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Ley de Seguridad Interior

Por: Mario Fernández


 

El pasado mes de diciembre tuve la oportunidad de ser invitado como ponente a una sesión especial con la directiva de la Barra Mexicana de Abogados para platicar sobre un tema de urgencia y necesidad para nuestro país que atiende una de las demandas sociales más apremiantes de la sociedad mexicana y que constituye una de las prioridades de la agenda legislativa del Congreso de la Unión, me refiero a la Ley de Seguridad Interior.

Mi experiencia en el tema parte de mi paso como Encargado de la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República durante la presente administración federal y, como coordinador de un proyecto de iniciativa sobre la materia que presentamos para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República.

Foto: vallartaopina.net
Foto: vallartaopina.net

Por tal motivo, dividiré la presente exposición en tres grandes rubros de esta Ley que han sido injustamente criticados por diversos sectores de la sociedad civil: 1. La facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior, 2. La facultad de las Fuerzas Armadas para participar en las tareas de seguridad interior y de seguridad pública, 3. El respeto a los derechos humanos y los controles de los Poderes de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en seguridad Interior.

  1. La facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior

Preservar la seguridad interior de la Federación y de sus ciudadanos es un mandato y facultad que nuestra Constitución Federal le asigna al Presidente de la República, a través de nuestras Fuerzas Armadas.

Sobre este punto me gustaría ser muy clara, toda vez que la facultad constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior se encuentra incorporada expresamente en nuestra Constitución Federal.

El artículo 89, fracción VI de la Constitución Federal señala claramente dicha facultad para legislar en la materia, y lo leo a la letra:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

(…)

  1. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

(…)

De la lectura de este precepto constitucional, se advierte la necesidad de contar con una Ley Reglamentaria de esa fracción VI, que regule y establezca límites claros a la facultad del Presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior.

Desde la redacción original de la Constitución Federal de 1917, NO ha existido en nuestro marco jurídico, una Ley reglamentaria del artículo 89, fracción VI, en materia de seguridad interior.

Expedir una Ley Reglamentaria que cubre una laguna legislativa existente desde 1917, en sí mismo debe considerarse como un avance que fortalece nuestro Estado Constitucional de Derecho y las instituciones de seguridad de la Federación.

  1. La facultad de las Fuerzas Armadas para participar en las tareas de seguridad interior y de seguridad pública

Ahora bien, otra de las grandes críticas a Ley de Seguridad Interior, parte de una interpretación errónea del artículo 129 constitucional que considera que las Fuerzas Armadas no pueden participar en las tareas de seguridad pública en nuestro país.

Para aclarar dicho criterio, voy a dar lectura al artículo 129 de la Constitución Federal que señala:

ARTÍCULO 129.- En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar (…)

Respecto de la interpretación de este artículo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro desde el año 2000 con la Jurisprudencia 38, que las Fuerzas Armadas SI pueden auxiliar a las autoridades civiles en las tareas de seguridad pública.

El argumento de la Corte para sustentar este criterio es precisamente que una de las vertientes que integran a la seguridad interior lo es la seguridad pública. Por lo tanto, el Presidente está facultado constitucionalmente para disponer de las Fuerzas Armadas para diversas tareas de seguridad pública.

  1. El respeto a los derechos humanos y los controles de los Poderes de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de las Fuerzas Armadas en seguridad Interior.

Finalmente, dentro de este apartado de críticas que se han hecho a la Ley de Seguridad Interior, me referiré a la supuesta falta de controles tanto legislativos como ejecutivos frente a una “militarización” del país que resulte violatoria de los derechos humanos.

Para desmontar esta falacia, haré referencia al texto de la Ley que aprobamos en el Congreso de la Unión, este mes de diciembre.

En primer lugar, los artículos 32 y 33 de la Ley de Seguridad Interior, establecen claramente que las acciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, estarán sujetas al control legislativo de la Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión y del control ejecutivo por parte del Presidente de la República, al señalar a la letra lo siguiente:

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de control previstas en dicha ley.

Con esta redacción queda, por demás claro, que las acciones de las Fuerzas Armadas SI estarán sujetas al control de los Poderes de la Unión, con ello estableciendo pesos y contrapesos frente a un supuesto despliegue discrecional de las Fuerzas Armadas en esta materia.

En segundo lugar, bajo ninguna circunstancia, las movilizaciones sociales ni las legítimas manifestaciones político-electorales que se realicen pacíficamente van a ser a materia de seguridad interior, es decir, las Fuerzas Armadas se encuentran impedidas legalmente para detener o controlar cualquier tipo de estas manifestaciones, siempre y cuando, se realicen de manera pacífica.

Sobre este particular, el artículo 8 de la Ley, señala lo siguiente:

Artículo 8. Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.

Por último, destaca en el texto de la Ley que Las Fuerzas Armadas NO sustituirán a las policías en sus tareas ni las eximirá de sus responsabilidades. Además, todas las acciones que desplieguen las Fuerzas Armadas estarán sujetos a protocolos de protección de derechos humanos.

De este modo, los artículos 7 y el artículo 18 señalan lo que acabamos de enunciar al tenor de lo siguiente:

Artículo 7. Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Segundad interior que lleven a cabo las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por objeto sustituirá las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá dichas autoridades de sus responsabilidades

Es importante destacar que las Fuerzas Armadas sólo participarán en tareas de seguridad interior para contener las amenazas o riesgos a la seguridad interior de manera subsidiaria y temporal, bajo cualquiera de los siguientes supuestos, el primero, sería la insuficiencia de las autoridades civiles para atenderlas o, en su caso, frente desastres naturales.

Como mexicano debemos actuar y respaldar la tarea que realizan nuestras Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano. No podemos esperar a que se repitan casos lamentables como los de las fosas de San Fernando en Tamaulipas, de Tierra Caliente en Michoacán o de Iguala en Guerrero.

Al día de hoy, millones de ciudadanos esperan que el Estado mexicano cumpla con su legítima tarea de brindarles seguridad pública. Para cumplir con ese cometido es importante profesionalizar la tarea de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, una asignatura pendiente del Estado mexicano. Hoy ya contamos con un gran avance a través del Certificado Único Policial, cuyos Lineamientos fueron avalados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el cual deberán contar todos los policías federales, estatales o municipales, a más tardar el 9 de septiembre de 2019.

Frente a los asesinatos y secuestros, el cobro de derecho de piso y la descarada operación de los cárteles de la delincuencia organizada que ocurren desafortunadamente en muchas entidades del país, es necesario darle certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad interior y sobre todo darle tranquilidad a los millones de ciudadanos que esperan y confían en las instituciones del Estado mexicano. Para conseguir la paz, primero debemos garantizar la seguridad.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Mario Fernández Márquez

Abogado, Maestro en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especializado en el Sistema de Justicia Penal de los Estados Unidos y en Derecho Constitucional. Ha publicado artículos de opinión en la revista Nexos en Línea, la revista Pandecta de la Escuela Libre de Derecho y el Periódico Reforma

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