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Las ‘Manuelitas’

Por Karla Suárez Cadena


En 2011 en materia de paridad y equidad de género se marcó uno de los avances más significativos con la sentencia a la denominada “Resolución Antijuanitas” por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mediante esta sentencia se pretendía evitar que los Partidos Políticos evadieran las acciones encaminadas al cumplimiento de las cuotas de género, figura considerada en la entonces legislación electoral.

La “Resolución Antijuanitas” forma parte importante del inicio de los actuales principios de paridad de género, ya que mediante dicha sentencia se estableció que las fórmulas de candidatos a legisladores federales por ambos principios debían estar integrados por personas del mismo género; esto con la finalidad de eliminar la usual práctica de las “Juanitas” que consistía en que los Partidos Políticos postulasen mujeres para cumplir las cuotas de género, para después sustituir a las candidatas electas por sus suplentes que eran hombres, mismos que obtenían un lugar en el Congreso.

Fuente: W Radio
Fuente: W Radio

En este mismo sentido, en 2014 se llevaron a cabo una serie de reformas en materia electoral entre las cuales se establece el principio de paridad de género que se define como una estrategia política para garantizar en todo momento la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos lo ámbitos de la sociedad, particularmente en la toma de decisiones, mediante la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres.

Sin embargo, dos meses después de la celebración de la jornada electoral más grande de la historia de México, en Chiapas más de 40 mujeres, militantes de distintos partidos (PRI-Nueva Alianza- PVEM- Partido Podemos Mover a Chiapas- Chiapas Unido) que resultaron electas para diversos cargos, presentaron su renuncia ante las autoridades electorales de la entidad.

Esta situación resulta inquietante porque no se está respetando la voluntad del electorado, además, se podría pensar que las mujeres en la entidad no se verían representadas en el gobierno local. Sin embargo, gracias a las reformas antes mencionadas “no habría de qué preocuparse”.

En este caso cada una de las planillas propuestas por los Partidos Políticos tendría que estar conformada por candidatos del mismo sexo y en el caso de las listas correspondientes al principio de representación proporcional se debe cumplir con el principio de alternancia de géneros.

Por lo tanto, bajo estos principios se podría “confiar” que aún al existir un fenómeno de renuncias masivas por parte de las candidatas que resultaron electas en Chiapas, a quien corresponde asumir el cargo tras su renuncia debería ser alguien del mismo sexo.

Sin embargo, los actos de renuncias incluían no solo a los propietarios de las fórmulas sino también a sus respectivos suplentes, lo cual provocó que invariablemente los puestos fueran destinados a los hombres. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en el municipio de Tuxtla Chico, donde desertaron todas las mujeres electas por el principio de representación proporcional dejando sin otra alternativa, más que la asignación de hombres en las diputaciones locales para el Congreso.

A pesar de que las mujeres que acudieron ante las autoridades electorales para presentar su renuncia han declarado que estos hechos fueron realizados por “voluntad propia”, las autoridades de los órganos electorales no han dudado en definirlos como actos de violencia política de género. Puesto que este tipo de prácticas como ya vimos, no son nuevas y representan un fraude a la ley electoral.

Ante estas acciones de presión contra las candidatas electas por parte de los Partidos Políticos, las autoridades electorales y sus representantes han condenado enérgicamente estos actos de violencia política de género.

Resulta indignante que los partidos continúen violentando la ley, cometiendo fraudes electorales y sobretodo, minimizando y hasta ridiculizando las únicas medidas en materia electoral que pueden asegurar la representación de mujeres en los puestos de elección popular.

Karla Suárez Cadena, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad del Valle de México y Seguridad Ciudadana en la Universidad de Guadalajara. Consultora en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Congreso de Jalisco. Ha efectuado distintos diplomados en derecho electoral y violencia política contra las mujeres en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como asesora política en el Congreso de la Unión.

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