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Los fallos del TEPJF

Por: Sergio Jesús Martínez Martínez



En el argot jurídico la palabra “fallo” es utilizada para referirse a una resolución final tomada por un juez, tribunal o autoridad judicial; por otro lado, “falló” con tilde, es la conjugación del verbo fallar en tiempo pretérito de la tercera persona, que significa que algo o alguien ha realizado una acción equivocada. Y es que las últimas decisiones que ha tomado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen adscribirse más en esta segunda acepción, ya que, con sus actuaciones han puesto en duda la imparcialidad y credibilidad de las autoridades electorales.

Foto: El Informador.MX
Foto: El Informador.MX

Hay que recordar que, a pesar de las diversas denuncias e impugnaciones en contra de Miguel Ángel Riquelme, candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro[1]”, por rebasar el tope de gasto de campaña, el TEPJF decidió un “fallo” a su favor e ignorar más de 1 millón 800 mil pesos de sus erogaciones (Sentencia SUP-RAP-0728/2017)[2]; con lo que avaló por decisión unánime de los 7 magistrados de la Sala Superior el triunfo de dicha coalición.

Así también, pese a las denuncias por la entrega de “Tarjetas rosa” en las últimas elecciones del Estado de México y de Coahuila, en diciembre pasado el TEPJF dio un “fallo” que ha permitido el reparto masivo de tarjetas con dinero durante el actual proceso electoral, al revocar el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que prohibía la distribución de cualquier tipo de propaganda que implicara la entrega de un beneficio a futuro inmediato (sentencia SUP-RAP-0623/2017 y acumulados)[3].

Por último, aunque el INE había detectado una serie de irregularidades en las firmas entregadas por Jaime Rodríguez “El bronco”, como credenciales apócrifas, simulaciones, fotocopias firmas de personas no incluidas en la lista nominal, el TEPJF dio el “fallo” a favor del candidato norteño, con una votación de 4-3 de los magistrados, determinando que tenía derecho a estar en la boleta electoral en protección de sus derechos político-electorales bajo el argumento “garantista” de que se violó su derecho de audiencia que le permitiera aclarar dichas irregularidades -aunque dicho Instituto le había dado la oportunidad hasta en 12 ocasiones (Sentencia SUP-JDC-0186/2018)[4].

Foto: Proceso
Foto: Proceso

Estas decisiones no hacen más que abonar al clima de desconfianza que se vive actualmente en nuestro país, tanto hacia las instituciones administrativas y judiciales electorales, como a jueces y magistrados, registrando niveles de confianza de apenas 33.3% y 31.7 respectivamente (ENCIG 2017)[5]. Además de reafirmar la creencia acerca de que el TEPJF, como otras instituciones, dejaron a un lado su imparcialidad y han sido tomadas para alimentar un sistema de cuotas y beneficios a repartir entre los partidos políticos.

Qué pasaría si en la noche del 1 de julio los resultados electorales arrojan a un ganador con un margen de diferencia estrecho respecto a los otros contendientes, y uno de estos decide impugnar el resultado ante el TEPJF. Dado los “fallos” tomados en el período transcurrido de su gestión ¿Esta autoridad actuará de manera imparcial y objetiva? ¿Los contendientes aceptarán tal decisión? Pero más importante, ¿la sociedad tendría la suficiente certidumbre para confiar en un fallo del TEPJF?

Ante un escenario que se vislumbra de grandes riesgos y dentro del marco de Observación Electoral, desde Incide Social haremos el esfuerzo de estudiar las principales decisiones de las autoridades electorales (TEPJF, INE, Fepade, OPL´s) en temas como fiscalización, uso indebido de programas sociales, violencia política de género, propaganda electoral, publicidad gubernamental, compra y coacción del voto, entre otros; con el objetivo de analizar y difundir quiénes y cómo se toman las principales decisiones en materia electoral, y así contribuir a la transparencia e imparcialidad del actual proceso a través del Proyecto “¿Quién es quién y qué se decide en la institucionalidad pública electoral?”.

[1] La coalición estuvo integrada por siete partidos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVE), Partido Nueva Alianza (PNA), Partido Social Demócrata Independiente (PSDI), Partido Campesino Popular (PCP), Partido Joven (PJ) y el Partido de la Revolución Coahuilense.

[2] Véase en:http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0728-2017.pdf

[3] Véase en:http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0623-2017.pdf

[4] Dicha decisión fue tomada con 4 votos a favor y 3 en contra por los magistrados de la Sala Superior: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0186-2018.pdf

[5] Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017. Véase en: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JDC-0186-2018.pdf

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