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Las obligaciones del Estado frente a la desaparición de las personas

Por: Flor Camacho



Las cifras de personas desaparecidas en México son alarmantes, ya que según datos del Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) [1], hasta el 31 de diciembre de 2016, había 30 mil 499 personas desaparecidas o no localizadas. Es de resaltar que los datos no contemplan la diferencia entre las cifras que corresponden a la desaparición forzada de personas y desaparición por particulares. La diferencia entre la desaparición por particulares y desaparición forzada, radica en que en ésta última hay una participación de agentes del Estado, o de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, por ejemplo, presidentes municipales, policías municipales y estatales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, integrantes del Ejército y la Marina, sólo por mencionar algunos. Es importante señalar que tanto la desaparición forzada, como la desaparición por particulares generan obligaciones para el Estado Mexicano, ya que debe tomar acciones para prevenir las desapariciones, realizar investigaciones exhaustivas para dar con el paradero de las personas desaparecidas, localizar a las personas responsables, sancionarlas, y reparar a las familias de las víctimas [2].

Foto: animalpolitico.com
Foto: animalpolitico.com

La Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, en su artículo 10, señala que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, que se realicen las investigaciones inmediatas del delito o de las violaciones a los derechos humanos y a obtener una reparación integral por los daños [3].

Menciono lo anterior por el reciente caso de Marco Antonio Sánchez Flores, estudiante de 17 años, detenido por policías de la capital el pasado 23 de enero en la estación del metrobús El Rosario. Su situación ha causado la indignación de la sociedad, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil, ya que desde un inicio las autoridades no brindaron información a los familiares sobre el paradero del estudiante, y no se siguieron los protocolos de actuación en la detención, tal como lo comentó el Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, por lo que debieron presentar a Marco Antonio ante una autoridad cívica o ministerial, según la conducta que se le estuviera atribuyendo[4]. Hasta el momento se están realizando investigaciones para que su caso sea reconocido como desaparición forzada. De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas[5], publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del año pasado y que entró en vigor el pasado 16 de enero, hay dos elementos que deben considerarse sobre la conducta de los perpetradores para investigar el caso como desaparición forzada: 1) privación ilegal de la libertad y 2) la negativa por parte de las autoridades a proporcionar información sobre el paradero del estudiante. De acuerdo con información de una investigación llevada a cabo por Proceso, Marco Antonio fue detenido pero no fue trasladado al Ministerio Público y los policías involucrados no proporcionaron información sobre el paradero del adolescente [6], ambos elementos abonan para que el caso sea investigado como desaparición forzada. En éste y otros casos similares han sido las organizaciones de la sociedad civil las que han defendido los derechos de las víctimas, por lo que se deben tomar medidas para que no se sigan repitiendo casos como el de Marco Antonio, se cumpla con las legislaciones vigentes y se respeten los derechos humanos.

Foto: es.sott.net
Foto: es.sott.net

Referencias:

[1] INFORME ANUAL 2016 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) [Disponible en] http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-12-1/assets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2016_FINAL.pdf

[2] Manual de acciones frente a la Desaparición y Desaparición Forzada. [Disponible en] http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_manual_acciones_frente_desaparicion_y_desaparicon_forzada.pdf

[3] Ley General de Víctimas. [Disponible en] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117

[4] Policías violaron Protocolo en Caso Marco Antonio: CNDH. El Heraldo de México. [Disponible en] https://heraldodemexico.com.mx/pais/policias-violaron-protocolos-en-caso-marco-antonio-cndh/

[5] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. [Disponible en] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf

[6] Ruiz, J. El de Marco Antonio, un caso de desaparición forzada. Proceso. [Disponible en] http://www.proceso.com.mx/520407/el-de-marco-antonio-un-caso-de-desaparicion-forzada

Flor Camacho Trejo, estudió en la Facultad de Psicología, UNAM. Ha participado en proyectos con organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es investigadora en INCIDE Social, A.C. Sus líneas de investigación se enfocan a temas sociales y políticos en contextos de violencia y acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos.

Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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