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Legítima defensa: ¿permiso para matar en Nuevo León?

Por: Ángela Frías



En días recientes acaparó los reflectores de la prensa, el congreso del estado de Nuevo León, debido a la propuesta del diputado local Marcos Mendoza Vázquez, quien planteó la reforma al artículo 17 del Código Penal estatal, la cual fue aprobada y su publicación será en termino de 30 días.

FOTO: hcnl.gob.mx
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Primero, es menester referir por qué ha causado polémica este artículo, lo que ocurrió es que la legítima defensa en ese código penal fue ampliada, agregando además de “dañar”, que la víctima puede ahora “lesionar” o “privar de la vida al agresor”. La justificación, según el diputado Mendoza es: “dar certeza a los padres de familia para que puedan defenderse”.

La legítima defensa es una figura cuya naturaleza jurídica es ser una causa de justificación en el Derecho Penal, su razón de ser descansa en la necesidad de repeler una agresión, cuando el Estado se encuentra imposibilitado para acudir a defender el interés agredido injustamente, permitiendo al ciudadano defenderse.

Esta legítima defensa es comprendida de forma incorrecta en el Código Penal de Nuevo León, y ahora le agregan párrafos queriendo ampliarla, desvirtuando su razón de ser, además se emplean palabras o hipótesis como: “la defensa al honor” o “repeler una agresión violenta”, mismas que desde la reforma al Código Penal Federal de 1994, ya habían sido derogadas. En consecuencia, además de estar mal tipificada y poco actualizada, refleja falta de conocimiento en la materia, no sólo por parte del diputado que propuso la reforma, sino también de los que la aprobaron.

No es necesario que en un código se plasmen casos en particular o se mencione: “podrá disparar o matar”, “si se brinca una tranca o una barda”, etc., ya que cada situación será investigada por la Fiscalía y un juez tendrá que pronunciarse al respecto.

Lo ideal sería una descripción sencilla, que contenga todos los elementos de esta figura jurídica, sin necesidad de párrafos casuísticos o un análisis técnico jurídico, bastaría con: Habrá legítima defensa cuando: Se repela una agresión real (no imaginaria), actual o inminente (en el momento) y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos (no es necesario referir la persona, el honor u objetos como: papeles, tierras, casas, etc.), siempre que exista necesidad de la defensa empleada y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.[1]

FOTO: internacional.elpais.com
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Si la finalidad de los diputados, es inhibir delitos de alto impacto, los cuales han aumentado en su estado, les comunico que estas reformas no ayudan en nada, ya que únicamente confunden a la población y parece que con motivo de estos cambios el congreso local elude las responsabilidades de las Instituciones de Seguridad Pública, incentivando involuntariamente la transición de una legítima defensa a una venganza privada.

Finalmente, espero que usted, amable lector, nunca se vea en la necesidad de pronunciar ante un tribunal, la frase que me dictaron en una clase: “Conocí la agresión en contra mía, tuve la voluntad de defenderme, me defendí usando los medios defensivos de que disponía, de menor a mayor grado lesivo, de modo y manera que le causé el menor daño posible a mi agresor.”[2]

[1] Texto del Artículo 29, inciso b, fracción I del Código Penal para la Ciudad de México, además de un párrafo de presunciones de legítima defensa, las cuales serán iuris tantum, es decir, salvo prueba en contrario.

[2] Rubén Quintino Zepeda

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Ángela Frías

Licenciada en Derecho. Egresada con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En espera de la validación de su especialidad en Derecho Penal por la UNAM. Ha tomado distintos cursos y diplomados en México y el extranjero sobre Sistema Acusatorio y Técnicas de Litigación. Actualmente es Oficial Secretario del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

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