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Los remanentes del presidencialismo mexicano

Por: Sergio Martínez



México ha transitado poco a poco hacia la democracia, ha pasado de un régimen de partido hegemónico que concentraba todo el poder político en la figura del presidente con facultades metacontitucionales -como los llamó Jorge Carpizo[1]-, que le servían para cooptar a sus adversarios y recompensar a sus aliados a un gobierno con contrapesos, división de poderes, instituciones autónomas, sistema múltiple de partidos y elecciones competitivas. Por consiguiente, ahora tenemos a un ejecutivo con menor fuerza, en el sentido de que ya no tiene a su disposición la misma injerencia en los otros poderes y órganos del estado, y de igual manera, tampoco puede tomar ciertas decisiones de manera discrecional. Sin embargo, aún persisten rasgos del viejo presidencialismo como lo son el uso faccioso de las instituciones y la aplicación selectiva de la justicia. Un ejemplo de esto son los casos del ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El ramo 23 denominado “Provisiones Salariales y Económicas” es un conjunto de recursos del PEF compuesto por programas y fondos con objetivos diversos que, como bien lo documenta el último estudio de “México Evalúa[2]”, no cuentan con reglas de operación claras para su funcionamiento, y que año con año muestra un aumento significativo de recursos aprobados[3]. Esto lo hace propenso a ser utilizado con fines políticos por parte del ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para premiar, castigar o cooptar a las administraciones estatales. Así lo demuestra el “Caso Chihuahua”, en el cual el actual gobernador de esta entidad federativa, Javier Corral, acusó al gobierno federal de retenerle recursos provenientes de dicho ramo, como represalia por las acciones que llevo a cabo para combatir una red corrupción y triangulación de recursos orquestada por el anterior gobernador priísta, Cesar Duarte.

Fuente: México Evalúa
Fuente: México Evalúa

Por otra parte, recientemente la PGR sacó a luz pública una investigación que implica al candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, en operaciones de lavado de dinero a través de terceros. Hasta el momento ninguno de estos dos lados ha mostrado pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad o inocencia. Sin embargo, lo que más resalta es la celeridad y la dedicación que la puesto la PGR a este caso en contraste con los casos de Odebrecht, la “Estafa maestra” o el desvío de recursos de Sedesol y Sedatu sobre los cuales ha guardo total silencio[4]. Esto ha originado la sensación sobre el uso de la Procuraduría de la República como un instrumento político y electoral a cargo del presidente para perseguir a sus rivales políticos[5].

Estos dos ejemplos ponen en evidencia el uso de las instituciones con fines políticos y el empleo de la justicia de forma selectiva al viejo estilo del antiguo régimen. Por lo cual es urgente, que desde los otros poderes como el legislativo, la sociedad civil y la sociedad en general, se impulse la emisión de reglas claras y precisas para el funcionamiento del ramo 23, y la transformación de la PGR en una Fiscalía autónoma de procuración de justicia, blindada contra la injerencia del presidente o de cualquier otro interés[6]. No obstante, no se trata de disminuir las facultades del presidente al grado de dejarlo sin la capacidad de gobernar; sino de acabar con el presidencialismo hegemónico y sus facultades metacontitucionales, y darle paso a un Ejecutivo que actué democráticamente con base a la ley y procedimientos institucionalizados en respeto y salvaguarda de la autonomía e independencia de todos los actores políticos y de la pluralidad de la sociedad.

Fuente: Kaosenlared.net
Fuente: Kaosenlared.net

[1] Carpizo, J. (2002). El presidencialismo mexicano. Siglo xxi.

[2] “Arquitectura del ramo 23” (2018). México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, A.C.

[3] En el PEF 2018 este ramo muestra un aumento de 18.7% con respecto a los recursos aprobados en el 2017 (calculo propios con base en el PEF 2017 y 2018).

[4] Por ejemplo, el anterior procurador, Raúl Cervantes, antes de su salida de la dependencia en octubre del año pasado, había asegurado que la investigación sobre Odebrecht estaba casi lista. Pero hasta el momento, el caso se mantiene congelado sin mostrar ningún avance a la luz pública.

[5] En este sentido, el pasado 5 de marzo un grupo de 50 académicos y activistas a través de una carta pidieron al presidente no utilizar a las instituciones, en concreto la PGR, para perseguir a sus rivales políticos (https://www.animalpolitico.com/2018/03/academicos-activistas-pena-pgr-ricardo-anaya/).

[6] Sobre la necesidad de contar con una Fiscalía autónoma, el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva integrado por organizaciones de la sociedad civil, académicos, miembros de sector privado han trabajo desde hace tiempo para impulsar la reforma al art. 102 constitucional para la creación de una institución “autónoma, eficaz e independiente” (https://expansion.mx/nacional/2018/01/31/la-ip-y-organizaciones-piden-a-precandidatos-una-fiscalia-autonoma).

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Acerca de INCIDE Social

Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida por personas con experiencia en el ámbito académico, la investigación y el activismo civil, que decidieron organizarse para promover valores y principios que compartían respecto de la democracia, la justicia, la responsabilidad social del Estado y la participación ciudadana. La organización realiza trabajos de investigación, capacitación y articulación y participa en promociones de incidencia en política pública y visibilización de agendas de la sociedad civil.

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