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Que los partidos políticos aporten dinero a la reconstrucción

Por: Carlos López Kramsky


Hace unas semanas publiqué en este espacio un texto intitulado “12 mil millones de razones”, el cual describía lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó como subsidio (financiamiento) a los partidos políticos. En resumidas cuentas, en 2018, los partidos recibirán más de 12 mil millones de pesos para sus campañas a nivel federal y local. También señalé que debemos exigir una reforma constitucional para modificar este derroche. Ante la tragedia que se vive en la Ciudad de México (CDMX), Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Baja California Sur, Morelos, Puebla, Estado de México y Veracruz, derivada de los sismos del 7 y 19 de septiembre y de los huracanes en el último mes, esa exigencia es más vigente que nunca.

En días pasados Andrés Manuel López Obrador, de MORENA, sugirió que los partidos donen el 20% de su ministración a la reconstrucción de Oaxaca y Chiapas; por su parte, Enrique Ochoa Reza, Presidente del PRI, al día siguiente del terremoto en la CDMX, envió un mensaje por Twitter en el que llama al INE y a la Secretaría de Hacienda a buscar un esquema para llevar a cabo tal “donación”. Para ser sincero, no veo a los partidos en el ánimo de reducir su gasto electoral en 2018; esas manifestaciones parecen más un mecanismo populista que pretende buscar votos y simpatías en una sociedad que está harta del derroche electoral.

FUENTE: http://www.mientrastantoenmexico.mx/
FUENTE: http://www.mientrastantoenmexico.mx/

En su perfil de Facebook, Luis Carlos Ugalde, ex Presidente del entonces Instituto Federal Electoral, esbozó dos vías para que esas “donaciones” sean realizables: I) que los partidos no acepten el monto que les corresponde y que el INE lo devuelva a la Tesorería de la Federación como gasto no ejercido, o II) que los partidos lo destinen a actividades de fomento cívico a través de un fideicomiso dedicado a las actividades de reconstrucción. Ambas opciones son legalmente posibles pero dependen de que los partidos tengan la voluntad de deshacerse de cientos de millones en un año electoral en el que se disputan la Presidencia de la República. No creo que debamos tener mucha  esperanza.

Pero, mientras nueve entidades federativas tienen a millones de personas damnificadas por los fenómenos naturales, el enojo en la sociedad sigue creciendo ante el multimillonario presupuesto que los partidos políticos van a gastar en espectaculares, playeras, regalos y dádivas. Algo está muy podrido en este país si dejamos que millones permanezcan sin casa, empleo, escuela, salud ni comida, mientras los políticos derrochan dinero en campañas, prometiendo que cuando ganen la elección atenderán a esos que no tienen nada.

FUENTE: REUTERS/Carlos Jasso
FUENTE: REUTERS/Carlos Jasso

Si los partidos políticos en realidad tienen la voluntad de apoyar -por ésta única ocasión- a los damnificados, ahí están las propuestas de Luis Carlos Ugalde. Si en realidad tienen la convicción de que es incorrecto gastar tanto en cosas superfluas en un país con tanta pobreza, instruyan a sus legisladores a reformar el artículo 41, fracción II, de la Constitución, para eliminar por completo el financiamiento público o para disminuirlo utilizando la fórmula “Kumamoto”, reformando el mismo artículo, en su inciso a), para establecer que la ministración para actividades ordinarias dependerá de la multiplicación del número total de votos válidos en la elección inmediata anterior, y no del número total de personas inscritas en el padrón electoral. Con ello reducirían el subsidio y éste dependería de que la gente vote por alguno de ustedes, dando valor a los votos nulos en términos monetarios.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos López Kramsky

Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho por la Universidad Marista, Campus Ciudad de México; tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); diplomado en Análisis Político por la Universidad Iberoamericana y en Diversidad Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos Originarios de México, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ha sido catedrático en diversas universidades, asesor legislativo y servidor público en el Gobierno Federal.

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