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¿Quién nos protege de la policía capitalina?

Por: Luis Jaime Estrada



La corrupción y la impunidad son dos de los temas que más se asocian a las corporaciones de seguridad pública. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), señalan que el 87 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México considera a la Policía local como corrupta, institución seguida por el Ministerio Público y la Procuraduría de la entidad con 86.8 por ciento. Asimismo, respecto al nivel de confianza, solamente el 37 por ciento confía en la Policía local y un 24.7 por ciento en el Ministerio Público y la Procuraduría. Aunado a esto, el mismo estudio señala que la cifra negra (delito no denunciado) en la Ciudad de México es del 90.2%, es decir, que 9 de cada 10 delitos no se denuncian. Entre las causas de la no denuncia, la ENVIPE establece que el 77% de las ocasiones es por causas atribuibles a la autoridad, entre las que destacan la desconfianza.

Foto: heraldodemexico.com.mx
Foto: heraldodemexico.com.mx

Este ignominioso contexto de desconfianza y falta de legitimidad hacia las instituciones de seguridad y justicia en la Ciudad de México fue el marco que movilizó a miles de capitalinos en redes sociales para exigir la aparición con vida de Marco Antonio Sánchez Flores, adolescente de 17 años y estudiante de la Preparatoria 8, quien el pasado 23 de enero fue arbitraria y brutalmente detenido por policías de la UPC Hormiga (Azcapotzalco) pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

Marco Antonio se encontraba cerca de la estación del Metrobús El Rosario cuando sucedió su detención. Desde entonces y hasta el pasado 28 de enero no se tuvo noticias de su paradero, por lo que la principal sospecha y causa de indignación es que se trató de un caso de desaparición forzada por parte de los policías que lo detuvieron. Ese mismo día, Miguel Ángel Mancera, Edmundo Garrido (PGJ-CDMX) y Hiram Almeida (SSP-CDMX) dieron una conferencia de prensa en la que aseguraron que el joven había sido detenido en Tlalnepantla el sábado 27 de enero porque se le vio deambular por las calles, pero al no existir delito que perseguir, se le dejó en libertad después de las 11 de la noche.

Se estableció así un operativo conjunto entre el Estado de México y la Ciudad de México para encontrar al joven hasta que pudieron localizarlo en el Municipio de Melchor Ocampo y horas más tarde entregarlo a sus padres. Marco Antonio se encontraba extremadamente aturdido, no lograba hilar oraciones coherentes e incluso no recordaba su nombre, vestía con ropa prestada que le quedaba visiblemente grande y lucía diversos golpes en la cara, por lo que tuvo que ser llevado al hospital donde pasó la noche del domingo y la madrugada del lunes.

Los policías que detuvieron a Marco Antonio declararon ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP-CDMX que un ciudadano presuntamente les señaló que el joven le había despojado de un celular, por lo que vino la detención y, supuestamente, la posterior liberación unas calles más adelante por no encontrar al ciudadano denunciante. Sin embargo, testigos entre los que se encontraba un amigo de Marco Antonio, señalan que la detención fue arbitraria y que el joven corrió por temor, pero fue alcanzado y sometido por los policías que en todo momento actuaron fuera de la ley, particularmente tratándose de un menor de edad.

El asunto que a todos nos preocupa es que el indignante caso de Marco Antonio no es la excepción sino la regla en la forma de operar de muchos policías que se han convertido en verdaderas mafias criminales que se aprovechan de la investidura policial para amedrentar, extorsionar, detener arbitrariamente, golpear y desaparecer a ciudadanos.

Con esto queda claro, una vez más, que en la Ciudad de México cualquiera puede ser víctima de la corrupción y la impunidad con la que opera buena parte de la policía capitalina, por lo que no existe absolutamente ninguna garantía que proteja nuestros derechos, nuestra vida y nuestra libertad, sobre todo cuando es el día en que el propio Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, sigue sosteniendo que no se trató de desaparición forzada ni existen indicios de que Marco Antonio Sánchez Flores fuera golpeado o desaparecido por los policías que lo detuvieron, construyendo así una línea de investigación orientada a limpiar su fallido gobierno y a revictimizar al joven estudiante.

Hoy, la exigencia mínima que mantenemos los ciudadanos es que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, pero no solamente castigando a los policías por todos los delitos que cometieron y por la forma en la que atentaron contra la vida de Marco Antonio, sino también contra los altos mandos que durante años han permitido y perpetuado este tipo de acciones por parte de los cuerpos policiales.

La Secretaría de Seguridad Pública debe ser reformada y reorganizada con urgencia, por lo que será un reto infranqueable para la próxima Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México asumir con responsabilidad el cambio en la manera en que la institución actúa, en aras de orientar los esfuerzos en proteger la vida, la integridad y el patrimonio de los habitantes de la ciudad.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Luis Jaime Estrada

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con estudios de investigación doctoral en el área de Sociología del delito en la Universidad de Salamanca, España. Colaboró en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB para la elaboración metodológica y conceptual del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y como asesor en materia de prevención del delito en la Jefatura del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. Actualmente es profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Director de Investigación Social en el Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática S.C. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha escrito distintos artículos académicos en torno a la violencia y la inseguridad. Es autor del libro Violencia, discurso y simbolismo de crueldad.

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