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Recursos públicos: un debate de fondo

Por: Carlos Castillo


 

“… el mal extremo, sin límites, sólo es posible… donde los hombres se limitan a deslizarse sobre la superficie de los acontecimientos…”

-Hannah Arendt

Opacidad es la palabra que resume buena parte del manejo de las finanzas públicas en México.

Espacios oscuros donde el escrutinio público se pierde entre enredos legales, normativos o burocráticos, destinados a entorpecer cualquier intento de esclarecer una cuestión que debiera ser simple: de dónde viene y en qué se ejerce cada centavo del dinero del Estado.

Y esta penumbra funciona por igual para el Gobierno federal, el de los estados o los municipios, los congresos, los partidos y toda instancia que encuentra el modo, la complicidad o la ruta para malversar fondos de las arcas locales o federales.

Lo hemos visto a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, en variaciones que son fruto del mismo y repetido problema, la opacidad.

Licitaciones sin claridad y asignadas a empresas amigas, que garantizan inflar costos para que los réditos terminen en cuentas privadas.

Publicidad oficial destinada a mantener a los medios que garantizan “buen trato al gobierno”, como lo documentó el New York Times y puede constatarse con asomarse a la prensa o las columnas de algunos articulistas.

Foto: calibre800.com.mx
Foto: calibre800.com.mx

Dinero de campañas que rebasan los topes establecidos –en todos los partidos–, y entonces el debate no es quién viola la ley sino más bien quién viola más la ley (el que roba, pero poquito).

 “Moches” que se originan de obtener recursos desde la Cámara de Diputados para que el “gestor” se lleve una parte y el beneficiario le agradezca una calle mal pavimentada, un alumbrado público deficiente o sillas de ruedas que se entregarán en algún asilo (con fotografía incluida del diputado benefactor y los adultos mayores rodeándolo).

Casos como el de Odebrecht, que en Latinoamérica ha llevado a la cárcel a no pocos y en México pasó sin mayores consecuencias, teniendo implicados y responsables con nombre y apellido.

Gobernadores que durante seis años se enriquecen y hacen de la hacienda pública una feria de beneficios personales, para terminar en la cárcel pero habiendo gozado del apoyo de quienes aceptan un soborno durante todo su mandato.

Afectados por los desastres naturales del pasado 19 de septiembre que fueron utilizados como pretexto para renunciar a fondos públicos pero que siguen viviendo en la calle.

Presidentes municipales a los que se retienen recursos por no estar “alineados” con el gobernador en turno, y padecen hoy como hace 50 años el capricho de quien se escuda en un fallido federalismo fiscal para utilizar el dinero público a su antojo…

El caso más sonado y más reciente: la retención de recursos por parte de la Federación que ha padecido el gobierno de Chihuahua –denunciada por el gobernador Javier Corral– como consecuencia de la investigación que podría demostrar la corrupción y culpa del otrora titular del Ejecutivo estatal, César Duarte.

Cada uno de los ejemplos es en el fondo consecuencia de la opacidad, burda y cínica –en el caso de la prensa entregada a aplaudir y respaldar al gobierno que le paga–, disfrazada de legalidad en el caso chihuahuense –como bien lo demuestra Leonardo Núñez González de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un artículo publicado en el portal Animal Político (http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/01/15/poder-hacienda-caso-javier-corral/)–.

La sonoridad y repercusión que podría generar la beligerancia de Corral, no obstante, debe ser una oportunidad para echar luz, exigir transparencia, demandar regulaciones claras y abiertas, así como una revisión a profunda de los vacíos respecto de la asignación fondos públicos en México que, a raíz de lo que ocurre en Chihuahua, aún no ofrece mecanismos que garanticen que lo que se debe hacer por derecho no se impida por una cuestión política.

Foto: suracapulco.mx
Foto: suracapulco.mx

Ya hay varios gobernadores tras las rejas, y tener uno más no garantiza que se solucione de fondo una cuestión que se arrastra desde hace décadas.

Ojalá que más allá de un caso del que Chihuahua es ejemplo, esta sea ocasión para una reflexión de fondo del origen, causa y forma de solucionar un añejo problema, manifiesto en prácticamente todas aquellas instancias que utilizan dinero público: el que la política está por encima de la legalidad.

Esa es no solo la deuda del gobierno federal con el pueblo de Chihuahua. Es, sobre todo, la deuda de la clase política con el pueblo de México.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos Castillo

Es Director editorial y de Cooperación Institucional en la Fundación Rafael Preciado Hernández, así como Director de la revista Bien Común. Ha publicado textos de crítica literaria, de análisis político y asuntos internacionales en las revistas Letras Libres, Nexos, Este País, Etcétera y Diálogo Político, así como en los periódicos El Universal, La Crónica de Hoy y Excélsior. Es autor de los libros Cartas a un joven político y La urgencia humanista: Alternativa para el siglo XXI.

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