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Politizar para participar. Pueblos sin ley

Por María Luisa Rubio González


Los vecinos de un parque se percatan de una obra constructiva en el parque, que reduce a la mitad el tamaño de las banquetas, entorpeciendo la movilidad peatonal. Investigando un poco, se enteran que la obra está a cargo de la Delegación. Firman una carta dirigida al jefe delegacional solicitando la suspensión de las obras y la revisión del proyecto, y logran, con mucho esfuerzo, ser recibidos por el Director de Obras. En esa reunión se enteran de que la obra que se realiza en el parque no corresponde al proyecto originalmente contratado. Es decir: el contratista no respetó los términos del contrato.

Fuente: publimetro.com.mx
Fuente: publimetro.com.mx

En este contexto, se realiza una segunda reunión en la que se desarrolla la siguiente escena.

Participantes: Los vecinos, el Director de Obras, el Director General Jurídico y de Gobierno.

Director de Obras: Como ofrecimos, la obra se detuvo una semana, pero el martes se reanuda la construcción.

Vecinos: No estamos de acuerdo. Pedimos modificar el proyecto para que responda a nuestras necesidades.

Director de Obras: Yo no tengo facultades para parar la obra. Solamente mi jefe, tal vez, pudiera dar la orden para detener la construcción.

Vecinos: Pero si el contratista no respetó el contrato, hay un procedimiento establecido para cancelarlo; incluso, para sancionar al contratista.

Director de Obras: (Silencio momentáneo. Desconcierto). Pero yo no tengo facultades…

Vecinos: Tiene el contrato, y tiene la carta que entregamos al Delegado con la evidencia de cómo se lleva a cabo la construcción. Con eso se puede solicitar la cancelación del contrato.

Director de Obras: Yo no tengo facultades. Tampoco tengo la carta.

Vecinos: ¿Cuáles son sus facultades, entonces? ¿Y cuál es la atención institucional que le dieron a la carta que ingresamos?

Director de Obras: Mis facultades son revisar las obras, y las que me indique mi jefe. ¿Qué quiere decir con “atención institucional”?

El principio de legalidad establece que las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto legalmente, por lo que no pueden proceder de manera arbitraria o abusiva. La autoridad únicamente puede ejercer las atribuciones o realizar aquellas actividades que expresamente permita u ordene la ley.

Particularmente, la Ley de Procedimiento Administrativo determina que todo acto administrativo tiene como finalidad el interés general, y que debe estar debidamente fundado y motivado, es decir, debe tener su fundamento en el marco normativo atribuido, y en razones particulares y causas que se hayan tenido en consideración para su emisión. Toda institución pública debe su existencia y operación a un marco normativo específico; los integrantes de esa institución pública, empleados y funcionarios, están obligados a cumplir ese marco normativo.

Además, todo empleado o funcionario público está sujeto a un régimen de responsabilidades administrativas y penales, que establece consecuencias específicas cuando por acción o por omisión en el ejercicio de sus atribuciones se lesiona el interés público.

Cuando los funcionarios públicos, por decisión o por desconocimiento, evaden hacerse cargo del marco normativo que regula su actuación, se trate del ejercicio del recurso público o de actos de autoridad, nos toca a los ciudadanos recordarles que no somos súbditos o peones, y que ellos no son monarcas ni señores feudales. Es el contrapeso que se requiere para promover la existencia de buenos gobiernos, de gobiernos que atiendan el interés general.

María Luisa Rubio González, ViveBJ-CimtraCdMx.

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Acerca de Cimtra

El Colectivo CIMTRA nace en junio del 2002 como una red de organizaciones civiles especializadas en el ámbito municipal y la participación ciudadana. Actualmente existen 15 grupos locales integrados por académicos, empresarios, especialistas, ciudadanos, organizaciones sociales y ciudadanos, uno de ellos en la CDMX. CIMTRA evalúa (mediante una herramienta) los niveles de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana de los gobiernos locales. Desde que comenzó a aplicarse la herramienta CIMTRA-Municipal versión 2015 en enero de 2016, se han evaluado a un total de 106 municipios. Desde la creación del Colectivo CIMTRA en 2002 y a la fecha se han evaluado con CIMTRA-Municipal (o su equivalente) a un total de 237 municipios (algunos municipios evaluados en varias ocasiones) lo que significa una población aproximada de 40.2 millones . Actualmente se están evaluado a las 31 capitales del país.

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