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Rupturas, obstrucciones e iniciativas recientes entre gobierno y sociedad civil en México

Por: David Ordaz Bulos


Una de las iniciativas más sobresalientes de la sociedad civil organizada en tiempos recientes fue la iniciativa 3 de 3 (http://tresdetres.mx/#/), lanzada en 2016 por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), para hacer frente a la corrupción. Convocando a un gran número de organizaciones con el propósito de recolectar 120,000 firmas ciudadanas y así de acuerdo con la ley, ingresar al Congreso una iniciativa para que todos funcionarios hagan públicas sus declaraciones de intereses, patrimoniales y fiscales.

Foto: sdpnoticias.com
Foto: sdpnoticias.com

A pesar haber reunido 634.143 firmas (tres veces más que la cantidad esperada), la iniciativa se ha topado con barreras internas, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó las impugnaciones hechas por partidos políticos para que los funcionarios tengan la opción de hacer o no, las declaraciones. Por lo tanto, siguen sin existir las herramientas legales efectivas para castigar a los gobernantes corruptos, las instancias de diálogo y consulta no son obligatorias para cada dependencia federal ni sus recomendaciones son vinculantes, por lo cual no hay mecanismos reales de participación ciudadana para que la opinión de las organizaciones sea tomada en cuenta en la toma de decisiones sobre política pública.

A esto podemos añadir dos rupturas recientes entre trabajo en conjunto de OSC con el gobierno federal. La primera es el caso del #GobiernoEspía, donde salió a la luz el espionaje cibernético por parte del gobierno a activistas, periodistas y políticos; entre ellos, el grupo de organizaciones que trabajaba por la transparencia en la Alianza de Gobierno Abierto.

Y por otro lado, está el caso del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, donde el grupo focal de organizaciones que trabajaba en conjunto con la Secretaría de Gobernación denunció el incumplimiento de los estándares internacionales mínimos (que el mismo gobierno ha firmado) y que tienen que ver con la reparación de daños hechos por las empresas a personas y comunidades.

Más allá del endeble marco regulatorio para las OSC, el país vive dentro de una espiral de violencia creciente y guerra que ha dejado miles de muertos y desaparecidos (se calcula que desde el 2007 a la fecha hay más de 30,000 personas desaparecidas), sin embargo no se sabe exactamente la magnitud del problema. Entre la multiplicidad de casos representativos está la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde la “verdad histórica” sustentada por el Estado sobre el asesinato de los estudiantes quedó en duda ante las investigaciones de un grupo de Peritos Argentinos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que también fue espiado cibernéticamente por el gobierno. A este caso, podemos sumar los asesinatos de 110 periodistas hasta el momento, en 17 años, así como los ataques a defensores de derechos humanos en total impunidad, muchos de ellos defensores del medio ambiente.

Ante la impunidad y corrupción sistemática, no en vano resuenan las declaraciones realizadas a lo largo de estos años por el Obispo del estado de Coahuila, Raúl Vera, sobre la naturaleza del régimen político donde “el terror y la violencia en México son una estrategia de control a la población”. Y vienen al caso el señalamiento al vínculo entre empresas mineras y crimen organizado donde, siguiendo a Achille Mbembe (2011), emergen economías de milicias, que se encargan de limpiar y despoblar los territorios donde las compañías obtendrán recursos naturales, disuadiendo a los grupos campesinos e indígenas en resistencia, generando nuevas forma de colonización y migración forzada.

Al respecto, el Colectivo Geocomunes, que trabaja construyendo mapas y análisis de territorios de la mano de comunidades y grupos por la lucha y defensa de bienes comunes, generó el Mapa interactivo de concesiones mineras en México para facilitar la información a los grupos y comunidades afectados y a la población en general.

Iniciativas de este tipo aparecen como islas de coherencia en defensa a los derechos humanos en el contexto de un marco institucional atravesado por alta corrupción y que tiene como trasfondo una guerra contra el narcotráfico sumamente cuestionada y estrechamente relacionada con los objetivos geoestratégicos de los Estados Unidos, tanto por el control y abastecimiento del mercado de drogas al interior de ese país, como por el negocio que representa la venta de armas hacia la frontera norte del país. Según datos de Sergio González (2009), existen 12,000 puntos de entrada en la frontera.

¿Hasta dónde llegan las agendas ciudadanas?

Entre la heterogeneidad que caracteriza a las OSC mexicanas, uno de los principales desafíos es la apertura y mantenimiento de espacios de acción efectivos dentro de las estructuras institucionales, capaces de marcar lógicas distintas a la simulación institucional plagada de clientelismos, compadrazgos y privilegios, fomentando acciones que representen contrapesos políticos y permitan irradiar valores democráticos a la población en general.

También, es indispensable para la sociedad civil organizada romper con el centralismo institucional herencia del presidencialismo del siglo pasado y construir puentes entre las diferentes regiones del país, conectando con más actores y sectores de la población. Las redes sociales y las tecnologías de la información son una oportunidad para construir tales puentes siempre y cuando conecten con las problemáticas de raíz, conectando con procesos de base y solidaridad a largo plazo y superan la saturación informativa que trae consigo avalanchas de opiniones de “soluciones inmediatas”.

¿Hasta dónde pueden llegar las agendas ciudadanas? En el horizonte cercano existen iniciativas de acción para generar agendas de incidencia como la Cumbre Ciudadana por un México Pacífico y Justo que reúne a más de 300 organizaciones y actualmente trabaja para presentar en el 2018 propuestas a los candidatos a la presidencia de la república.

La Cumbre Ciudadana ha tenido como antecedente integrar propuestas al Plan de Desarrollo de la Administración de Enrique Peña Nieto, sin embargo, uno de sus principales desafíos del proceso a sido dar seguimiento más allá de la coyuntura. En ese mismo sentido, candidaturas independientes como la de Pedro Kumamoto, en el Estado de Jalisco que obtuvo más votos que cualquier partido político, ofrecen posibilidades de llevar agendas ciudadanas a niveles más profundos de incidencia.

En la carrera por la democracia en México el ánimo social es distinto al de hace treinta años reflejando ahora un ambiente de cansancio y desgaste democrático. Además la sociedad civil se enfrenta a un contexto institucional obstruido donde es fundamental mirar más allá de la coyuntura inmediata y replantear el futuro hacia nuevas formas de pensar y hacer política de Estado.

David Ordaz Bulos es Maestro en Sociología por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, psicólogo social por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Actualmente es Coordinador del programa de Redes de Organizaciones de la Sociedad Civil del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que tiene como objetivo generar aprendizajes colectivos entre organizaciones orientados hacia la incidencia en política pública.

Mexican Times es un medio plural en el que convergen distintos tipos de ideologías, en ese sentido, las opiniones vertidas en la sección #Opinología son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente reflejan el punto de vista del medio.

Acerca de Instituto Mora

El Instituto Mora, es un Centro de Investigación Conacyt reconocido en el mundo académico nacional e internacional por la excelencia en la investigación en historia y ciencias sociales y por la calidad de las maestrías que imparte. Asimismo, por la riqueza de su biblioteca y por la diversidad e intereses de sus publicaciones.

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