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Ley de seguridad interior: normalizar la excepción

Por: Luis Jaime Estrada


A principio de los años 20, el jurista alemán Carl Schmitt comenzaba a teorizar en sus obras La dictadura (1921) y Teología política (1922) en torno al estado de excepción contraponiéndolo, en primer lugar, al estado de paz, en donde “la autoridad militar solamente ejerce mando frente a las tropas y en los asuntos militares inmediatos; en lo demás, la policía es asunto exclusivo de la autoridad civil”; en segundo lugar, al estado de guerra en el cual “las autoridades civiles conservan sus facultades policiales, pero la autoridad militar puede requerirlas para que adopten medidas que afecten al orden y la policía; finalmente del Estado de sitio en donde “todas las facultades jurídicas de la autoridad civil que tengan relación con el mantenimiento del orden interno y de la policía pasan a la autoridad militar”.

Por Estado de excepción no se entiende, en el desarrollo de Schmitt “un decreto de necesidad cualquiera o un estado de sitio”. Para el pensador alemán, el estado de excepción depende de la definición jurídica de la soberanía, puesto que “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. La pregunta es quién decide en caso de necesidad particularmente cuando afecta el interés público, al Estado, la seguridad y el orden público.

Foto: breaking.com.mx
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Para Schmitt entonces,

“El caso excepcional, el que no está previsto en el orden jurídico vigente, puede a lo sumo ser calificado como caso de extrema necesidad, de peligro para la existencia del Estado o de otra manera análoga pero no se puede delimitar rigurosamente”.

El problema del Estado de excepción no son propiamente sus implicaciones para las libertades y el derecho constitucional, ya que en sí mismo implica una temporalidad limitada, bajo la cual, una vez controlada la situación de extrema necesidad o peligro, se volverá a la normalidad jurídica y se devolverán las facultades policiales y de seguridad pública a las autoridades civiles, lo verdaderamente problemático radica, como advertía Walter Benjamin a propósito del ascenso den nazismo al poder en Alemania, en que “el Estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla”.

Esto es precisamente lo que sucede con la Ley de seguridad interior, la cual busca otorgar de manera permanente facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, las cuales se ocuparían de labores de seguridad que corresponden a la autoridad civil, además de que no establece una temporalidad para el ejercicio excepcional del control de la seguridad por parte de la autoridad militar. En este sentido, esta ley es una contradicción en todos sus términos, no solamente para el estado democrático de derecho y las libertades de los ciudadanos, sino para la propia idea de una situación de excepción por razones de necesidad, porque significaría perpetuar dicha necesidad y llevar la excepción, ya no como caso límite, sino fuera totalmente de toda proporción y control.

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Acerca de Luis Jaime Estrada

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con estudios de investigación doctoral en el área de Sociología del delito en la Universidad de Salamanca, España. Colaboró en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB para la elaboración metodológica y conceptual del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y como asesor en materia de prevención del delito en la Jefatura del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. Actualmente es profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Director de Investigación Social en el Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática S.C. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha escrito distintos artículos académicos en torno a la violencia y la inseguridad. Es autor del libro Violencia, discurso y simbolismo de crueldad.

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