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Nuevo León y su nueva ley contra la discriminación

Por: Sergio Caloca



Desde mayo del presente año, Nuevo León cuenta con una ley específica contra la discriminación, con lo cual dejó de ser la única entidad de la República que carecía de un marco regulatorio en la materia. Después de una larga espera, teniendo en cuenta que la incorporación del derecho a la no discriminación en nuestra Constitución Política data de 2001, ha valido la pena, pues la nueva legislación recoge aspectos positivos que han sido desarrollados tanto a nivel federal como en diversos estados del país y es una de las más extensas al estar conformada por 102 Artículos; sin embargo, hay algunas disposiciones de carácter transitorio que podrían afectar su aplicación.

Aprobación de la Ley local contra la discriminación en el H. Congreso del Estado de Nuevo León Foto: http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2016/03/aprueban_reformar_ley_para_prevenir_y_eliminar_la_discriminacion.php
Aprobación de la Ley local contra la discriminación en el H. Congreso del Estado de Nuevo León
Foto: http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2016/03/aprueban_reformar_ley_para_prevenir_y_eliminar_la_discriminacion.php

En principio, cabe señalar que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Nuevo León, al igual que otras legislaciones estatales análogas, prohíbe la discriminación, al tiempo que enuncia en qué consiste este flagelo social, las situaciones que son consideradas discriminatorias y aquellas que no; estipula las obligaciones de todas las autoridades locales en la materia; precisa las medidas positivas y compensatorias de tipo preventivo, y también aquellas en favor de la igualdad de trato y oportunidades; especificando aquellas que habrán de implementar en el ámbito de su competencia los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como diversas dependencias encargadas de los rubros siguientes: administración, gobierno, salud, educación, economía y trabajo, desarrollo social, desarrollo sustentable, y seguridad pública.

Aunado a lo anterior, es de destacar que el nuevo cuerpo normativo transversaliza el principio de la igualdad y no discriminación, al reconocerlo como elemento rector de la función pública estatal, al igual que la observancia de otros referentes al momento de crear políticas públicas antidiscriminatorias. La prescripción de estas bases deberá orientar el accionar cotidiano de las instituciones y de los servidores públicos, además de servir a la sociedad como un parámetro para plantear sus exigencias ante las autoridades y combatir todo tipo de situaciones de discriminación.

Foto: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/29/protesta-comunidad-gay-tras-dichos-de-el-bronco
Foto: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/05/29/protesta-comunidad-gay-tras-dichos-de-el-bronco

Existen otras disposiciones de la Ley que resultan relevantes, siendo la de mayor importancia la creación de un organismo especializado en el combate de la discriminación, denominado Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de carácter descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tales atributos permitirán a esta nueva institución cumplir con sus funciones; en especial, la de investigar quejas por actos discriminatorios que sean imputados a alguna autoridad o servidor público local, o a cualquier particular, ya sea persona física o moral; y, en caso de corroborarse los hechos, la de imponer las medidas administrativas (impartición de cursos o talleres, fijación de carteles, difusión de la resolución) y de reparación previstas (restitución del derecho afectado, compensación por el daño ocasionado, amonestación pública, disculpa pública o privada; y garantía de no repetición).

Este organismo especializado también será responsable de integrar la estadística sobre el fenómeno de la discriminación e impulsar la realización de estudios, verificar la implementación de medidas antidiscriminatorias, y promover políticas públicas. Sobre este último tópico, cabe advertir que el primer apartado de la ley, relativo a las disposiciones generales, se hace referencia al Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado; sin embargo, no hay ningún desarrollo ulterior, lo que será necesario solventar en el reglamento de la norma, cuya elaboración corresponde al Poder Ejecutivo.

Aunado a lo anterior, representa un gran acierto que la legislación establezca que quien encabece al Consejo contra la discriminación, deberá contar con experiencia en derechos humanos y de no mantener vínculos partidistas, además se precisa que durará en el cargo tres años (cuyo nombramiento compete al gobernador del estado), con la posibilidad de continuar por un periodo igual. De igual manera, lo es la creación de un órgano consultivo, cuyos integrantes habrán de opinar y asesorar las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que sean impulsadas por la nueva institución. Los miembros de esta instancia colegiada, entre cinco y diez personas con experiencia en la materia, provenientes de los sectores privado, social y de la comunidad académica, serán nombrados por tres años, y ratificados por el Congreso de la entidad.

La creación de la ley significa un gran avance para Nuevo León, por su contenido, por haber superado los múltiples obstáculos presentados en el trayecto de su configuración y promulgación (como el veto impuesto por el gobernador a inicios de año), y también por lo necesario de su instrumentación, ya que es una de las entidades del país donde la discriminación tiene una presencia considerable, según se puede constatar en la última Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México (ENADIS, 2010).

Fuente: Resultados de la ENADIS, 2010
Fuente: Resultados de la ENADIS, 2010

Ahora, el reto inmediato más importante es la constitución y, la consecuente, entrada en operación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual deberá ser el principal artífice de la articulación de las acciones emprendidas desde el sector público en la materia; pero ello no será posible hasta que este organismo especializado sea reconocido en la Ley Orgánica de la administración pública local, para lo que no hay un plazo definido. Lo anterior no es cosa menor pues la población local carecerá de los medios institucionales para hacer valer su derecho a la no discriminación. Esperemos que no suceda lo de Michoacán, en donde la autoridad se tardó alrededor de un lustro para establecer su órgano local, o en Baja California Sur, que por más de una década se incumplió dicho mandato.

Sergio Caloca, estudió la licenciatura en Ciencia Política en la UNAM. Es miembro de Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia A.C. e INCIDE Social A.C., en donde ha colaborado en diversas áreas y proyectos sobre democracia, derechos humanos y política social.

Twitter: @sergio_caloca

Facebook: Sergio.R.Caloca

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Acerca de Afrodescendencias en México

Colectivo interdisciplinario en ciencias sociales interesado en contribuir, a partir de la investigación y difusión del conocimiento, en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y libre de racismo; en la que se respete, reconozca e incluya la presencia pasada y presente de las poblaciones afrodescendientes en México, así como las expresiones culturales vinculadas a ellas.

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