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¿Reparar los daños de la corrupción?

Por Carlos Guerrero


En la última década, el fenómeno de la corrupción pública ha llenado de indignación a los ciudadanos en América Latina. Si bien los gobiernos trabajan a diario para proponer medidas que la controlen, pues inclusive han encontrado algunos antídotos efectivos para combatirla, ello no ha sido suficiente para acabar con ella.

Para abordar efectivamente la problemática de la corrupción, el debate no debe agotarse en las causas, sino también en la forma en que deben resarcirse los daños que ese abuso de poder genera. Resulta necesario discutir cuál debe ser el papel de los Estados en la reparación a los damnificados de la corrupción.

Fuente:El Observador Crítico
Fuente:El Observador Crítico

América Latina se ha visto inmersa en un proceso inacabado de reformas para fortalecer sus instituciones, en el que cada día los ciudadanos están más involucrados en señalar la corrupción y en el que las organizaciones civiles e internacionales ganan progresivamente mejores espacios para denunciarla.

El objetivo es revertir los resultados que presenta el diagnóstico actual en la región. Este año Transparencia Internacional pintó sobre los gobiernos latinos un retrato de agonía, descaro y desvergüenza que los ubicó en lugares superiores al número 100 de 180 países evaluados, salvo por Uruguay y Chile que sobresalieron positivamente.

No obstante, mientras que las administraciones públicas siguen buscando respuestas para prevenir los actos de corrupción, se ha olvidado que la corrupción daña a ciudadanos identificables y poblaciones definidas.

¿Quién repara a habitantes de zonas afectadas por un sismo a quienes los recursos del fondo especial para la recuperación nunca llegaron, porque su asignación fue desviada? ¿Quién restituye la salud de los niños enfermos de cáncer a quienes se suministró agua en lugar de medicamento, porque el intercambio enriquecía a algunos?  ¿Quién garantiza el derecho a una vida digna de personas en situación de pobreza extrema, a quienes los baños ecológicos licitados nunca fueron entregados, porque la operación fue simulada?

La corrupción afecta a personas con nombre y apellido, ya individualmente o como parte de una comunidad, causando daños cuantificables que pudieran traducirse en beneficios sociales a un grupo específico de personas. El puente no construido genera costos adicionales para quienes debían usarlo, e impacta negativamente en el mejoramiento social y económico de una población.

Sobre esa base, es necesario contar con mecanismos que reparen integralmente los daños que las personas y poblaciones han resentido en su propiedad, y resarcir la violación a sus derechos fundamentales.

Fuente: Inter-American Development Bank
Fuente: Inter-American Development Bank

Ciertamente los Estados, a través de los procedimientos legales de sanción, pueden determinar la reparación. Sin embargo, ello lo hacen respecto del Estado como ente perjudicado, pero no tiene medios para hacerlo, como acción de gobierno, respecto de los individuos afectados.

Esto significa que la reparación del daño únicamente se materializa en favor del perpetrador y no a favor de los ciudadanos, que son los verdaderos perjudicados. Por ejemplo, una vez decomisada la casa comprada por el gobernador con dinero público, la cantidad que resulte de su venta ingresa de nuevo a las cuentas del Estado, y se inicia nuevamente el ciclo corruptivo.

Sin embargo, no hay un análisis de los daños causados a personas o poblaciones, ni un estudio de las políticas públicas que se vieron truncadas o disminuidas por esos actos de corrupción. Aún y cuando lo hubiera, no existen normas generales que señalen que lo recuperado deba ser destinado a la reparación de los daños de personas.

Consecuentemente, es necesaria una norma que responda cuál es el destino del dinero embargado o confiscado a los corruptos, cómo identificar a las personas afectadas, y cómo garantizar que ese dinero se destine a reparar los daños. Además, vale cuestionar si quien administre y asigne los recursos recuperados a individuos y poblaciones que hubieren sufridos daños, deba ser un fondo autónomo, nacido de un acuerdo de cooperación internacional y con intervención de organizaciones ciudadanas.

En el combate a la corrupción debe afirmarse que, cuando el Estado no es la víctima sino el perpetrador de la corrupción, lo recuperado no puede volver al origen del vicio y en todo caso debe asignarse a la reparación de los daños causados. Los derechos a la reparación integral del daño y a la buena administración pública que tienen los ciudadanos deben poderse hacer efectivos.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Carlos Guerrero

Abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en gobierno y administración pública por la Escuela de Política y Alto Gobierno del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Ha ejercido profesionalmente desde firmas de abogados y desde la organización no gubernamental que cofundó, en temas relacionados con consultoría y litigio estratégico para la mejora del desarrollo gubernamental. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Libre de Derecho.

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