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Río de Janeiro: ¿seguridad pública, cortina de humo o elecciones presidenciales?

Por: Rodrigo Garza



Por primera vez desde su democratización en los años ochenta, la nación más grande de América Latina y la quinta a nivel mundial, dispone fuerzas armadas militares como encargadas de la seguridad pública en alguna de sus ciudades. Con la aprobación del Senado el 22 de febrero de 2018 y luego de pasar por la Cámara de Diputados, el decreto del presidente Michel Temer, del Partido de la Social Democracia Brasileña, constituirá efecto por lo menos hasta finales de este año en la segunda mayor urbe del país, Río de Janeiro.

De acuerdo a un reciente informe del Instituto de Seguridad Pública regional, el estado de Río de Janeiro registró en 2017, 6,731 homicidios; el mayor número de muertes violentas desde 2009, un 7.5 % más que el año anterior. Su capital homónima, la ‘Ciudad Maravillosa’, que alberga las peligrosas favelas y la mayor parte de su población, tendrá que vivir al lado de las fuerzas armadas como garantes de paz.

Foto: infobae.com
Foto: infobae.com

Con objeto de ‘institucionalizar’ la militarización en Río de Janeiro y dotar de competencia ejecutiva en la materia al gobierno federal en las entidades, el presidente Temer decretó el pasado 26 de febrero la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Su propósito es el de “coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en colaboración con las autoridades regionales”, mencionó el portavoz de la Presidencia, Alexandre Parola. Sin embargo, lo anterior únicamente deja al descubierto la ausencia de reglas de operación para su ejecución, así como un frágil marco legal de regulación.

Por otra parte, una revisada a la Constitución brasileña brinda a la oposición otra causa: ‘una cortina de humo’. Su objeto, reclaman, es distraer la atención de la poco apoyada reforma en curso de jubilaciones y pensiones impulsada por el primer mandatario. Según el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, no es posible votar una propuesta de enmienda constitucional en tanto exista este tipo de intervenciones militares.

El gobierno justifica los ajustes fiscales de la reforma debido a la saliente crisis económica, misma que impactó a Brasil sobre todo en los años 2015 y 2016, en donde de acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, su PIB se contrajo cerca de 3,8% y la inflación se ubicó en alrededor de 10.96% (hoy ronda en 2.8%), siendo así los peores resultados desde 1996. Luego de la sensible recuperación del 1% de crecimiento en 2017, las proyecciones del FMI apuntan que el país crecerá un 1.9% durante el 2018.

Aun así, este arreglo de ley es un tema sensible para los brasileños, pues la última y séptima Constitución de 1988, producto del fin de veintiún años en el poder de una dictadura militar, restauró los derechos democráticos y laborales a los trabajadores y creó un sistema único de salud. Adicionalmente, emanó de una lucha en donde los sindicatos jugaron un papel esencial. En 1984, el entonces gobernador de Minas Gerais, Tancredo Neves, junto con el líder del sindicato de trabajadores metalúrgicos, Luiz Inácio Lula da Silva, se opusieron al régimen para permitir de nuevo a un civil ser votado. Un momento crucial en donde los ojos estadounidenses estaban puestos sobre Latinoamérica para evitar movimientos comunistas.

A pesar de que el presidente Temer había declarado que una vez que obtenga los 308 votos necesarios para aprobar la reforma retirará al ejército, queda en duda su fiabilidad debido a las elecciones presidenciales próximas, en donde el principal adversario hasta ahora es el mismo Lula Da Silva. No obstante, luego de ser condenado a doce años de prisión presuntamente por diversos actos de corrupción, será la justicia brasileña quien terminará de decidir en el mes de abril si la candidatura del ex primer mandatario — postulada por el Partido de los Trabajadores—, será viable o no para los comicios de octubre.

Ante ello, Lula da Silva se ha declarado inocente y señala que es solo otra persecución política en su contra por parte de la derecha, al igual que a su colega Dilma Rousseff. En este sentido y con las encuestas a favor del ex líder sindical, el presidente Temer tendrá que optar si apoyar o no, desde sus facultades administrativas e influencia política, su candidatura. Un ahogamiento electoral de Lula da Silva podría sumir a Brasil en una desestabilización social crónica. No obstante, de comprobarse responsabilidades y optar por apoyar su nombre en la boleta, podría significar un fuerte golpe al Estado de Derecho, además de mandar un mensaje a la sociedad de que la política puede más que la justicia.

Es así entonces que el único cause que tiene Río de Janeiro, es un cause que empieza con la militarización de su seguridad pública. Un cause que aclama la oposición, ser una cortina de humo para conseguir eventualmente la polémica reforma de pensiones. Y una reforma que encuentra, con absoluta razón histórica, una resistencia sólida de los derechos de los trabajadores inscritos en su última Carta Magna. Este cause va a desembocar finalmente, junto con todo el entramado de sucesos, en las primeras hojas de la agenda política del presidente Temer y su gobierno para definir el rumbo del país los próximos años.

Rodrigo Garza García, actualmente labora como asesor de la Jefatura de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores, y también fue asesor de la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México. Ha tenido experiencia como columnista sobre temas internacionales, y realizó sus prácticas profesionales en la Embajada de México en Brasil. Licenciado en Relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. Maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Twitter: @roy_garza

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