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Los ataques a mujeres defensoras existen pero no se documentan

Por: Beatriz Olivera



El auge que han tenido los proyectos extractivos en el país ha detonado a su vez en una buena cantidad de conflictos socioambientales, particularmente en comunidades y pueblos rurales, donde existen impactos particulares hacia las mujeres.

Fuente: fondoalquimia.org
Fuente: fondoalquimia.org

Falta mucha investigación cuantitativa que permita dar cuenta de la magnitud de estos impactos. Sin embargo, uno de los retos más avasalladores es la criminalización que a raíz del avance de estos proyectos ha favorecido que se incrementen y diversifiquen las formas de violencia contra las y los defensores del territorio.

La información cuantitativa sobre la criminalización hacia las mujeres en el marco de la defensa de sus territorios es escasa. No existen cifras oficiales, y algunas organizaciones de la sociedad civil y la academia son quienes están aportando los primeros análisis al respecto. Varían las metodologías, los enfoques y los horizontes de tiempo de cada informe escrito durante los últimos años. Más complicado aún resulta analizar la documentación considerando los datos desagregados por sexo. Los ataques existen, pero no se documentan.

Las formas de criminalización hacia las mujeres defensoras de estos derechos en particular, abarcan una amplia gama; la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (2015) identifica tres formas o patrones de criminalización que se activan para neutralizar la actividad de las defensoras:

a) la criminalización como fenómeno jurídico,

b) la criminalización como exposición pública a través de la estigmatización y

c) la criminalización a partir de distintas formas de hostigamiento.

Las investigadoras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Leyva, García y Campuzano, documentan que las agresiones más recurrentes hacia las mujeres defensoras en México durante el año 2017, fueron las físicas que representaron un 18 por ciento, seguidas de la criminalización con un 16 por ciento y del homicidio en un 15 por ciento. Le siguieron el hostigamiento, las amenazas, la difamación, la privación ilegal de la libertad, el allanamiento, el robo y el desalojo forzoso.

Por otro lado, está el valioso registro de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMMDDH), que en su último informe (2017) registró 100 casos de defensoras agredidas en el periodo de 2012 a 2014, por su defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Además, la IMMDDH identificó a los principales perpetradores de las agresiones contra mujeres defensoras, entre los que no sorprende que se señale al Estado, en los tres niveles de gobierno; entre ellos, destaca la policía, quien cometió el mayor número de agresiones.

Es necesario señalar que otros informes de organizaciones que dan cuenta de la criminalización relacionada con conflictos socioambientales, si bien señalan y evidencian casos de mujeres defensoras que han sido criminalizadas, de hecho no ofrecen cifras de la criminalización hacia las mujeres.

Sin duda es responsabilidad del Estado generar esta información así como proteger a las personas defensoras, pero también es una tarea pendiente para las organizaciones y la academia avanzar en la recolección de cifras y casos de criminalización de las mujeres en sus informes, con el fin de visibilizar la violencia ejercida hacia las defensoras.

Pese a la falta de datos sobre la criminalización hacia las mujeres asociada u originada por proyectos extractivos, las diferentes alianzas y organizaciones de mujeres han reconocido esta problemática y la han incorporado como una de sus demandas en sus respectivas agendas.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Beatriz Olivera

Es maestra en ingeniería egresada de la UNAM y profesora de la misma institución, cuenta con varios diplomados sobre género, energía y diseño de política pública. Actualmente forma parte de la Alianza de Mujeres Rurales frente al cambio climático, de la Red de Mujeres en Energía y de la Red por la Transición Energética en México. También es orgullosa estudiante de náhuatl desde hace año y medio de la variante hablada en el centro del país.

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