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México y el Triángulo Norte de Centroamérica: la construcción del interés nacional

Por: Francisco Rodrigo Trejo



Centroamérica constituye una región histórica y geográficamente relevante para México y en la actualidad, debido a la situación de violencia generalizada y a la gran cantidad de centroamericanos que cruzan o permanecen en territorio mexicano, requiere una política integral que sirva al interés nacional de México y también promueva la paz y el desarrollo en la región.

En su obra Alcances y límites de la política exterior de México de 1976, Mario Ojeda menciona:

“la política exterior de México siempre ha sido defensiva […] en el pasado las amenazas extranjeras eran más fáciles de identificar, y al menos la política exterior tenía posibilidades de encauzarse con mayor claridad a servir los intereses nacionales”.[1]

Ojeda se refería a tres tipos de casos: 1) el reconocimiento de la independencia de México; 2) la invasión y/o ocupación por parte de potencias europeas y de Estados Unidos; y 3) la pérdida de territorio nacional. Por ende, se puede afirmar que México solía definir claramente el interés nacional en reacción a las acciones intervencionistas de potencias durante los siglos XIX y XX. No obstante, el Estado mexicano, de manera excepcional, defendió su interés nacional mediante una política activa hacia Centroamérica durante los años ochenta que, pese a sus complicaciones y limitaciones, contribuyó sustancialmente a los Acuerdos Chapultepec de 1992 –firmados entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de El Salvador– y al Acuerdo de Paz de 1996–signado entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG)–.

Más de 20 años después de estos acuerdos de paz, estos dos países más Honduras –que forman el Triángulo Norte de Centroamérica– registran las tasas más altas de homicidios a nivel global en gran parte debido a la inestabilidad política, la vulnerabilidad económica, el resquebrajamiento del tejido social y la política de Estados Unidos. Esto ha incrementado la migración centroamericana hacia EEUU, y con el endurecimiento de la política migratoria en el país norteamericano, también ha incrementado la migración a México. La presente coyuntura, en la cual se combinan la intensificación de la violencia en el Triángulo Norte y la política de mano dura contra la migración del gobierno de Trump, exige una política activa de defensa del interés nacional de México y de promoción de la paz y desarrollo conjunto.

La actual política del gobierno de México hacia el Triángulo Norte de Centroamérica tiene dos vertientes principales: 1) integración económica y cooperación para el desarrollo bajo el esquema del Tratado Único de Libre Comercio México – Centroamérica (o Tratado Único) y el Proyecto Mesoamérica; y 2) seguridad en el marco del Plan Frontera Sur. La integración económica se basa en un modelo de libre comercio al estilo del TLCAN, mientras que la cooperación para el desarrollo se ha centrado en proyectos de infraestructura, integración energética, y cooperación técnica y ambiental. Mónica Toussaint y Marisol Garzón afirman que los proyectos de cooperación promovidos por México favorecen la integración económica y comercial, más que la solución de las causas estructurales de los problemas sociales que dan sustento al fenómeno migratorio y a buscar una salida conjunta a la creciente situación de violencia en la región.[2] Por otro lado, la política de seguridad se ha limitado a la contención de la migración, el reforzamiento del control fronterizo para combatir el trasiego de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales trasnacionales, medidas ampliamente promovidas por el gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, en julio de 2017 México y Estados Unidos organizaron la Conferencia sobre Prosperidad y Paz en Centroamérica, en la cual los Estados organizadores y los del Triángulo Norte concordaron en que la migración, la seguridad y el desarrollo son responsabilidad compartida. No obstante, los acuerdos de esta reunión perpetúan la política de Estados Unidos mediante la criminalización de los migrantes, el combate a la delincuencia organizada mediante operativos policiacos, el fortalecimiento de los controles fronterizos, el intercambio de información de seguridad, entre otras. En suma, México ha promovido la integración económica con Centroamérica basado en el Tratado Único de Libre Comercio, y también ha adoptado la política de seguridad regional enarbolada por Estados Unidos.

Foto: minex.gob.gt
Foto: minex.gob.gt

El actual modelo de integración económica profundiza las desigualdades intrarregionales y nacionales, y esto a su vez daña el tejido social de los países del Triángulo Norte. En materia comercial se percibe un estancamiento en el intercambio comercial, pues de 2011 –año en el cual se realizó la convergencia de los acuerdos comerciales de México con la región para constituir el Tratado Único– al 2017 el comercio de México con el Triángulo Norte pasó de 3,949 a 4,142 millones de dólares (con un superávit para México de casi 2 mil millones de dólares), cifra menor al comercio bilateral de México con el Reino Unido en el 2017. Por otro lado, las inversiones de México en la región han aumentado, notablemente en Guatemala y El Salvador, donde hay presencia de más de un centenar de empresas mexicanas, tales como Grupo Bimbo, Grupo Lala, MASECA y Grupo Jumex, los cuales han instalado plantas de producción en este país. Sin embargo, estas inversiones se sustentan en la mano de obra barata de estos países y su cercanía a México, por lo que no promueven el desarrollo de cadenas de producción ni la innovación. En el rubro de cooperación internacional, el Proyecto Mesoamérica ha impulsado la construcción y mejora de infraestructura, así como la cooperación energética, pero la falta de voluntad política y la insuficiencia de capital (pese a que el Fondo Yucatán ha destinado el 40% de su capital en El Salvador y Honduras) han sido las principales causas del lento progreso en esta materia.

La replicación de la política estadounidense hacia Centroamérica ha sido perjudicial para la seguridad de México y de la región, dado que se ha implementado la guerra contra las drogas y la militarización de la seguridad pública, además de que se ha adoptado una política restrictiva de migración con altos costos sociales. En los primeros años del siglo XXI, los países del Triángulo Norte implementaron políticas antimaras y de mano dura (Plan Libertad en Honduras, Plan Escoba en Guatemala y Plan Súper Mano Dura en El Salvador) que criminalizaron la pertenencia a pandillas y remilitarizaron la seguridad. Como resultado, muchos miembros de pandillas huyeron y llegaron a México, concretamente al estado de Chiapas, y comenzaron a cometer actos delictivos contra los migrantes que transitaban por la zona; este fenómeno contribuyó a la estigmatización de los centroamericanos en México. Además, la guerra contra las drogas que inició el presidente Felipe Calderón en 2007 militarizó la seguridad pública y provocó el surgimiento de diversos grupos delictivos trasnacionales que incidieron en el aumento de la violencia a lo largo y ancho del país, incluida la frontera sur de México. En respuesta a la crisis de migrantes centroamericanos menores no acompañados, el gobierno de México implementó el Plan Frontera Sur en junio de 2014, que consiste en una política de contención del flujo de migrantes hacia Estados Unidos mediante la persecución, detención, registro y deportación de centroamericanos. En los primeros dos años de este programa se incrementaron las detenciones de migrantes en México en un 85%. Además, el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos hacia los migrantes centroamericanos ha provocado que un número creciente de estos busque quedarse en México.

La retórica del presidente Trump, así como los operativos de contención realizados por las autoridades migratorias y policiacas mexicanas en ocasiones asesoradas por autoridades estadounidenses, han generado una situación sistemática de violación a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, quienes además están expuestos a las actividades delictivas de carteles mexicanos y pandillas centroamericanos. Pese a la situación de alto riesgo que padecen los migrantes centroamericanos en territorio mexicano, las solicitudes de asilo en México han aumentado significativamente, pasando de 2,137 en 2014 a 14,596 en 2017, y la gran mayoría de ellos provienen del Triángulo Norte de Centroamérica. Ante este panorama, es necesario que México adopte una política proactiva e independiente con un enfoque integral hacia el Triángulo Norte de Centroamérica.

Foto: animalpolitico.com
Foto: animalpolitico.com

Con base en este esbozo de la política de México hacia el Triángulo Norte de Centroamérica, se puede afirmar que en la actualidad es de interés nacional contribuir a la seguridad y el desarrollo integral de Guatemala, El Salvador y Honduras, así como la adopción de una política migratoria basada en los derechos humanos y con apego a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La política de México hacia la región debería incluir las siguientes medidas: 1) promover la desmilitarización gradual de la seguridad pública en México y Centroamérica con base en la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales, basado en el respeto de los derechos humanos, e impulsar el intercambio de buenas prácticas; 2) buscar armonizar las políticas de control de armas de fuego y presionar para adoptar un mayor control de su venta en Estados Unidos; 3) ampliar el intercambio de inteligencia entre agencias de seguridad para monitorear a las organizaciones del crimen organizado a efecto de combatir, de manera más eficiente, el narcotráfico y otras actividades delictivas; 4) establecer mecanismos de consulta con comunidades y representantes de la sociedad civil en distintas localidades con altos índices de violencia a efecto de instrumentar medidas de seguridad acordes al contexto socio-cultural de cada región; 5) proponer la creación de un consejo consultivo, formado por organizaciones de la sociedad civil y distintas comunidades, para el Proyecto Mesoamérica, cuyas propuestas deberán tomar en cuenta los Estados parte para promover un desarrollo incluyente; 6) impulsar cadenas de producción regionales que vinculen las zonas económicas especiales del sur de México (corredor Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz y Chiapas) con zonas industriales en Centroamérica; 7) crear alianzas con organizaciones de cooperación para el desarrollo y organismos internacionales a efecto de incrementar proyectos de desarrollo social y compensar la reducción presupuestal de USAID; 8) fortalecer los procedimientos de asilo y la capacidad para identificar a los migrantes que pueden necesitar protección; 9) instrumentar medidas transversales para garantizar la inserción social, laboral y económica de los asilados y refugiados centroamericanos en territorio mexicano.

Las decisiones de política exterior deben considerar los intereses, las capacidades internas, la estructura de poder global y la coyuntura internacional. Al tomar esto en cuenta, y con base en el interés nacional, es tiempo de que México adopte una política activa, independiente y constructiva a efecto de contribuir a la paz y el desarrollo integral de Centroamérica.

[1] Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior de México, México, El Colegio de México, 1976.

[2] Mónica Toussaint, El proyecto Mesoamérica: ¿éxito o fracaso? Límites de la cooperación de México hacia Centroamérica, Entre Diversidades, enero a junio 2017, p. 17.

Francisco Rodrigo Trejo Campos labora actualmente en la Dirección General de Relaciones Internacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Previamente trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un apasionado de los idiomas, el té y la cultura árabe. Es maestro en Asuntos Internacionales por el Graduate Institute of International and Development Studies de Ginebra y licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Twitter: @ftrejo

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El Programa de Jóvenes del COMEXI busca constituir una red de jóvenes líderes de México para debatir y analizar las relaciones internacionales del país, facilitando los vínculos profesionales, académicos, culturales, empresariales, de iniciativa social y de opinión, de una nueva generación. Este espacio es a título personal.

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