que asumir las consecuencias, no solamente de la victimización ante la violencia del crimen organizado, sino de la revictimización ejercida por parte del Estado por este tipo de reacciones fuera de todo sentido democrático.

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Acerca de ICGD

El Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática S.C. es una institución fundada con base en una firme alianza entre experiencia y juventud, que busca fortalecer los lazos democráticos de participación y acción a través de la conformación de redes ciudadanas e interinstitucionales para la construcción de mecanismos de gobernanza. Todo esto a través del trabajo de investigación científica, social, artística, política y cultural que permita dar cuenta de la realidad, pero también para la toma de decisiones con base en evidencia. La preocupación principal del ICGD S.C. es contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos a través del fortalecimiento de la vida democrática.

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