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No más desaparecidos

Por Mara Gómez


“Lo único que pido es que me digan dónde está mi hija. Que regrese, que me la devuelvan”, dijo llorando a las cámaras Irma Leticia en 2009. “No hay peor dolor que no saber la verdad”.

De 2007 a la fecha, el Gobierno mexicano ha reconocido más de 35 mil desaparecidos. En muchos casos, la versión oficial es que fueron secuestrados por organizaciones criminales. Pero las desapariciones no pueden adjudicarse ni a la delincuencia ni al Estado, sin una investigación criminalística adecuada.

Fuente: tamaulipasenlared.com
Fuente: tamaulipasenlared.com

Vamos a decirlo coloquialmente. La desaparición forzada es como un secuestro en el que las autoridades tienen algo que ver. Ya sea porque lo llevan a cabo, lo permiten o lo encubren. Como sea, las víctimas no desaparecen voluntariamente o por accidente. La desaparición forzada es una técnica de terror y es también un crimen de lesa humanidad.

En realidad, la desaparición forzada es peor aún que un secuestro.

La comunidad internacional ha prestado especial atención a este problema en México. Entre 2011 y 2015 se emitieron al menos seis reportes: el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (febrero, 2011); el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas (diciembre, 2011) y su informe de seguimiento (septiembre, 2015). Los dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA (septiembre, 2015 y abril 2016) y el informe de la Comisión Interamericana sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, el cual contiene un apartado detallado sobre el tema (diciembre, 2015).

Todos estos informes coinciden en que la desaparición forzada es una práctica generalizada en México y que la gran mayoría de los casos presentan impunidad, omisión en la búsqueda, ausencia de verdad y falta de reparación.

El nuevo gobierno ha anunciado un proceso de reconciliación, justicia y paz, con ayuda de la Justicia Transicional. Resulta fundamental que este proceso comience, antes que nada, por atajar la desaparición forzada:

Primero. Porque es uno de los delitos que provocan más horror, dolor e incertidumbre. Las familias de los desaparecidos despiertan cada día con el sufrimiento de la ausencia, sumidos en un dolor que no da tregua y que no se alivia nunca.

Segundo. Descubrir públicamente los patrones de las desapariciones y dar información fidedigna a las familias y la sociedad, es la mejor forma de recuperar la confianza en las autoridades, y comenzar con la reconciliación nacional.

Tercero. Las desapariciones suelen estar relacionadas con otros delitos como tortura, ejecuciones, reclutamiento forzado, feminicidio, tráfico de niños, etc. Si se investigan las desapariciones, en realidad se ponen en claro muchos otros delitos.

Cuarto. Si se modifican los procesos y estructuras que permiten la desaparición forzada, se combate tanto la corrupción como la impunidad. La pacificación sólo se alcanzará si se mejora sustancialmente el sistema de justicia en todo el país.

Quinto. Porque tanto la ONU como la OEA nos han dejado muchas recomendaciones puntuales que ya podemos comenzar a aplicar.

La tarea no es fácil. Pero no puede haber paz ni reconciliación, sin verdad y sin justicia. Lo que ahora se necesita es que el nuevo gobierno, con toda la legitimidad con la que ha llegado, tenga el coraje, el compromiso y la inteligencia necesarios para atajar este problema.

No queremos más desaparecidos en México.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Mara Gómez

Especialista en Justicia y Derechos Humanos. Es doctora en Derecho por la UNAM y egresada de la ELD México. Ha estudiado en Heidelberg, Alemania; Ginebra; Washington DC; Santiago de Chile y Buenos Aires. Es autora de varios libros, entre otros: "Jueces y derechos humanos. Hacia un Sistema Judicial Transnacional" (Porrúa, 2014), así como de más de 20 artículos académicos publicados en México, Perú, Uruguay y Colombia. Ha sido asesora del presidente de la SCJN, coordinadora de Asuntos Internacionales y Agregadurías en la PGR, visitadora Adjunta en la 2ª Visitaduría de la CNDH y subcontralora de Evaluación de la Gestión Parlamentaria en el Senado de la República.

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