¿Oralidad penal?

Por: Alejandro Bonifaz



Derivado de la Reforma Constitucional del 18 de Junio de 2008, en la que se configura una nueva etapa para la justicia penal en nuestro país, de donde fueron modificados entre otros Artículos Constitucionales el 16, 20, 21, y/o 22 para alcanzar un “Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

La exposición de motivos de dicha reforma propugnó por el establecimiento de un sistema de justicia apegado a la “certeza jurídica”, que permitiera a todos los involucrados plena convicción de que el trabajo de los juzgadores será probo, ajustado a derecho y libre de cualquier factor ajeno al juicio que denigre su función jurisdiccional. Ello con evidentes razones, que más allá de un Juicio Valorativo o una “Realidad Denigrante Constante tenía la insoslayable necesidad de ajustar al Estado Mexicano a las exigencias globales jurídicas, evidenciado exponencialmente a través de documentales muy sonados como El túnel y Presunto Culpable.

FOTO: elpapalord.com
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En atención a ello, por mandato Constitucional el Artículo 20 de la Norma Suprema dispone que todo proceso penal será Acusatorio y Oral (…) de manera que, sin dichos principios sustanciales, no sería posible hablar de un nuevo sistema. Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Título IV (Actos Procedimentales) Capítulo I artículo 44, de manera muy particular intentó dar luces de la Oralidad con el contenido: Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio (…)” de manera, que en uso de interpretación gramatical, será oral, sea ésta pronunciada verbalmente y aun valiéndose de lectura de documentos.

Hasta este momento la lógica consecuenta al idílico camino reformador referido (tan es así que la lectura de documentos es permitida en la etapa de juicio a través de los ejercicios de evidenciar contradicción y la superación misma de contradicción), empero hoy la realidad sigue distando de la intención del legislador, ello es así cuando en el entorno práctico se evidencia que la actuación de los ministerios públicos y/o ciertos operadores jurídicos, tergiversan la oralidad, sobre todo cuando han de realizar Alegatos <Apertura y Clausura> caracterizados por argumentos leídos de manera cínica.

El mismo Artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su párrafo tercero dicta: “El órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones”. Por lo que en apariencia, deber ser el juzgador quien detenga a los sujetos en cuestión de continuar con dicha lectura.

Desafortunadamente el Juzgador soslaya dicho mandato, máxime cuando los tribunales federales se han pronunciado respecto a ello, refiriendo en tesis aislada con número de registro. 2011662 de rubro: “Alegatos de apertura y de clausura del ministerio público. El hecho de que éste los lea en la etapa de debate de juicio oral, aunque implica una violación al principio de oralidad, es una cuestión que no trasciende al resultado del fallo (nuevo sistema de justicia penal acusatorio en el estado de Chihuahua), que (…)el hecho de que el Ministerio Público lea sus alegatos de apertura y de clausura en la etapa de debate de juicio oral, aunque implica una violación al principio de oralidad, es una cuestión que no trasciende al resultado del fallo, pues de cualquier manera, la representación social puso en conocimiento de su contraparte esos argumentos y la autoridad judicial que presidió la audiencia de debate, escuchó a las partes y dio oportunidad a la defensa y al imputado para que formularan sus respectivos alegatos, a efecto de que pudieran duplicar los expuestos por el Ministerio Público (…)”

Lo anterior es propicio de caer en el absurdo que, si la lectura es intrascendente, el Ministerio Público o el operador jurídico podrá hacer gales de sus habilidades lingüísticas. Así, ésta problemática trasluce la inexorable necesidad de fijar por principio de certeza jurídica ¿qué debe entenderse por Oralidad? y ¿cuáles son las consecuencias de contrariarla? Para evitar caer en posicionamientos equívocos; cierto es que el tratamiento semántico unívoco vertido por el legislador irradia en la oscuridad, pero más cierto es que la interpretación del Tribunal Colegiado en la tesis referida, atenta con teleología misma del sistema.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Alejandro Bonifaz

Licenciado en Derecho por la FLDCH. Aspirante a Master in SportsLaw Becario de la AMC y SCJN. Investigador en Potencia. Amante de los Deportes. Campeón Estatal y Regional en Concursos del Nuevo Sistema de Justicia Penal Coautor del libro “Tópicos selectos de Propiedad Intelectual” Ediciones Nueva Jurídica.

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