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Legalizar la marihuana: la condición necesaria

Por: Aram Barra



Un gran amigo me recordó ayer que la seguridad pública en México es un derecho humano. En 1993, la Asamblea General de la ONU concluyó que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí. Por ello, cuando uno observa el debate público sobre seguridad en el país, es difícil entender que un mismo interlocutor promueva la seguridad, y al tiempo proponga desestimar la salud, la información y la libertad.

Fuente: Taringa!
Fuente: Taringa!

El primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos para todos y todas. En este sentido, para los derechos humanos como para el sistema constitucional mexicano, es imposible pensar en un México en paz, justo y libre y en paralelo proponer la continuación de la prohibición de las drogas.

Si bien la regulación legal de la marihuana no terminará con el problema de inseguridad y violencia de nuestro país, es una condición necesaria para lograrlo.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es imposible pensar que lograremos la igualdad de los derechos mientras continuemos vulnerando el derecho a la vida, la seguridad y el libre desarrollo de la personalidad o pongamos uno como garantía del cumplimiento de los demás. Como dice mi amigo, no se puede afirmar que la seguridad pública sea una precondición de los derechos humanos porque eso establecería una prelación a priori entre derechos humanos.

Luego tenemos que los impactos indeseados de la política de prohibición han alcanzado proporciones descomunales en derechos tan básicos como los antes mencionados. Las cifras nos las sabemos a estas alturas hasta el cansancio. Sin embargo, su constante evocación debe ser nuestro eterno recordatorio de que no podemos claudicar en la búsqueda de la igualdad, la libertad, la justicia y la paz.

El derecho a la vida ha perdido absoluta relevancia para las y los mexicanos. A partir de 2006, hubo un aumento notable en el número de soldados desplegados en operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, lo que catapultó la incidencia de homicidios hasta alcanzar, hoy día, nuestro momento más violento en décadas. Sin embargo, apenas a finales del año pasado, los políticos de siempre –cooptados por la corrupción– aprobaron una Ley de Seguridad Interior que pretende perpetuar la guerra de Fecal y Peña Nieto.

El día de hoy, la letalidad del uso de la fuerza se encuentra bajo un manto de opacidad que socava la rendición de cuentas. Mientras tanto, el desdén absoluto por la vida durante los últimos dos años nos ha dejado con la pérdida de 45 mil 886 personas tan sólo en ese periodo. Mientras el homicidio tiene una impunidad de 82.91 por ciento (Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, 2016), tenemos alrededor de 12 mil personas purgando penas federales por posesión simple de pequeñas cantidades de drogas. Entre 2006 y 2013, el gobierno federal informó de 25 mil desapariciones forzadas.

Que lejos está aquella gansa creencia –hoy defendida por maquinales políticos como Margarita Zavala y Mikel Arreola– de que la prohibición protege a los más jóvenes o a los vulnerables a consumir drogas. Un categórico no: la prohibición encarcela a nuestros jóvenes cuando no los mata o los desaparece. La sangría que vive nuestro país es en parte sustancial explicada por la prohibición y por lo tanto, construir seguridad y paz debe necesariamente pasar por reformar la política de drogas.

Además del derecho a la vida –y su constante celebración– existen al menos tres derechos humanos que debemos voltear a ver en ese camino: el derecho a la información, el derecho a la salud (y la salud pública), y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En los tres frentes, más allá de la militarización, los gobiernos de Fecal y Peña Nieto han hecho lo posible por retrasar cualquier posibilidad de apertura al diálogo y, ultimadamente, reforma normativa.

Contra la información, la Secretaría de Gobernación inició una cruzada contra la revista Cáñamo para intentar prohibir información que daña “la moral y las buenas costumbres”. Contra el derecho a la salud, si bien el consumo de drogas ha aumentado durante la guerra, nada han invertido estos dos gobiernos en prevención, educación o tratamiento. Los datos del gobierno estiman aproximadamente 2 mil 300 centros residenciales de rehabilitación (en su abrumadora mayoría privados), de los cuales solo el 16 por ciento están registrados con las autoridades sanitarias y solo el 12 por ciento cumple con la regulación gubernamental.

Finalmente, aunque algunos políticos desesperados por atención mediática pretenden espantar con falsas creencias sobre la marihuana, la marihuana sigue sin haber causado ninguna muerte directa. Mientras la Organización Mundial de la Salud debatirá este año los usos médicos probados de la planta, la clase política nacional ha mantenido la prohibición para todo efecto práctico incluso para los pacientes susceptibles a utilizarla como tratamiento médico.

Mientras el mundo sigue avanzando, los políticos de siempre buscan aferrarse a la muerte, el dolor y la injusticia como su única forma de política. Yo soy de los que creen que podemos construir una vía distinta. Para ello, es imprescindible corregir a quienes pretenden desinformar y demandar sustenten sus locuras. Nuestra democracia se merece algo más que charlatanes baratos, se merece mexicanos y mexicanas creativas, con ganas de trabajar y construir un mejor país. No más de lo mismo.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Aram Barra

Internacionalista por la UDLA México y maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

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