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Paz y participación: la construcción de la democracia colombiana

Por: Katia Guzmán   Andrea Parra


El pasado junio en La Habana, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) un acuerdo de cese al fuego. Éste fue el primer paso para terminar el conflicto guerrillero iniciado en la década de 1960. No obstante, no es un final definitivo ni suficiente: el gobierno colombiano necesita hacer un plebiscito para tomar una decisión. El “plebiscito por la paz” consistirá en preguntar a la población si quieren, o no, aceptar el acuerdo negociado con el grupo guerrillero. Esto, virtualmente, finalizaría el conflicto armado.

Se podría pensar que, dado que en México nunca se ha sometido una decisión de esta magnitud a plebiscito o referéndum, la disposición que las y los colombianos tienen para participar en la política es mayor que la de las y los mexicanos. Sin embargo, de acuerdo a información del Latinobarómetro, lo anterior no se cumple. De esta manera, la importancia del plebiscito radica en que el gobierno colombiano está dejando una decisión sumamente importante en las manos de sus ciudadanos: la solución no es impuesta arbitrariamente.

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Además, de acuerdo a lo decidido por la Corte Constitucional Colombiana, el plebiscito decidirá la aprobación o desaprobación de todo el documento: los temas y puntos específicos no están sujetos a votación. Debido a la complejidad del conflicto, académicos y ciudadanos argumentan que el aceptar o desechar, en su totalidad, un acuerdo en el que poco se ha involucrado a los colombianos es riesgoso.

Si bien el esfuerzo colombiano es sobresaliente, el proceso de redacción y firma del acuerdo, así como la estructura del plebiscito, no son del todo ideales. La sociedad civil y la academia pudieron enviar alternativas para la solución del conflicto. Algunas de éstas se incorporaron; algunas otras se desecharon. Es decir, la consideración de estos planteamientos fue un proceso parcial. Por otro lado, el umbral aprobatorio del 13%* basado en el censo electoral del 2015 complica la refrendación del acuerdo: ésta es una medida preventiva para asegurar que la decisión sea legítima; sin embargo, los escenarios en los que el “sí” no es admitido se multiplican.

Otra crítica que se le ha hecho es que el mecanismo sólo tiene efectos políticamente vinculantes, no jurídicos. Es decir, éste sólo legitima al presidente Juan Manuel Santos a presentar las reformas necesarias para que la firma final del Acuerdo sea posible. De esta manera, en realidad, el último documento a firmar podría sufrir modificaciones sustanciales.

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Es importante remarcar que estas críticas no demeritan el trabajo de las autoridades colombianas. Resulta verdaderamente admirable que, aunque no se le considere como una democracia consolidada, se haya trabajado, desde el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que las y los ciudadanos no sólo sean meros espectadores de uno de los momentos que marcarán la historia de Colombia. Es verdad que la tan anhelada paz no surgirá espontáneamente el día de la refrendación. Pero, en caso de que los colombianos aprueben el acuerdo, la paz se cimentará, en gran parte, en la participación directa de su ciudadanía.

*La Corte Constitucional Colombiana decidió reducir el umbral aprobatorio, anteriormente del 25%, para facilitar la refrendación.

Katia Guzmán Martínez: Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Colaboradora en Participando por México. Feminista interesada en derechos sexuales y reproductivos, participación ciudadana y acceso e impartición de justicia.

Andrea Parra: Estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Colaboradora en Participando por México. Interesada en procesos electorales y lo que venga en el futuro.

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Acerca de Participando Por México

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